Valentina Rosendo Cantú, indígena-mujer-pobre: lecciones en determinación, tenacidad y dignidad

Los militares son agentes del Estado: son el Estado actuando a través de personas con investidura específica. Hace días supimos del resultado de una lucha que una mujer indígena de Acatepec Guerrero mantuvo por 16 años contra algunos militares que la violaron y destruyeron lo que era su vida hasta ese momento. Era una chica de 17 años, ya casada y prácticamente no hablaba español. Evento acaecido el 16 de febrero del 2002. Los soldados, como agentes del Estado invadieron el cuerpo y la intimidad de Valentina, la violaron y torturaron sexualmente, amenazaron confiados en que nada pasaría y presionaron a la familia y comunidad Tlapaneca para que se conformaran con la tragedia. El caso es relevante porque pone a la luz la profunda vulneración de los pueblos indígenas ante la fuerza arbitraria del Estado y la conducta absolutamente racista de los agentes de este último. Todas las autoridades ignoraron a Valentina, los militares fueron a intimidar a la comunidad de la víctima para que callara “cosas que pasan”, y nadie hizo caso de una persona que fue agredida y ninguneada por ser al mismo tiempo indígena, pobre y mujer. Policías, procuradurías, jueces, y todo el entramado del poder judicial le decían con su actitud a Valentina que no era nadie y le decían que mejor se olvidara del tema. Tuvo que venir la sociedad civil en manos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, para recibir credibilidad, importancia a su rostro y defensa del caso. Y claro está, tuvieron que ocurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que conociera el evento, lo investigara y terminara haciendo una recomendación al Estado Mexicano para remediar la injusticia de la que fue víctima Valentina Rosendo Cantú.
La señora Rosendo se vio obligada a abandonar su comunidad: una vez que los militares fueron a presionar a la comunidad, se dio la clásica revictimización porque fue rechazada por gente de su comunidad al verla como motivo de riesgo para todos. Terminó en la ciudad de México trabajando y cuidando como podía a su hijo pequeño. La vida que llevaba hasta ese momento quedó destruida: sin familia, sin comunidad y en una ciudad extraña y hostil. Aparte de las propias consecuencias psicológicas de la violación: la sensación perenne de humillación y derrumbe de autoestima. Agentes del Estado, en un solo día provocaron este drama. Sin embargo, lo que preocupa, además, es la reacción de las instituciones mexicanas ante este evento. Valentina persistió y recibió orientación adecuada de centros de derechos humanos. ¿Cuántos casos tenemos de violación de derechos humanos y no ocurre nada, y terminan enterrados por la negligencia racista de la procuración de justicia mexicana? Es poca gente que persiste en una lucha de 16 años para hacer justicia. La mayoría son abandonados a los 2 años de ocurridos. La impotencia asfixia cualquier sentido de esperanza.
El caso debe hacernos pensar en varios temas. Uno de ellos es el papel de la procuración y administración de justicia. La medida del nuevo sistema de justicia que tiene ya 9 años en curso no ha dado los resultados deseados, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Segundo, los derechos de los pueblos indígenas. Es absolutamente necesario desenterrar los acuerdos del 1997 en torno a Derechos Indígenas que el gobierno de ese entonces incumplió. Pueblos que tienen motivos de presión adicionales: están asentados sobre bancos de agua y recursos naturales estratégicos, por ello es posible predecir que serán objeto de mayores agresiones y despojos. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados con mayor presencia de pueblos indios, y son los que tienen índices de violencia altísimos. El respeto de sus Derechos a través del reconocimiento de la Autonomía, permite que la organización de los pueblos sea el principal instrumento de la defensa de sus territorios contra el despojo, de las violaciones de los derechos humanos como la que aquí comentamos, y la promoción de sus derechos económicos y sociales.
Otro tema que nos deja pensativos es el papel del ejército en tareas policiacas. La aprobación de la Ley de seguridad interior abre el temor de la población por la protección de los derechos humanos ante militares ‘protegiendo’ la seguridad de los ciudadanos.
Por último, no puedo dejar de sentirme feliz (con todo lo problemático que tiene eso) por ver a Valentina haber alcanzado la justicia y el fruto de su lucha por 16 años. Me llena de admiración su determinación y tenacidad en el caso. Una mujer que en medio de la pobreza y la agresión tuvo enorme sentido de dignidad. Dios la bendiga: nos ha dado una valiosa lección. ■