He tenido la oportunidad de vivir de cerca varias transiciones políticas y he participado de entregas-recepciones en la administración pública estatal y municipal. Fui testigo de cómo se ejerce el saqueo de las arcas gubernamentales y del despilfarro a discresión que se hace cuando el partido político saliente es distinto al entrante; pareciera ser que la encomienda es no dejar nada para que la nueva administración, no tenga de donde agarrarse para emprender su gobierno. Incluso, hay ventas de último momento ya sea de vehículos, equipo y otros materiales que son casi regalados, aumento de salarios y basificaciones, entre otros actos fraudulentos. Una vez que se han ganado las elecciones y cuando las aguas de la euforia se asientan, el panorama inmediato se antoja adverso, máxime que cómo ahora ha pasado, MORENA ha desbancado a los gobiernos priistas, perredistas y panistas; la revancha a corto plazo es pues, dejar una administración endeudada o comprometida con contratos amañados, obras públicas innecesarias y acreedores con cuentas millonarias sobre servicios y ventas que en muchos casos, no pueden comprobarse. Así, en el ámbito federal, López Obrador enfrentará la liquidación de muchos servidores públicos con salarios infladoso la asignación de obras como las comprometidas a partir del 1º de Julio del año en curso en las que la SCT comandada por el despreciable Ruiz Esparza, otorgó para el mantenimiento de los tramos carreteros de Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí y la Península de Michoacán,contratos con un valor de 24 mil 37 millones de pesos y que de acuerdo con Mathieu Tourliere, compromete al gobierno federal por 10 años. Dentro de este concierto de corrupción, Peña Nieto endeudó a México con otros 10.000 millones de dólares que Estados Unidos le prestó, a 4 mesesantes de que termine su gestión. En este sentido, la corrupción baja en cascada pasando por el estado de Zacatecas como en la etapa de Miguel Alonso Reyes en la que colgó a Amalia García Medina la debacle de la Administración Pública Estatal, argumento que le valió para endeudar a Zacatecas con varios millones pues el déficit pasó de 600 a 12 mil millones de pesos, representando un incremento de más de 200% y cuyo premio fue, un cargo en la Federación. En los municipios las cosas no son distintas, hay muchos laudos pendientes, deuda, contratos, obras y servicios fraudulentos que son ensartados como milagritos al Santo, de tal manera que las comisiones de entrega-recepción deberán estar muy atentos para frenar y enfrentar la corrupción que se pretende heredar a los gobiernos municipales entrantes, por cierto, el 16 de Junio del año que cursa, se publicó la nueva Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas en cuyo artículo 87 se establece la presunción de administración fraudulenta cometida por los servidores públicos que entregan, mismos que serán acreedores a las penas establecidas por el Código Penal, en los casos de que dentro del proceso entrega-recepción se determine por parte del Órgano Interno de Control que no realizaron la entrega total de bienes y recursos financieros a su cargo a los servidores públicos que reciben. En este sentido, el artículo 343 del Código Penal dispone que comete el delito de administración fraudulenta el que teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, con engaños o aprovechamientos de error del ofendido, perjudique a su titular o a un tercero con legítimo interés, o altere en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o prestaciones o exagerando las que hubiere hecho, ocultando o reteniendo bienes, o empleare abusivamente los bienes o la firma que se le hubiere confiado, ante tales conductas, las sanciones que se aplican son las mismas que castigan el fraude (Artículo 339, Código Penal):I.Cuando el valor de lo defraudado no exceda de cien cuotas se impondrá al responsable de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas;II.Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas;III.Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de tres a seis años y multa doscientas a trescientas cuotas; yIV.Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de cuatro a doce años y multa de trescientas a trescientas cincuenta cuotas.Si no se pudiere determinar el monto o el valor de lo defraudado, se impondrán de uno a seis años de prisión, y multa de doscientas a trescientas cuotas.Cuando el sujeto activo del delito restituya en forma espontánea el monto de lo defraudado antes de que se resuelva su situación jurídica, no se procederá en su contra, siempre y cuando no se trate de reincidente. Así las cosas, los que reciben deben estar muy atentos a las múltiples conductas antijurídicas que prevalecen en perjuicio de la sociedad y de las administraciones que iniciarán el 15 de septiembre. Mucho éxito.
*Integrante del Consejo Mundial para la
Defensa de los Derechos Humanos
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