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Necesario, judicializar entrega de herramientas legislativas de abril, mayo y junio: Bañuelos

Necesario, judicializar entrega de herramientas legislativas de abril, mayo y junio: Bañuelos
La diputada local, Geovanna Bañuelos de la Torre FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

El caso ya fue turnado a la Comisión de Presupuesto de la 62 Legislatura

Los recursos son reclamados por ocho diputados suplentes; diputada afirma que el problema es por un vacío en la Ley Electoral

 

Luego que el tema de las herramientas legislativas de los meses de abril, mayo y junio ya fue turnado a la Comisión de Presupuesto de la 62 Legislatura al reclamarlas ocho diputados suplentes de quienes en este momento se encuentran en campaña electoral, Geovanna Bañuelos de la Torre adelanta que esta instancia no va a poder pronunciarse al respecto con “certeza y legalidad” y será necesario que el asunto se judicialice.
Explicó que en el mes de octubre de 2017 cuando se votó el presupuesto del Poder Legislativo se previó el prorrateo de estos tres meses para atender a la veda electoral.
Esto es, que durante abril, mayo y junio no se entregaran recursos para “ayudas sociales” también conocidos como herramientas legislativas, “tan es así que no se hicieron las ministraciones correspondientes desde la Secretaría de Finanzas”, por lo que esos recursos no están en las cuentas del Poder Legislativo.
Por ello ninguno de los 30 diputados actualmente en funciones “estamos cometiendo ninguna ilegalidad”.
Pero ochos diputados suplentes, seis del PRI, uno de Nueva Alianza y otro del Partido Verde, presentaron un punto de acuerdo en el que exigen que se les entreguen estos recursos.
Al respecto, Bañuelos de la Torre dijo que si pasada la jornada electoral los diputados que se encuentran en campaña piden su reincorporación a la 62 Legislatura, tendrán derecho de recibirlos, “pero desde el momento de la misma”, no con retroactividad, mientras que los actuales diputados en funciones que son sus suplentes, si reciben el dinero en julio cuando está programado su pago, que además prevé la entrega de los citados meses de la veda, abril, mayo y junio, pero también lo correspondiente a julio, agosto y parte de septiembre (hasta la fecha de entrada de la 63 Legislatura), lo harán, ya no en calidad de diputados sino de ciudadanos.
La suma de estos recursos supera el millón de pesos por cada diputado, lo que plantea a la par el problema de su ejercicio en poco más de un mes.
“Yo insisto en que va a tener que ser una instancia jurisdiccional quien indique, porque la contradicción es que si regresando de su licencia los diputados que andan de candidatos reciben el acumulado de los tres meses, no habrá de ser insuficiente para que en un mes se distribuya y se disperse tal cantidad de recursos de gestión legislativa”.
“Y también la cuestión es de que si los reciben los diputados hoy en funciones que son suplentes al término de la jornada electoral, ¿con qué personalidad jurídica administrarán ellos este recurso que es público?”.
Expuso el problema como un vacío en la Ley Electoral y recordó que ninguna de las fracciones opositoras representadas en la 62 Legislatura votó a favor de ese presupuesto para el Poder Legislativo, que tuvo su ratificación integrado al Paquete Económico 2018, mismo que incluso los opositores tienen impugnado en tribunales.
Expuso asimismo que puede asignárseles a los suplentes la cantidad proporcional al tiempo que estuvieron en funciones, pero reiteró que apareja el problema de cómo lo ejercerán, pues estarán fuera del cargo de representación.
“Lo correcto, esa es mi apreciación, no tiene fundamento legal, es que se dijera, bueno si hubo veda electoral entonces ese recurso que no se entregue, punto”.
Reiteró entonces su opinión de que los diputados suplentes que reclaman la entrega de estos recursos deben acudir a tribunales, “porque creo yo que allí ya nosotros como Poder Legislativo tendremos que acatar la instrucción de carácter jurisdiccional”.
Agregó que la observación de que vía del punto de acuerdo que actualmente plantea el estudio del asunto en la Comisión de Presupuesto, implica en primera instancia el criterio de sus integrantes y en segundo la del Pleno, “pero no deja de ser una voluntad que tiene sesgo político y que no necesariamente tiene, como lo hemos visto ya en un sinnúmero de ocasiones, estricto apego a la ley”.

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