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Inseguridad pega a derechos humanos de mujeres y niñas

Inseguridad pega a derechos humanos de mujeres y niñas
Con cruces rosas, y algunas pancartas madres de jóvenes desaparecidas o asesinadas protestaron ayer en las escalinatas del Ángel de la Independencia y exigieron justicia tanto por sus casos sin resolver, como por la ola de violencia presenciada en días pasado en el estado de México. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. El comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso al Estado mexicano que la persistencia de altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada, así como los desafíos asociados con estrategias de seguridad, “está afectando negativamente el disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

En las conclusiones que dio a conocer, tras la sustentación del noveno informe que hizo México a principios de julio, si bien reconoce las medidas legislativas e institucionales adoptadas para combatir los altos niveles de violencia de género, “sigue profundamente preocupado por los patrones persistentes de violencia de género generalizada” contra mujeres y niñas en todo el país, incluidas agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato sexuales, en particular el feminicidio.

Detectó que existen obstáculos que continúan impidiendo la implementación efectiva del Mecanismo de Alerta de Género sobre la Violencia contra la Mujer a nivel federal, estatal y municipal, además la persistencia de violencia por parte de agentes estatales y no estatales contra mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.

Ante este panorama el comité de la Cedaw urgió al Estado mexicano a adoptar medidas para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas fundamentales de ésta, incluida la armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de la mujer.

Llamó a investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, incluidos los actores estatales, como una cuestión prioritaria.

De igual manera, asegurar que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, uniforme los protocolos de investigación policial sobre este delito en todo el país y garantice la aplicación efectiva de disposiciones penales sobre el feminicidio.

Simplifique y armonice los procedimientos a nivel estatal para activar la alerta ámbar y el protocolo Alba, y acelerar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; adoptar políticas y protocolos específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y el trabajo forzado; garantizar que la Comisión de Atención a las Víctimas fortalezca su enfoque sensible al género.

También evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género, asegurar la implementación y coordinación armonizada y extendida a nivel federal, estatal y municipal, y asegurar la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, defensores de género y derechos humanos y mujeres víctimas de violencia.

Abordar la falta de medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, incluso sensibilizando al público sobre sus derechos, en cooperación con la sociedad civil.

Además, fortalezca los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados ​​sobre la violencia contra la mujer, incluido el feminicidio, y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas.

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