Pide la renuncia de funcionarios y funcionarias que no cumplan “con nuestro derecho a la igualdad”
Reitera su demanda de que se emita la declaratoria para el estado de Zacatecas de la Alerta de violencia de género por feminicidio
La Red Plural de Mujeres de Zacatecas emitió ayer un pronunciamiento exigiendo a las autoridades de los tres niveles y tres órdenes de gobierno cumplir con “la cultura para la igualdad” entre los géneros enumerando el reclamo para el cumplimiento de una serie de derechos humanos y civiles, e increpó a la sociedad por su apatía e indiferencia “ante lo que les pasa a las otras y los otros”.
En un primer punto, y recuperando la disposición del gobernador Alejandro Tello Cristerna a poner sobre la mesa su renuncia ante el reclamo social de su incumplimiento en materia de seguridad y procuración de justicia, exigieron de manera extensiva que lo hagan “todas aquellas funcionarias y funcionarios que no cumplan con nuestro derecho a la igualdad, a la no discriminación y a vivir libres de violencia”, pero también hicieron la observación que de la organización no busca soluciones fáciles, para exponer que lo que se requiere “es que las instituciones funcionen y resuelvan los problemas”.
El mensaje fue detonado por la reciente muerte violenta de la niña de 9 años Juana Romo Navarro, cuyo caso dijeron, se suma a las “más de 300 mujeres cuyos expedientes se acumulan en la Fiscalía”.
La Red reiteró su exigencia de que se emita la declaratoria para el estado de Zacatecas de la Alerta de violencia de género por feminicidio que, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Conavim, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, misma que se encuentra pendiente de resolución desde el pasado mes de enero, recordaron.
Ante el que llamaron el “titubeo” de la dependencia federal, pidieron al gobernador que “asuma su obligación y solicite la declaración de la alerta de género por violencia feminicida” a la que también pide, “no le tema”, y sí a la creciente muerte violenta de mujeres en la entidad y “resuélvala”.
Sobre el tema que ha resultado polémico en el país luego que la emisión de estos mecanismos no ha desalentado los feminicidios donde ya se ha implementado, solicitaron a la par una revisión, pues justo se remite al cumplimiento de ciertos criterios y no a ofrecer resultados expuso María Luisa Sosa de la Torre, cabeza de la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges.
Pidieron asimismo a las autoridades la revisión de los mecanismos para la búsqueda y localización de personas Alerta Amber y Protocolo Alba, sobre los que hay la presunción de que hubo tardanza en su implementación en el caso de San Juana, pero también, el que se generen otros específicos que atiendan a las características y condiciones geográficas locales.
Se manifestaron por la generación de un “ambicioso programa de prevención de la violencia” que tenga como población objetivo a la juventud y la niñez de Zacatecas, respaldado en recursos no sólo reorientados de las herramientas legislativas, sino también con los sueldos, compensaciones de las y los funcionarios de gobierno, a los que calificaron de ostentosos.
Su respuesta a quién y cómo se evaluará a aquellos funcionarios y funcionarias que no cumplen con el derecho a la igualdad, la no discriminación y la vida libre de violencia de las mujeres y niñas en Zacatecas, fue que existen parámetros ya previstos en la legislación internacional que ha firmado el Estado mexicano y la del país, entre otros ordenamientos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la que deriva la correspondiente local, y mediante la que “el mismo gobierno debe hacer sus propias mediciones”.
Anunciaron que por la tarde, en la concentración convocada ayer a las 17 horas contra la violencia feminicida infantil en la Plaza de Armas, para exigir justicia en el caso de la menor de edad San Juana Romo, propondrían una serie de foros ciudadanos para que la población expresara lo que a su consideración está fallando en la entidad en materia de seguridad pero también exponga sus propuestas de solución.
Hablaron asimismo del tema presupuestal cuyo diseño para el próximo ejercicio fiscal, que debe tener características de flexibilidad ya que el estado depende de la Federación en este rubro en un 94 por ciento, mientras que el seis restante debe atender a problemáticas específicas como las expuestas.
La diputada local, María Elena Ortega, agregó sobre los medios de evaluación del apego o no a una cultura para la igualdad, de la que expusieron derivan entre otros aspectos, la violencia feminicida, la implementación “de auditorías de tercera parte” en las que pueden intervenir organismos internacionales que tienen ya establecidas “baterías de indicadores”, así como auditorias ciudadanas.
Dijo que solicitarán informes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas sobre la situación actual en la materia, y advirtió que “no somos zacatecanas y zacatecanos que nos vamos a quedar cruzados de brazos”, para agregar que presentarán al próximo Gobierno Federal “una agenda muy puntual” respecto de sus exigencias.
Contra el argumento vertido por el gobernador Alejandro Tello de que en materia de seguridad hace falta que la sociedad denuncie, reviró que la población lo hace pero tiene miedo de la colusión de las autoridades con la delincuencia y objetó que también éstas tienen conocimiento como la propia sociedad de la información sobre la delincuencia, “no sé qué está esperando el gobernador, y si no puede que renuncie”.
Por su parte, Ricardo Bermeo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y cabeza en la entidad de la organización Zacatecanos por la Paz, se manifestó porque se realice en el estado uno de los foros para la pacificación que se propone llevar a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente María Luisa Sosa de la Torre externó para el caso de San Juana, la misma exigencia que el colectivo ha expuesto para los casos de otras víctimas de feminicidio, justicia y reparación del daño para la familia, a la que agregó la disposición de la Red para ofrecer acompañamiento.
La organización abrió su manifestación pública señalando que instituciones como el Estado, la familia, las escuelas y los partidos políticos, “ya no funcionan”, luego que el mundo se ha transformado pero no así estos modelos de organización social, y en este momento en que se han transgredido los derechos humanos, “no nos queda un solo refugio seguro; pues las niñas, los niños y las mujeres” son agredidos en todas las formas y modalidades, transformando sus ámbitos de desarrollo en un terreno hostil, hecho que trasladaron al contexto de la sociedad zacatecana por el feminicidio de la niña San Juana Romo.
