Grandes inversionistas buscan “limpiar” territorios donde verán crecer sus ganancias
Entre los dos censos de población más recientes, el Valle de Juárez pasó de las 20 mil personas a unas 8 mil. El detonante del desplazamiento de las personas ha sido la violencia vinculada, asegura Alejandro González Pérez, a una estrategia para “limpiar” los territorios donde los grandes inversionistas verán crecer sus ganancias sin que los pobladores les representen una problemática.
Él ha encontrado coincidencias territoriales entre los escenarios más álgidos de la “Guerra contra el narco” como lo ha sido el propio Valle de Juárez, donde más del 50 por ciento de la población ha sido asesinada o ha huido, y el asentamiento de mega proyectos extractivos.
En sustento y para ejemplificar con el caso particular, dijo que los escasos habitantes del Valle de Juárez cuentan con un nuevo “megapuente” internacional, el Guadalupe-Tornillo, utilizado para el cruce de tráileres y cuyas dimensiones “no tienen comparación con la realidad de un pueblo que ya se está deshaciendo”.
La obra inserta en el Plan Nacional de Infraestructura, de Felipe Calderón Hinojosa, fue inaugurada el año 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios estadounidenses de Seguridad y Comercio, está asentada sobre una superficie de 31.9 hectáreas y tuvo un costo de 461 millones de pesos, según refiere una nota de El Diario de Juárez.
En el Valle se ha instalado también la maquiladora Sage, que se encarga de fabricar partes de pipas extractoras de gas shale, dijo González Pérez, mientras que muchos de los ejidatarios han vendido los derechos de sus tierras en la parte sur del municipio.
Ha habido asimismo en los años recientes trabajos de exploración para la perforación posterior de pozos petroleros, que anuncian la “victoria en ciernes para las empresas”.
Cerca, en Samalayuca, durante el gobierno de César Duarte se autorizó el asentamiento de una mina a cielo abierto, un proyecto altamente contaminante, dijo, recordando a la par que en Zacatecas también existen este tipo de desarrollos extractivos.
Todas estas son “claves”, dice, indicios, “de que algo va a suceder –en el Valle de Juárez-, todavía no tenemos la certeza” de cuál o cuáles serán la empresas que se beneficiarán de esta zona territorial, que se hiciera lamentablemente famosa por su alto índice delictivo.
En 2009 cuando contaba justo con 20 mil habitantes, la tasa de homicidios dolosos estaba situada en mil 600 por cada 100 mil habitantes. El fenómeno generó que fuera rebautizada como El Valle de la Muerte.
Alejandro González Pérez es un joven arquitecto que junto con otros profesionistas ha estado analizando los vínculos entre el multifactorial fenómeno de la violencia y los megaproyectos extractivos.
Estuvo el pasado 22 de mayo en Zacatecas en su carácter de integrante de la Caravana de la Realidad del Norte, que este 24 arribó finalmente a la Ciudad de México, para denunciar estos hechos y exigir justicia para casos irresueltos de feminicidios, ocurridos algunos, desde hace más de 10 años, y las problemáticas asociadas a los proyectos extractivos asentados en el estado de Chihuahua, mineros, de hidrocarburos y cerveceros.
Su lectura de estas problemáticas coincide con lo expuesto recientemente en las Jornadas Internacionales sobre Extractivismo Minero, Recursos Naturales y Disputas Territoriales convocada por la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de su Unidad Académica de Economía.
En este evento el investigador boliviano Pavel Camilo López también alertó, utilizando mapas, que coincide la explotación extractivista de áreas, en este caso consideradas protegidas, y que integran asentamientos indígenas, con fenómenos de violencia, pobreza, despojo y por tanto desplazamiento de las comunidades. Mientras que integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la minería expusieron fenómenos similares que ocurren a lo largo y ancho de nuestro país.
Respecto a la caracterización de la problemática en el Valle de Juárez, Alejandro González Pérez agregó que los ejidatarios que aún se encuentran hoy allí, temen que se les pueda asesinar por exigir el agua para regar, “porque a lo mejor hay unas tierras que tienen que ver con gente” vinculada al narcotráfico.
El haber desprendido a la gente de su sustento original, una zona algodonera cuyo producto llegó a competir en calidad con el egipcio, generó que la vida campesina se fuera deteriorando.
Hoy la gente se traslada hacia la maquila asentada en Ciudad Juárez, “pierde dos horas en trasladarse, trabaja ocho, y pierde dos horas de vuelta, regresa a dormir y a comer en donde supuestamente vivimos”.
