La No-intervención estatal en las elecciones: condición para la gobernabilidad

La No-intervención estatal en las elecciones: condición para la gobernabilidad

Durante muchos años fue ‘natural’ la relación del gobierno con el partido oficial, y al revés. Una relación orgánica que iba incluso más allá de esa condición; el partido organizaba a la sociedad a través de sus ‘sectores’: los campesinos en la CNC, los obreros en la CTM, los colonos en la CNOP, y los jóvenes en el FJR. Todos atados al partido que era, también, el gobierno. Las prácticas repetitivas se hacen rutinas, y estas sedimentan una cultura política. Por ello, una parte de la población no ve con indignación el uso partidario de los recursos púbicos, porque se hizo parte de aquella cultura que aun es (de alguna manera) actual. Separar a los partidos del gobierno es algo que ha costado mucho trabajo, con la alternancia no se eliminó, sólo cambió de partido. Aunque la estructura corporativa prácticamente se ha disipado, los mecanismos clientelares siguen vivos.
En medio de los usos clientelares de los recursos públicos, existe una visión patrimonial de los mismos que lo hace posible. Es decir, todo uso político de recursos públicos supone una visión patrimonial: asumir que el funcionario decide con criterios personales el destino de los mismos. Cuando la propaganda apela a la amistad del representante, como el caso del candidato del cuarto distrito federal del PRI, supone una visión abiertamente patrimonial. El mensaje es, “los amigos del diputado serán beneficiarios de su gestión”. Pero eso que este candidato dice explícitamente, muchos lo asumen de forma implícita, o simplemente así lo practican. Cuando el PRD gobernó la entidad observamos las prácticas que el PRI creó y, en ese tiempo, el PAN tenía la Presidencia de la República y hacía esto mismo. Esto es, son prácticas más comunes de lo que creemos.
El gobierno de Alejandro Tello está preocupado porque es muy probable que el gobierno federal (del cual recibimos el 95 por ciento de los recursos púbicos) será de un partido distinto al suyo, los gestores de recursos por vía del presupuesto nacional, los diputados federales, serán (muy probablemente) de otro partido, y la legislatura local (de igual modo) estará en manos de opositores a su orientación política. Por ello, es razonable pensar que está bajo la fuerte tentación de asegurar resultados electorales que le permitan gobernabilidad. Dicha tentación consiste en usar los recursos, programas y capacidades estatales para favorecer a sus candidatos. Ahora bien, no necesariamente ‘sus candidatos’ son los del PRI, ya que las contradicciones al interior del tricolor hacen suponer que hay candidaturas que no son de su equipo. Sin embargo, en temas públicos, por obvias razones, se conocen las motivaciones de los gobernantes. Por ello, si el gobernador decide intervenir para beneficiar de manera ilegítima a sus candidatos, muy pronto se le revertirá porque pasará como un actor tramposo. Eso tendrá consecuencias al momento de la aprobación de los presupuestos o en iniciativas de ley, y claro está, en los procesos de gestión. Es una práctica frecuente que la semana previa a la jornada electoral se intensifica la intervención oficial. La maquinaria gubernamental se mueve más rápidamente y, por ello, comenten errores y arbitrariedades que llaman la atención. Esperamos que pase la jornada y el gobernador pase en ella como un político respetuoso de la democracia, eso traerá buenas condiciones para la gobernabilidad del estado en los próximos 2 años.

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