■ Impuestos ambientales podrían compensar daños causados
Armando Vargas Ramos, especialista en impuestos ambientales, afirmó que los gobiernos de los estados, desde la perspectiva legal, pueden recurrir a nuevos instrumentos para aportar a la protección del medio ambiente, ya que son responsables de su territorio, pero el problema es que hay subordinación del Estado a los intereses empresariales.
“Es necesaria la intervención del Estado, a través de políticas públicas novedosas y modernas que rompan con todos los paradigmas. Toda lo que estudiamos en materia tributaria, frente al problema ambiental, no funciona porque pareciera que no se puede aplicar a la remediación ambiental”, explicó.
Se refirió al derecho humano al medio ambiente que, bajo un esquema de legalidad, debe estar reconocido constitucionalmente, pero el Estado no ha logrado garantizado ni por medio de controles administrativos directos (estudios de impacto ambiental, verificación automotriz) ni indirectos (mecanismos para la restitución ambiental).
Según expuso, el Gobierno Federal comúnmente ha administrado los controles administrativos directos, pero recientemente el gobierno del estado de Zacatecas anunció un impuesto ecológico que escapaba de los controles administrativos directos y entraba a la clasificación de indirectos.
Vargas Ramos señaló entonces que los controles administrativos indirectos le corresponden a los estados, porque en la Constitución está prohibida la concurrencia de facultades en los controles administrativos directos, pero no en el resto.
Reiteró que los estados son responsables de sus territorios, y “si todo se va, si lo único que queda después de la explotación de una veta minera son cuevas y agujeros, la responsabilidad de la defensa del territorio es de los propios estados”.
Precisó que la intención de los impuestos ambientales es compensar un poco los daños que generan algunos procesos productivos, es decir, no se trata de destruir alguna iniciativa, sino de avanzar en el mejoramiento de las condiciones.
“Tenemos una problemática ambiental que no hemos llegado a entender de fondo. Hay economistas que dicen que es un problema económico, pero si tenemos una economía de libre mercado, los recursos naturales son para hacer negocio. Obviamente eso debe cambiar y debe haber una responsabilidad ambiental solidaria”, dijo.
Asimismo, Vargas Ramos comentó que en el tema de los impuestos ambientales hay el principio que el que contamina paga, por lo que siempre es necesario observar a los entes productivos, las empresas.
No obstante, ese principio está quebrantado porque hay quienes deciden que pagar un impuesto por contaminar es más redituable para ellos que introducir procedimientos que eviten alguna forma de contaminación. Es decir, “terminan pagando por contaminar”.
Por último, señaló que los impuestos ambientales se aplican cuando se sobre pasa el margen de contaminación permitido, y eso es algo que no se comprende en el texto constitucional y no se ha establecido la diferencia entre los controles administrativos directos y los indirectos.
