Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 8 millones 155 mil 930 pesos
El informe de la revisión a la Cuenta Pública 2017 revela que la universidad firmó un contrato con Sagarpa en que señalan varias irregularidades
La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) nuevamente fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por estar involucrada en la firma de un contrato con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que se encuadra en el modus operandi de la llamada “Estafa Maestra”.
En este caso, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” de 8 millones 155 mil 930 pesos. Esta conclusión se expone en el informe de la revisión a la Cuenta Pública 2017, presentado la semana pasada por la auditoría.
La ASF señaló que por adjudicación directa la Sagarpa contrató a la UPSZ para el proyecto denominado “apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación de los programas institucionales” de la dependencia federales durante el año pasado. La vigencia de esta relación fue del 16 de enero al 31 de diciembre de 2017 y el monto del servicio ascendió a 8 millones 155 mil 900.
El proyecto incluía 41 actividades distintas de apoyo a la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Sagarpa “en la ejecución de actividades operativas, administrativas, así como en la administración de usuarios, gestión de tickets y seguimiento de las tareas realizadas por terceros, a fin de garantizar la continuidad operativa de la secretaría”.
Al momento de analizar el proceso de contratación, la auditoría determinó que, en primer lugar, no hay documentación que justifique la realización de una adjudicación directa.
Como segundo punto, señaló que el prestador de servicios, es decir, la universidad, en una “carta bajo protesta de decir verdad”, aseguró que “tenía la capacidad técnica, material, humana y financiera necesaria para prestar el servicio por sí mismo y que, en caso de requerir celebrar un contrato con terceros, éste no excederá el 49 por ciento del importe total del contrato”.
No obstante, esta información proporcionada por la UPSZ resultó ser falsa porque se verificó que “al momento de la adjudicación del contrato, no contaba con el personal para prestar los servicios”.
Por ello, contrató a 13 personas por honorarios el 13 de enero de 2017 y el 16 de febrero volvió a contratar a otros 8 prestadores de servicios profesionales, dando un total de 25 personas contratadas por la universidad para realizar los encargos de Sagarpa.
Respecto a este personal, la ASF concluyó que hubo discrepancias entre el listado presentado por Sagarpa y la documentación de la universidad, pues no coincidían todos los nombres de las personas que fueron contratadas.
La auditoría señaló, además, que “ninguno de los 25 Prestadores de Servicios Profesionales cuenta con credencial de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Por todo lo anterior, no es posible comprobar que los Prestadores de Servicios Profesionales de la UPSZ se presentaran en las instalaciones de Sagarpa y ejecutaran las labores definidas”.
En cuanto al perfil de las personas supuestamente contratadas, se advirtió que en un caso no fue posible conocer la formación laboral porque no se proporcionó su currículum vitae, mientras que en otros siete casos los prestadores de servicios “no cumplen con la formación académica, conocimientos y experiencia laboral necesarios para desempeñar las actividades asignadas”.
El hecho de que Sagarpa no verificara los documentos de estas personas para comprobar que tenían el conocimiento y la experiencia para llevar a cabo los trabajos provocó que “las actividades desarrolladas no se realicen con la calidad esperada”.
En cuanto a las 41 actividades estipuladas en el contrato, la auditoría refirió que sólo una se comprobó que fue ejecutada y autorizada adecuadamente. Otras seis no fueron llevadas a cabo por la universidad durante la vigencia del contrato, mientras que en las restantes había discrepancias y las actividades que se reportaban no concuerdan con las establecidas al inicio entre Sagarpa y la UPSZ.
La conclusión de esta serie de observaciones fue que “existieron deficiencias relevantes en la gestión del contrato, en razón de que no fue posible identificar las actividades llevadas a cabo por el proveedor; además, se presentaron desviaciones entre las actividades reportadas por cada PSP y las proporcionadas como entregable, así como las autorizaciones de los mismos”.
De igual forma, la auditoría sostuvo que “la información presentada para confirmar la ejecución de las actividades descritas en el contrato no garantiza que los prestadores de servicios profesionales de la UPSZ las realizaron; no fue posible validar la presencia del personal que desarrolló las actividades definidas en el contrato de la Sagarpa, ni que éstos contaran con el perfil requerido para el desempeño de sus funciones”.
Todo esto derivó en que no se haya justificado el pago de los más de 8 millones a la UPSZ, además de que este tipo de contrataciones de universidades públicas por parte de dependencias federales “han sido revisadas por la ASF en cuentas públicas anteriores, en las cuales se describe ampliamente su modo de operación”.
De esta forma la auditoría hace referencia a que este esquema usado por Sagarpa y la UPSZ en 2017 encuadra en la forma de operación descrita en la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo de simulación de operaciones y triangulación de recursos que la propia UPSZ ya había aplicado con dependencias federales y que también, en el estado, ha involucrado a otras instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
Investigación PGR
El pasado 14 y 15 de mayo la Procuraduría General de la República (PGR) envió a la UPSZ dos oficios (PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/010348/2018 y PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/010632/2018), en los que se advierte que el órgano federal está investigando un caso similar al presente; un convenio de colaboración entre la universidad y la misma Sagarpa, pero ocurrido el 10 de julio de 2015.
En los oficios, los cuales se encuentran en poder de La Jornada Zacatecas, se le solicita a la institución educativa, “con carácter de urgente y confidencial”, una serie exhaustiva de documentos relacionados con el acuerdo que tuvo con la dependencia federal.
Entre la información demandada se encuentran el total de contratos; copias certificadas de 5 facturas emitidas por la UPSZ a favor de la Sagarpa; estados de cuenta en donde se refleje el presunto pago recibido; copia certificada del contrato celebrado con tres empresas y las razones y por las que se les subcontrató (Grupo Lamba 11 S.A. de C.V., Proyección y Liderazgo Integral de Negocios S.S de C.V., y Pafik Internacional S.C.).
Además, en la investigación que realiza la PGR se pidieron datos relacionados con la figura de un ex rector de la UPSZ.
El 30 de agosto de 2017, La Jornada Zacatecas publicó una entrevista sobre estos convenios con la hoy rectora de la UPSZ, Hilda Ramos, quien desde ese entonces se deslindó de lo ocurrido en administraciones pasadas.
“Esos convenios llevan tiempo. Yo inicié como rectora en mayo y al llegar me enteré de una auditoría que le estaban haciendo a la universidad, por lo que yo en lo personal no he firmado uno solo de esos convenios”, expuso en ese momento.
