Una política para el desarrollo local: prioridad para los zacatecanos

Como consecuencia de la crisis de los precios del petróleo de la década de los años setenta, el capital financiero impuso una tendencia hacia la globalización de las relaciones económicas internacionales. La reconversión tecnológica, la orientación al exterior, la fragmentación de los procesos productivos y su relocalización en diversas latitudes por medio de la acción de empresas multinacionales y la búsqueda de localizaciones competitivas, vía la minimización de costos y el aumento de la eficiencia y la productividad, son facetas de la globalización neoliberal. México, después de la incipiente apertura de su economía a finales de los años setenta, conforme se profundizaba al auge petrolero, aceleró la apertura de su economía en 1985-1986, con su adhesión al Gatt primero, y mediante una apertura unilateral en los siguientes años, para culminar con la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Canadá y los Estados Unidos a principios de 1994.
En la realidad, el nuevo paradigma generó mayor desigualdad en el interior de los países, entre regiones y territorios con niveles de bienestar y desarrollo muy disímiles, que se ha convertido en una preocupación cada vez mayor en el ámbito mundial. Con el impulso del evangelio neoliberal en México, los gobernantes abandonaron las políticas sectoriales. Nadie en México olvida la famosa frase, por su simpleza y por sus consecuencias, sobre que la mejor política industrial es la que no existe. El mismo criterio se impuso a las políticas de desarrollo local pues todo se dejó en manos del libre juego de las fuerzas del mercado.
Sin embargo, como bien lo señala la CEPAL, la heterogeneidad territorial de nuestro país reclama estrategias selectivas y diferenciadas. El desarrollo local, entendido como un proceso desde abajo hacia arriba, pone en movimiento el potencial endógeno para construir territorios con una mayor creación y movilización de las capacidades propias. Las sinergias entre los agentes públicos y privados, entre los distintos niveles de gobierno, y entre los sectores productivos locales y los mercados más amplios son un componente esencial para activar el desarrollo territorial.
Estos esfuerzos deben complementarse con las políticas de descentralización y asignación territorial de recursos, tratando de potenciar el desarrollo de las regiones más rezagadas y atender sus necesidades más apremiantes. Así, la dialéctica entre la movilización desde las propias regiones y las políticas nacionales de cohesión territorial deben crear círculos virtuosos entre el capital social y la política pública, fortaleciendo las capacidades de desarrollo específicas que los territorios demandan. Esta debiera ser la gran tarea del nuevo Gobierno Federal que asumirá el 1 de diciembre, y convencerlo de ello es el mayor reto de los habitantes de los territorios más rezagados, como Zacatecas.
Los estudiosos del tema del desarrollo local saben que para avanzar hacia la convergencia productiva se deben promover encadenamientos que permitan conectar los sectores menos productivos con los más productivos, dando lugar a una mayor incorporación del progreso técnico, acceso a mercados y crédito, y desarrollo de capacidades. Además, es muy conocido el hecho de que las necesidades básicas insatisfechas tienen un fuerte sesgo territorial en México. Para enfrentarlas, se requiere un enfoque integrado, a fin de lograr sinergias entre los sistemas productivos, el acceso a los mercados y políticas de apoyo directo para atender las necesidades más urgentes. Para avanzar en políticas de cohesión territorial hay que reconocer la coexistencia de instituciones y políticas que hasta ahora no se han integrado entre sí, lo que con frecuencia ha redundado en fallas de coordinación y en el desperdicio de recursos del Gobierno Federal y los activos locales y territoriales, que suelen ser escasos. En este marco, México debe construir una arquitectura propia que le permita afrontar con mayor eficacia los desafíos de coordinación entre sectores y entre niveles territoriales de gobierno.
El nuevo Gobierno Federal debe asumir que la gran heterogeneidad en la distribución territorial de la riqueza y la actividad económica da lugar a significativas diferencias en la recaudación de los ingresos tributarios de las distintas entidades federativas. Las bases fiscales potenciales varían mucho entre los territorios y originan un desequilibrio horizontal. En general, las mayores recaudaciones se concentran en aquellas entidades que cuentan con las actividades económicas más dinámicas y los residentes de mayores ingresos. Por ello es que poner a competir a las entidades para atraer inversionistas privados sólo profundizará la desigualdad.
En México resultan alarmantes las profundas brechas territoriales que existen en las capacidades productivas, los niveles de ingreso y la intensidad de las carencias básicas. Además, ello constituye tanto una causa como una lamentable consecuencia de la profunda desigualdad que cruza el país de las más diversas maneras. Por consiguiente, revertir la desigualdad territorial implica también remontar la desigualdad general.