Aparece el 7 de mayo en la página del SPAUAZ, un video donde su secretario general, Pedro Martínez Arteaga, informa que quince a las doce del mediodía se concluyó de depositar, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ íntegro, con el texto que tenía desde que la administración sindical del conservador Arturo Burnes lo modificó siguiendo los procedimientos estatutarios (al menos uno de los autores de la presente nota creyó prudente avalar aquella reforma). También comenta, de manera en apariencia condescendiente, que en atención al oficio girado por un grupo de docentes jubilados desde diciembre de 2017, las cláusulas que ellos consideraban modificadas están restablecidas. Si la pretensión del comunicado era mostrar que el comité ejecutivo, con el referido secretario de dirigente, está trabajando a favor de todos los sindicalizados es claro que fracasa en ese empeño. Expliquemos por qué. Lo primero que llama la atención es el tiempo que tardó en depositarse el contrato debido a que el emplazamiento terminó desde el 17 de febrero. ¿Qué estuvo haciendo el comité ejecutivo en casi tres meses?, ¿por qué no informó con detalle de los problemas tratados? Si hubo una alteración de cláusulas ¿cuáles fueron?, ¿cuánto tiempo estuvieron vigentes las alteraciones por fuera de lo estatuido?, ¿quiénes fueron afectados por esa situación? Quizá lo más importante de todo: ¿cómo fue que se pudo alterar el contrato cuando es sabido por todos los agremiados que desde hace más de dos lustros no ha habido revisión del clausulado? Para rematar: ¿por qué, aunque sean manipulaciones beneficiosas, se introdujeron incisos en algunas cláusulas sin que hayan pasado por la Asamblea General, el Plebiscito Sumario, la Coordinadora de Delegados o las Delegaciones Sindicales? De lo dicho está claro que el breve informe del secretario general no aclara nada sino que introduce cuestiones cuyas respuestas no ofrece. Aún más, demuestra que en la presente administración del SPAUAZ, en la que con escándalo inútil se pregonó “transparencia” y hasta una oficina para ello hay, lo menos que existe es eso. Lo que se agrava porque con cinismo se dice que el contrato puede ser modificado por decisión de sabe Dios quién al margen de todos los reglamentos existentes. Enunciándolo con palabras fatales: el compañero Pedro Martínez ha asumido el papel de dictador que reúne en sí las potestades de la Asamblea General, del Plebiscito Sumario, de la Coordinadora de Delegados y de las Delegaciones Sindicales. Aquí no estamos exagerando, el término utilizado es descriptivo porque si consultamos el diccionario de la Real Academia Española vemos tres acepciones, que son: “En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica”, “Persona que abusa de su autoridad y trata con dureza a los demás”, “Entre los antiguos romanos, magistrado supremo y temporal, que se nombraba en tiempos de peligro para la república”. No sólo Pedro Martínez cae bajo el concepto de dictador, también Crescenciano Sánchez Pérez, anterior secretario general y presente asesor de la rectoría, lo hace porque fuera de cualquier duda fue él el responsable de las aviesas modificaciones al contrato. En un artículo previo comentamos que el neoliberalismo había llegado a la universidad no por la vía de una intervención estatal, signifique eso lo que signifique para quien sostiene tal hipótesis, sino que los mismos universitarios, respondiendo a la trayectoria que han seguido como dirigentes, lo ejercen sin menoscabo de que se sientan “revolucionarios de izquierda”, voten por López Obrador o estén afiliados al PT. Mucha confusión corre alrededor del concepto de “neoliberalismo”, pero si queremos darle una precisión sumaria, problemática y provisional, podemos definirlo, en uno de sus aspectos, como la actitud “anti comunitaria”. Otro aspecto es su carácter de “anti mercado”, como lo menciona Manuel De Landa en su “Mil años de historia no lineal” (Gedisa, México, 2012) (referencia que cualquier idealista filosófico debe negar, porque De Landa es “realista especulativo”), pero lo que aquí nos interesa enfatizar es que cualquier posicionamiento contra la comunidad, vindicando las razones inescrutables del individuo o del grupo de interés, están en contra de los principios básicos de nuestra organización sindical en la que son los debates abiertos el lugar desde el que se toman las decisiones que nos incumben a todos, como queda claro de una lectura de los principios que vienen en los Estatutos. Por ende es fácil identificar que el grupo dominante en el SPAUAZ se ha vuelto dictatorial, anti comunitario por antonomasia, así que su objetivo inmediato es naturalizar, olvidar, ignorar, dejar pasar y apelar a la indiferencia de las masas para que sus acciones pasen desapercibidas y su avidez por el poder pueda seguir desplegándose bajo la fachada de un “proyecto universitario” que no existe. Resulta interesante que sea Pedro Martínez Arteaga uno de los más decididos críticos del “modelo UAZ Siglo XXI” porque correspondió a él como secretario académico de Rogelio Cárdenas llevarlo adelante. No pudo, y tampoco pudo su grupo en todos los años que lleva al frente de la universidad. Reiteramos lo único que nos queda: exigir castigo para los responsables de lesionar a todos los sindicalizados, entre ellos Crescenciano Sánchez y Pedro Martínez. ■
La última y nos vamos
