La procuración y administración de justicia: en deuda con la sociedad

En el actual proceso electoral están manifestándose con mucha nitidez algunas deficiencias de la cultura jurídica de la población y algunos efectos secundarios de la impunidad, como un vicio grave en el sistema de justicia. En su expresión más elemental significa escaparse de la acción de la justicia. En el fondo, la impunidad es la ausencia del Estado en su función punitiva, producto de una crisis de legalidad que afecta todo el entramado institucional. En un entorno de impunidad, la sanción como consecuencia de incumplir o atentar contra la ley no existe, lo que llevado al extremo desafía la existencia misma del Estado de Derecho. La responsabilidad en última instancia de dejar un acto impune es del sistema de justicia y de su operador, el Poder Judicial. Éste tiene, además de las facultades reconocidas constitucionalmente, una serie de funciones sociales como el control social, definido como el conjunto de medidas adoptadas –ya sea mediante la interiorización o mediante coacción– en una determinada sociedad para que las acciones individuales no se desvíen de forma significativa del patrón dominante de sociabilidad, designado como orden social.
Por principio de cuentas, el elevado número de candidatos y autoridades en funciones que han sufrido atentados fatales durante el proceso electoral nos habla de la generalización de la conciencia de que la impunidad está garantizada, y la publicidad que reciben esos eventos no hace sino reforzar esa convicción dado que ni siquiera la notoriedad de las victimas produce una mayor efectividad de las autoridades responsables de perseguir esa clase de delitos. No olvidemos que la justicia penal actúa sobre comportamientos que en general se desvían significativamente de valores reconocidos como importantes para la reproducción normal de la sociedad (los valores de la vida, de la integridad física, del honor, de la propiedad, etc.). Al actuar con eficacia en este campo, se produce un efecto de confirmación de los valores violados. El Poder Judicial es la autoridad responsable de imponer las sanciones en el ámbito de la justicia penal; y además, tiene la función social de mantener el control social y la función simbólica de reparar los valores transgredidos por una conducta ilícita. Y es precisamente en estos campos donde no está presente la efectividad.
Además, en este proceso se están presentando con peligrosa frecuencia indicios de que segmentos amplios e influyentes de la sociedad, como son algunos candidatos y demasiados comentaristas en los medios de comunicación, muestran un preocupante desprecio por el Estado de Derecho al dejar de lado el principio de presunción de inocencia cuando tratan como criminales a personas que no han sido condenadas por juez alguno, lastimando gravemente su fama pública. O peor aún, cuando esas personas han sido declaradas inocentes de las acusaciones por las que fueron procesadas. También debemos lamentar que habiendo transcurrido dos terceras partes de la duración del proceso electoral, las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia no dan muestras de tomar con responsabilidad diversos asuntos vinculados con presuntos actos de corrupción asociados con actores importantes del proceso, propiciando con ello que los electores voten en un marco de incertidumbre que el Poder Judicial debería disipar oportunamente.