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El debate en torno al nuevo nivel de salarios de la alta burocracia

El debate en torno al nuevo nivel de salarios de la alta burocracia

Con el anuncio del futuro presidente del país, en el sentido de que bajará su salario a 108 mil pesos mensuales y de que nadie debe ganar más que el presidente, ha desatado una serie de comentarios, preocupaciones, oposiciones, dudas e incertidumbres. Y también, claro está: esperanzas. ¿Cuál debe ser el salario justo? ¿Qué criterios de justicia deben usarse para fijar los ingresos de la alta burocracia?
En el ámbito del mercado resolver el acertijo de las fórmulas para fijar salarios, como precios del trabajo, es más fácil que en el ámbito público o estatal. En el mercado, el trabajo se considera directamente uno de los factores de la producción y se tasa como mercancía que rinde cierta productividad. Por tanto, un trabajo puede tasarse en función a la nueva riqueza que esté contribuyendo a generar y su equivalente monetario. Si soy gerente de una fábrica de acero, puedo saber cuánto mi trabajo contribuye a la producción y el valor del mismo se puede expresar en términos monetarios, con algunas discusiones, pero tampoco sin tanto problema. En cambio, en el sector estatal, se producen valores públicos, pero estos valores no tienen un equivalente monetario directo. Los valores públicos contribuyen a elevar la calidad de vida de las personas (o a disminuirla), como mejorar el nivel de lecto-escritura de los infantes, pero eso no tiene una expresión dineraria directa. Lo que ocurre, es que la nación ofrece a sus trabajadores la posibilidad de ascender o localizarse en cierto nivel de vida a cambio del valor público de su trabajo. Esto es, hay cierta relación entre el valor público y el nivel de bienestar del servidor del Estado. Además, la oferta del nivel de vida o bienestar que se le ofrece estará en función del contexto al cual pertenece. El Mismo Amartya Sen puede ir a dirigir la economía de Haití, pero ese contexto no le podrá ofrecer lo que pudiera darle Perú o Argentina.
Pues bien, a los profesores universitarios de tiempo completo y niveles de titular, el Estado les ofrece más-menos 25 mil pesos mensuales por sus labores docentes y de investigación. La pregunta es, a un funcionario de primer nivel, ¿cuánto bienestar le ofrece al asignarle 90 mil pesos? Con eso le da la posibilidad de comer bien, vestido, automóvil, todos los servicios, viajes y ocio asegurado. Es decir, con 90 mil pesos, el Estado ofrece (en nuestro contexto) la canasta de un nivel de bienestar óptimo. La pregunta es, ¿es justo darle eso a cambio del valor público que da el trabajo del burócrata? No vemos por qué no pueda ser así. Si hacemos cálculos de canastas de bienestar óptimos, veremos que lo que aquí decimos es justo.
Un argumento para defender salarios más allá del bienestar óptimo, que rayan en la línea del enriquecimiento, es la prevención de la corrupción. Es claro que no hay correlación de esto: altos salarios no previenen la corrupción. Si esto fuera así, no habría corrupción en México: justo es el tema, que en México hay corrupción aun cuando los funcionarios tienen salarios altísimos. Pero el mecanismo contrario sí puede tener razón: los salarios moderados pueden ser un mecanismo para atraer a aquellos que quieran vivir bien, pero no enriquecerse en el servicio público. Si atraes a los que quieren enriquecerse, se corromperán aun cuando les des 600 mil pesos al mes. En suma: salarios-tope alrededor de 90 mil pesos, en nuestro contexto, es un pago más que justo a un servidor público en loa altos niveles de mando.

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