Pareciera que en México seguimos en el limbo en temas de desapariciones y no queremos asumirlo

Pareciera que en México seguimos en el limbo en temas de desapariciones y no queremos asumirlo
La activista y defensora de derechos humanos, Cristela Trejo Ortiz foto: facebook

Importante, ver quién atendió reporte sobre desaparición de la niña San Juana

“Seguimos con una burocracia tremenda”, pese a mecanismos para la búsqueda y localización de personas como la Alerta Amber y Protocolo Alba: Cristela Trejo

 

A pesar de las cifras de ocurrencia que se cuentan por miles en el país, ahora cada vez mayores en el caso de niñas y adolescentes a una menor edad, “pareciera que en México seguimos en el limbo en temas de desapariciones y no queremos asumirlo”, dijo la activista y defensora de derechos humanos, Cristela Trejo Ortiz.

La desaparición de personas es la antesala de la comisión de delitos graves como trata de personas, la violación sexual, la explotación sexual y laboral, y el tráfico de órganos; que son antecedentes a su vez, de homicidios y feminicidios, expuso, y no es “natural”, sino “un indicador de una sociedad sumamente inmersa en la violencia”.

Consultada por el caso de la desaparición y posterior feminicidio de la niña de 9 años, San Juana, observó, “estamos hablando de crímenes gravísimos y el Estado mexicano y su sociedad no estamos haciendo nada, digo también la sociedad porque seguimos justificando”.

También expuso que a pesar de que se han generado mecanismos para la búsqueda y localización de personas como la Alerta Amber (menores de edad) y el Protocolo Alba (niñas y mujeres), “seguimos con una burocracia tremenda”, pues las primeras 24 horas son las más importantes luego de que se detecta la desaparición o extravío de una persona.

La entrevista con Trejo Ortiz se realizó la noche del lunes cuando ya había sido reportada la aparición de un cuerpo con características similares al de San Juana, pero sin confirmase la identidad de la menor de edad.

“Entonces estamos atestiguando la ineficacia en la aplicación de mecanismos útiles ya establecidos, que tienen un presupuesto y podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte de un niño, una niña o una mujer desaparecida (…) si esta pequeñita desapareció el viernes, eso quiere decir que en las primeras 24 horas poco se hizo o casi nada, porque nos están diciendo que su cuerpo se localizó por una denuncia ciudadana, no fue por parte de una investigación”.

Refirió que regularmente, como ocurrió en este caso, ante una desaparición de un menor de edad en la familia, los padres o parientes empiezan la búsqueda por su cuenta creyendo que se encuentra con un amigo, amiga, vecino o familiar, una actividad que les lleva a veces horas.

“Porque tienen la esperanza fehaciente de que su hijo va a estar por ahí, cuando ya llegan con la autoridad es porque ya agotaron los recursos de sus redes”.

Sucede también que al momento de hacerse la denuncia formal ante autoridades, éstas piden a los familiares que esperen “las famosas 24 o 48 horas” que, precisó, nunca han existido dentro de un ordenamiento legal, sino que se han normalizado e incluso institucionalizado como una “mala práctica de la procuración de justicia”.

Puntualizó que aunque una niña o un niño en situación de desaparición pudieran estar con algún conocido sea familiar o amigo, la autoridad tiene la obligación de activar estos mecanismos de búsqueda y localización y hay que exigirles que los inicien.

En el caso concreto, las propias autoridades han mencionado que la denuncia formal de la desaparición de San Juana se hizo a las 19 horas del viernes, iniciándose el Protocolo Alba, su búsqueda inmediata, a esta hora. No obstante, en las redes sociales tanto de Seguridad Pública como de la Fiscalía General de Justicia el hecho empezó su difusión más de 12 horas después de ser vista por última vez por sus padres. Y la Alerta Amber se implementó hasta las 11:30 del día de su desaparición.

La periodista Lucía Medina de Colmena Informativa hizo un seguimiento de la cronología e hizo mención de la omisión de las autoridades en enviar un boletín a los medios de comunicación en las primeras horas.

“Los recursos ahí están” y la vulnerabilidad de las probables víctimas “no te permite decir a ojo de buen cubero qué es o qué no es”, por lo que no hay motivo alguno a esgrimir para no iniciar la búsqueda inmediata de un menor de edad, observó por su parte Cristela Trejo.

Recordó que el Protocolo Alba que apenas tuvo la implementación de su consejo técnico en Zacatecas el pasado mes de mayo de este 2018, surgió en 2011 luego de la exigencia de las familias de las mujeres y niñas desaparecidas y víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, justo ante la negligencia de su búsqueda por parte de las autoridades.

“Porque aquí las familias son las que están dando la gran lección de mejorar la práctica de las autoridades”.

Dijo entonces que la desaparición de la niña San Juana pudo haber sido una buena oportunidad para que se activara este mecanismo donde intervienen las autoridades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y que tiene como característica la activación inmediata de la búsqueda tras la denuncia del extravío o desaparición de una niña o mujer, en atención a su vulnerabilidad en convertirse en víctimas de tortura y sadismo sexual.

“Sabemos que también los niños y los adultos pueden ser víctimas de violencia sexual, pero jamás con ese sadismo y esa tortura de la que son objeto las niñas y las mujeres”.

El caso de la niña de 9 años desaparecida en la colonia Gavilanes de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe el pasado viernes, quien salió de su casa rumbo a la tienda alrededor de las 15 horas (3 de la tarde) para no volver a casa más, reiteró el dicho de Cristela Trejo. Ayer por la mañana la Fiscalía General de Justicia corroboró que la menor de edad había sido víctima de tortura sexual y asfixia por estrangulamiento.

“Esto sucede en las primeras horas de desaparición por eso es tan importante, es tan esencial que se empiecen a activar” los mecanismos citados.

Expuso que una parte positiva que tiene el Protocolo Alba es que hace responsables en su cadena de acciones “con nombre y apellido” a los funcionarios que intervienen.

“Entonces sería muy importante ver quién atendió ese reporte y cómo se implementó el mecanismo en este caso. Eso lo tendremos que vigilar y es una exigencia que tendemos qué hacer como sociedad civil porque eso es una de las ventajas, ver dónde falló y que se sancione a esa autoridad que no hizo bien su chamba”.

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