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Personal de la ONU acude a La Colorada; investiga caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado

Personal de la ONU acude a La Colorada; investiga caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado
Laura Papasergio, oficial de la ACNUDH FOTOS: ALMA RÍOS

Reciben denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en el estado

Afectados responsabilizan a Minera Tayahua SA de CV, First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y Pan American Silver Corp

El caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado de los habitantes de la comunidad La Colorada (ubicada en el municipio de Chalchihuites) por parte de la empresa minera canadiense Pan American Silver Corp motivó la primera visita en la historia de Zacatecas de personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Este 29 de mayo, Byron Cárdenas Vázquez y Laura Papasergio, oficiales del ACNUDH llegaron a la cabecera municipal de Chalchihuites para reunirse con los afectados, y buscaron al día siguiente entrevistarse con el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna.

El personal de la ONU también recibió documentos de denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en Zacatecas y autoridades locales tanto de orden federal, estatal y municipal, referidos a los casos de Salaverna, Mazapil; Chalchihuites y el Ejido San José de Buenavista “San José de Abajo”, los dos últimos, ubicados en la misma demarcación.

Los asuntos implican respectivamente en las denuncias a las empresas Minera Tayahua SA de CV (filial de Frisco), First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y en el caso de La Colorada, a la ya citada Pan American Silver Corp.

El desplazamiento forzado y despojo de territorio de los pobladores de esta comunidad ubicada a unos 35 kilómetros de la cabecera municipal de Chalchihuites y a unas tres horas de camino en auto desde la capital del estado de Zacatecas, fue denunciado ya ante el representante en México de la ACNUH, Jan Jarab, y asimismo a la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas del organismo, Victoria Tauli Corpuz, en su reciente visita al país, gracias a la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios.

David Cayetano, integrante de la Red y quien interviene en estas denuncias haciendo trabajo de acompañamiento a favor de los habitantes de La Colorada, arribó alrededor de las 11 de la mañana con la comitiva del organismo internacional.

La reunión con la gente de la comunidad se realizó bajo criterios de confidencialidad según los protocolos de la ONU, y habiendo sido pactada para atender el caso concreto de La Colorada solo tuvo la asistencia de sus pobladores, el propio David Cayetano y los oficiales de la ACNUH.

El defensor de derechos humanos informó en entrevista para La Jornada Zacatecas, a la salida de esta reunión, que le ha dado seguimiento al asunto de La Colorada desde hace un año. Dijo que la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios busca visibilizarlo y llevarlo a todas las instancias hasta agotarlas.

Refirió que en este empeño actúan en sinergia con otras organizaciones, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Cabe recordar que ésta última registró el caso de La Colorada en su informe 2017 “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México”, como el único en el país en este periodo que tuvo como agente a una empresa minera, la Pan American Silver Corp.

El documento registra como afectadas a 47 familias que implican unas 230 personas, entre hombres, mujeres, adultos mayores y niños. Y caracteriza el caso según los tipos de violencia en “el uso de armas de fuego o presencia de personas armadas”; haber sido las víctimas objeto de “amenazas e intimidación”; el que “sus casas o cultivos fueron quemados, destruidos o baleados”; y el reporte de “saqueo de viviendas, el robo de animales, cultivos y otras pertenencias”, así como el propio desplazamiento forzado.

David Cayetano dijo que las violaciones a los derechos humanos que han sufrido las familias de La Colorada son crímenes de lesa humanidad.
“Las secretarías de estado –federales- y el Gobierno del estado de Zacatecas han firmado las concesiones –mineras-, ¿con qué intención lo están haciendo? Muy claramente es el despojo, el arrebatar lo que es propio de las comunidades”.

A la gente de La Colorada, dijo, “le han quitado todo lo que tenían”, desde sus casa hogar, sus áreas de cultivo, sus ganados, “no puede ser que en estos momentos esté pasando esto aquí”.

Vigilancia en la minera canadiense Pan American Silver Corp

De la apertura de estos expedientes en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego que se revise la información enterada por los habitantes de La Colorada y la que tenga origen en las autoridades, pueden derivar recomendaciones para el Estado mexicano, “un llamado de atención a las instancias que están violentando los derechos de las personas, socioeconómicos, culturales, de salud”, dijo.

Agregó respecto de la observación de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por desatender las recomendaciones del organismo internacional en materia de derechos humanos de manera reiterada, que “es como una pérdida de esperanza porque el mismo gobierno no acata las recomendaciones, inclusive son las mismas instituciones las que firman las concesiones, en este caso la Secretaría de Economía”.

Observó sobre las intervenciones de las autoridades, que “es como negociar entre ellos –empresas y autoridades- sin la consulta previa de las comunidades” y sin ofrecer tampoco ninguna asesoría jurídica, “sí, es como no te pido permiso, lo hicieron sin esta consulta”.

Dijo que en estos casos opera siempre la corrupción gubernamental sin que importe “lo que viven las personas de las comunidades, no nada más en este caso aquí en Chalchihuites; en Salaverna, de los compañeros… Don Roberto –de la Rosa, líder comunitario de la localidad de Mazapil- que también han sufrido este tipo de desplazamiento y despojo de territorio, una infinidad de violaciones a sus derechos humanos”.

“Nosotros como defensores de derechos humanos con un actuar independiente de la ACNUH, sí denunciamos que el gobierno es cómplice del despojo y de violentar los derechos humanos”.

David Cayetano aludió también a la problemática de la división que generan las empresas mineras en las comunidades ya presente en La Colorada.

Expuso que es ocasionada “por la desinformación de nuestra gente, de nuestros hermanos de las comunidades” y ante los ofrecimientos y promesas de las empresas “de un bienestar, de una vida más estable económicamente y que al final de cuentas queda en puras mentiras; son manipulaciones” ya tienen previstas mediante procesos muy sofisticados de convencimiento.

“¿Hacia dónde van? Es el despojo, es el desplazamiento. En pocas palabras te chingan, en pocas palabras así vulgarmente, te jodo. Las mineras son así, el gobierno es así, y quienes salen beneficiados son los accionistas de las empresas trasnacionales”.

Las formas y los protocolos del actuar de las empresas extractivas y los gobiernos son similares en el mundo dijo, “se ha generado el mismo tipo de barbarie, es consternante lo que está pasando y no sabes en qué momento se puede suscitar; se han hecho constantes las denuncias” en países como México, Colombia, Perú, etc.

Agregó respecto de los documentos de denuncia que fueron entregados a los oficiales de la ACNHU que las organizaciones “estarán de pie muy cerquita exigiendo que realmente se les dé seguimiento adecuado”, porque en el caso de La Colorada las que se han hecho ante instancias locales “se han agotado”. Por ello la gente “ya siente desconfianza, generada por el mismo Gobierno del estado”.

En ese sentido celebró el esfuerzo de las familias por acudir a la entrevista con los oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes acompañados de gente de la comunidad e integrantes de la UNTA y la Red hicieron una visita a La Colorada.

Personal de la guardia privada de empresa minera no permitió el acceso de los funcionarios del organismo internacional a la casa de uno de los pobladores que ha quedado dentro del área industrial y es la única que se mantiene en pie del poblado original gracias a que subsiste un litigio entre las partes en conflicto.

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