Saldos del proceso electoral

Saldos del proceso electoral

En términos de porcentaje de participación con respecto a la lista nominal de electores, la afluencia a las urnas fue muy similar a la de las últimas tres elecciones presidenciales: en 2000 fue de 63.92% de la lista nominal; en 2006, 58.55%; en 2012, 63.08, y en esta elección, 63.42. Como puede observarse, fue medio punto porcentual menos que la más elevada, la de 2000, y casi cinco puntos más que la menos concurrida, en 2006.
En general se vivieron los mismos contratiempos de elecciones presidenciales anteriores: ausencias menores de ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casillas; la no instalación de una decena de casillas de un total de 156 mil 808; demoras en la apertura de las mismas, lo que motivaba la irritación de los electores, que hacían largas filas desde las ocho de la mañana; la diferencia entre la oferta de boletas y la afluencia de votantes en las casillas especiales; la intromisión de agentes externos en los procesos (gobiernos federal, estatales y municipales y grupos empresariales o sus personeros) con todo tipo de acciones para intentar manipular el voto ciudadano, a través de la compra y coacción del sufragio y la guerra sucia, presente particularmente en las redes sociales.
Nuevamente, como ha sucedido desde 1997 (tras la reforma electoral de 1996 que constitucionalizó la ciudadanización de las autoridades electorales administrativas), las elecciones cerradas de los titulares de los Ejecutivos federal y estatales son controvertidas. La lista al respecto incluye algunas anulaciones, como las de gobernador en Tabasco y dos veces en Colima; otras, en las que prevalece la percepción de un fraude, como la elección presidencial de 2006 y los comicios de gobernador en Coahuila el año pasado; y así sucede en esta ocasión con la elección de gobernador en Puebla.
Este último caso es la evidencia más clara de que nada ha cambiado: la elección presidencial y de ocho ejecutivos de las entidades federativas transcurren sin contratiempos y con actores políticos ejemplares; pero –en la misma jornada– la única resuelta por menos de cinco puntos porcentuales de diferencia, de acuerdo a los cómputos oficiales, sí es controvertida.
Pero también hubo algunos fenómenos nuevos sobre los que bien vale la pena reparar. El más preocupante es el efecto no considerado de los retrasos en los conteos en las casillas de la combinación de dos elementos que se introdujeron en la reforma electoral de 2007: la nueva presentación de los candidatos postulados por una coalición (que ahora aparecen en los recuadros de los respectivos partidos y antes lo hacían en un solo recuadro con los emblemas de todos los partidos que lo registraron), lo cual obliga a colocar en las actas todas las combinaciones posibles de votos; y la celebración simultánea de cuatro, cinco y hasta seis elecciones en 30 de las 32 entidades federativas. En consecuencia, los ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla empezaron su jornada a las 7:30 de la mañana del domingo y concluyeron en la madrugada del lunes 2 de julio. Muchos aseguran que jamás volverán a aceptar esa responsabilidad.
Y producto de la reforma electoral del 2014, que crea el Instituto Nacional Electoral, aparecen desde los procesos electorales de 2015 otros problemas que tampoco pueden ignorarse: uno, la compleja relación entre los organismos estatales electorales y el Consejo General del INE, que inicia desde la misma designación de los consejeros y termina en la fiscalización de los gastos de campaña de los candidatos.
Los cuatro principales problemas son: uno, la conflictiva relación entre los llamados OPLES y los gobiernos de los estados, que en muchos de los casos da pie a que les demoren la entrega de los recursos financieros que les corresponden; dos, el erróneo procedimiento de designación de los integrantes de los Consejos Generales de los OPLES, que ha dado lugar a consejos mal integrados, lo que ha llevado incluso a la destitución de varios de ellos.
El tercer problema es la deficiente coordinación entre las dos instancias, particularmente para el desarrollo de los procesos electorales, que se manifiesta claramente en la mala capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, la recolección de los paquetes electorales al final de la jornada y las fallas en la cadena de custodia de los mismos; y el cuarto, las dificultades para fiscalizar eficazmente los gastos de los candidatos, como fue particularmente evidente en el caso de la elección de Coahuila.
Para ilustrar el problema en la recolección y custodia de los paquetes electorales basta señalar que en la elección de Nuevo León (donde, simultáneamente con la federal, se celebraron elección para alcaldes y diputados locales), la autoridad estatal electoral extravió 155 paquetes electorales, de los cuales pudo recuperar 82 una semana después de la elección, pero hasta el momento no se sabe el destino de los otros 73. En el caso de la de Puebla, la única elección controvertida en esta ocasión, están presentes los últimos tres problemas mencionados en el párrafo anterior.
No podemos seguir anclados a las reformas electorales, ya que el sistema político mexicano tiene muchos otros problemas que se deben atender primero y que, al hacerlo, pueden ayudar a resolver algunos de los aquí señalados.
Pero la euforia por el resultado electoral no debe obnubilar la percepción de la realidad del sistema electoral mexicano: mucho se ha avanzado, al grado de que hoy es posible que la izquierda acceda al poder por la vía electoral, aunque los defectos del mismo siguen presentes y también deben atenderse, pues de lo contrario pueden provocar nuevos conflictos o permitir la manipulación de la voluntad popular.

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