La simulación presupuestal: tarea para los próximos diputados

Las diferencias entre los presupuestos y las cuentas públicas, pone de manifiesto que los primeros son un requisito formal que poco se atiende en el ejercicio de la administración pública. Es decir, una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que realmente se gasta. Este dato es relevante porque pone de manifiesto dos cosas: (1) la ineficacia del proceso de planeación, y (2) la negación del poder de equilibrio que constituye el Congreso.
Se supone que el presupuesto es la expresión de todo el proceso de planeación del gasto, por ello se le llama “ciclo presupuestal”. Se detectan las necesidades, las cuales se traducen en las actividades que deben realizarse para lograr los fines propuestos, y esas actividades requieren recursos materiales y humanos. Es la respuesta a la pregunta, ¿cuánto cuestan las metas? Con la llamada Nueva Gerencia Pública, incluso se les pide a las entidades ejecutoras de gasto esquemas puestos en ‘marco lógico’ para justificar integralmente las propuestas de gasto que proponen. Por tanto, si al final del día el gasto es un 15 por ciento mayor al programado, significa que el proceso de planeación queda descalificado. En Zacatecas, una de las áreas de mayor diferencia (por ejemplo) es el educativo. Y el motivo es la diferencia que existe en el reconocimiento de plantillas, que puede rebasar los 2 mil millones al año. Eso se debió a un error de la administración de Miguel Alonso en la gestión del Fondo de Nómina Educativa con gobierno federal. Errores gubernamentales que cuestan muchos millones de pesos. La pregunta es, ¿ocurre algo a los sujetos de dichos errores garrafales? Nada. No pasa nada.
Lo que discute y aprueba el poder legislativo no tiene que ver con lo que realmente se gasta. Lo cual significa que es irrelevante la aprobación del Congreso de su propuesta de presupuesto. Al final del viaje, el ejecutivo termina decidiendo todo sobre la política y forma del gasto. Y cuando un poder decide en solitario, termina decidiendo con arbitrariedad. Las cuentas públicas se aprueban en paquete y a mano alzada, con el acuerdo de la mayoría de los diputados que responden a los intereses del ejecutivo. Ello hace imposible que se abran investigaciones o evaluaciones rigurosas para revisar la diferencia de lo que el gobierno gastó, respecto de lo que el legislativo le aprobó. Mucho menos inducir a las llamadas investigaciones forenses o evaluaciones estratégicas. Nada de eso hemos visto de parte del legislativo. Como los diputados tienen interés en cubrir alguna de las cuentas, pues aceptan conjugar el verbo “cubrir”: yo te cubro, tú me cubres y nosotros nos cubrimos. Al final salen observaciones de las auditorías, pero suelen ser ignoradas.
Así las cosas, los diputados que pretenden entrar a la próxima legislatura, deben decirnos cómo piensan resolver este problema que, a todas luces, no es menor. La normatividad sobre planeación y rendición de cuentas debe cambiar.