■ Omisión al presentar declaración patrimonial 2017, entre las anomalías más comunes
■ Un sinnúmero de investigaciones provienen de quejas ciudadanas recibidas a través de los buzones que se tienen instalados en municipios y espacios como los servicios de salud
El 30 por ciento de los procedimientos que se tenían o que se han iniciado en esta administración en la Secretaría de la Función Pública (SFP) han concluido con una sanción en contra de algún ex funcionario o servidor público en funciones actualmente.
La titular de esta dependencia, Paula Rey Ortiz Medina, informó que de los 300 procedimientos que han llevado han sido 80 en los que se ha sancionado a la persona involucrada en la investigación.
Expuso que las razones principales por las que algunos casos no tienen esta conclusión sancionatoria son el sobreseimiento de los mismos debido, primero, a que se refieren a situaciones del año 2012 o anteriores y, segundo, porque no se encuentran las pruebas suficientes para poder sancionar.
Otros procesos, dijo, no pueden ser concluidos en la secretaría porque tienen relación con los ayuntamientos y son turnados a los propios municipios o a la Legislatura cuando se habla concretamente de un alcalde.
La causa más común por la que se emiten sanciones ha sido la omisión a la hora de presentar la declaración patrimonial del año 2017. No obstante, agregó que en la actual administración los motivos han sido variados y muchas de estas investigaciones provienen de quejas ciudadanas recibidas a través de los buzones que se tienen instalados en municipios y espacios concurridos como los servicios de salud.
En este último ámbito, recordó un caso que concluyó con la inhabilitación de un médico en una jurisdicción en contra de quien empezaron a recibir quejas por parte de afectadas por una atención inadecuada.
Se llegó a esta sanción, precisó, “porque se pudo demostrar que no actuaba correctamente en la atención a las usuarias”, ya que se obtuvieron las denuncias de varias quejosas y afortunadamente logramos que varias de ellas presentaran una denuncia”.
La funcionaria comentó que los municipios y los servicios de salud son sólo algunas de las áreas en las que se interponen quejas o denuncias, pero también son comunes las que tienen que ver con obra pública y finanzas.
Entre las sanciones refirió que están las inhabilitaciones, las suspensiones y los apercibimientos. Respecto a estos últimos, por ejemplo, expuso que, cuando un servidor público logra subsanar la observación que se le hace, de todas formas se impone un apercibimiento “para que en lo subsecuente no vuelva a incurrir en una situación similar”.
