Asfixiados como estamos desde hace lustros por la violencia de alto impacto, no se ha profundizado como debiera ser en la otra criminalidad, la de los delitos del fuero común, que como los de las grandes mafias, no dejan de crecer y extenderse en todos los ámbitos de la vida nacional.
Impacta más, a veces por su espectacularidad, violencia y saña, la criminalidad de las mafias, expresada en asesinatos, secuestros, levantones, matanzas masivas, extorsiones, enfrentamientos con fuerzas del orden y otros, que los del fuero común, de menor impacto, pero frecuentemente no exentos de violencia, saña y muerte.
Mas no se piense que los gobiernos federal y estatal no atienden orígenes, causas, efectos y proliferación de la criminalidad que afecta a gran parte de la sociedad mexicana. Obtienen resultados tal vez pobres, pero atienden la problemática.
En la actual coyuntura política que promete cambios, incluso estructurales, en la mayoría de los gobiernos federal, estatales y municipales, conviene echar un vistazo a la situación, tan breve y ligero como nos lo permite este tan valioso espacio periodístico.
No está de más hacer un somero recuento de lo que en estos últimos días el país ha transitado con hechos delictuosos insólitos, incluso cuando la violencia asesina es tan cotidiana que parece ser parte de la normalidad. Hoy lo más desolador es lo referente a asesinatos de candidatos y precandidatos.
Según la Consultora Etellekt, desde que el proceso electoral comenzó en septiembre de 2017 y hasta el pasado 25 de junio, la cifra de asesinatos de políticos ascendía a 130, mientras que el número de aspirantes a un puesto público asesinados llegó a 48.
La consultora informó que de los 48 precandidatos y candidatos asesinados, 37 aspiraban a un puesto municipal, 10 a diputaciones locales y uno a una diputación federal.
Precisa Etellekt que se registró un total de 543 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en las 32 entidades y 343 municipios.
Por otra parte, alrededor de 5 mil 703 aspirantes a cargos de elección popular fueron sustituidos por diversas causas, según los más recientes datos del Instituto Nacional Electoral y autoridades comiciales estatales. Los motivos, entre otros, por los cuales los aspirantes prefirieron salirse de la contienda política son la violencia, amenazas y cuestiones de paridad de género.
Cito estas estadísticas rojas, no como centro del comentario, sino solo para llamar la atención sobre la abrumadora violencia existente que no respeta ni siquiera uno de los más importantes procesos de la vida democrática: la elección popular de los órganos de gobierno.
También se intenta visualizar probables respuestas de fondo a la compleja problemática social que desemboca en delincuencia y que en vez de ceder, parece agigantarse conforme pasan los años y los gobiernos se suceden. La proximidad de cambios en el gobierno federal, en diputaciones federales, senadurías, ayuntamientos y congresos locales alienta a lanzar propuestas de fondo, susceptibles de mejorarse. No son estrategias de persecución de conductas antisociales, sino acciones preventivas que contribuyan a mejorar la convivencia y el desarrollo social y económico.
Por ejemplo, incluir la consulta y la participación ciudadana como un derecho y obligación en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes y políticas de desarrollo urbano y vivienda.
Facilitar y poner en práctica mecanismos de democracia directa como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y el presupuesto participativo para ser aplicados en la toma de decisiones.
Abrir parques y áreas verdes y recreativas; rescatar las que estén abandonadas, equiparlas y que tengan vigilancia y suficiente alumbrado público; accionar programas para el uso y recuperación de calles como espacios públicos para alentar la convivencia, la recuperación de la confianza entre vecinos y construir una ciudadanía más abierta y participativa.
Evitar de ciudades para automóviles y para automovilistas particulares, con lo que se reducirán los costosos accidentes, la tensión producida al conducir, frenar las altas velocidades y las molestias por congestionamientos viales.
Combatir la corrupción y fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión de establecimientos comerciales donde se efectúen actividades ilegales y sean precursoras de la cultura de la ilegalidad.
Algunas de estas propuestas ya se aplican eficazmente en Zacatecas; otras deberán mejorarse y otras tantas implantarse no solo en la capital y Zona Metropolitana, sino en todos los municipios.
El país, cualesquiera que sean los resultados electorales, deberá emprender una transformación radical para alcanzar el México democrático, justo, equitativo, próspero y progresista al que todos aspiramos.
*Titular de la Coordinación Estatal de Planeación
