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Estalinismo electoral

Estalinismo electoral

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la incorporación de Jaime Rodríguez Calderón a la boleta electoral presidencial no tiene pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico. Los magistrados Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto e Idalfer Infante simplemente le regalaron al gobernador nuevoleonés con licencia las 16 mil 656 firmas que le faltaban para alcanzar los 866 mil 573 apoyos ciudadanos necesarios para registrar su candidatura.
En su sentencia (SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-JDC-201/2018), los mismos jueces reconocen que El Bronco no alcanzó el número de firmas requeridas por la ley y que además cometió graves irregularidades en el proceso de reunir sus apoyos ciudadanos.
Para muestra un botón: por lo menos 11 mil 748 de sus supuestos apoyos son de personas que aparecen en el “padrón electoral” pero que no fueron incorporadas a la “lista nominal” de votantes porque los ciudadanos correspondientes nunca recogieron sus credenciales de elector en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Es decir, es materialmente imposible que esas personas hubieran expresado su apoyo a Rodríguez Calderón porque jamás recibieron las credenciales que les permitieran hacerlo. Nos encontramos frente a un indicio contundente de la comisión del delito de tráfico de datos personales, con la probable complicidad de funcionarios del propio INE. Lo mismo ocurre en el caso de Margarita Zavala, quien presentó también 13 mil 358 firmas de personas que nunca recibieron sus credenciales de elector.
Aun con las evidentes irregularidades en el proceso, los magistrados recurren al argumento espurio de que supuestamente el INE le violó a Rodríguez Calderón sus derechos de audiencia y al debido proceso.
En su sentencia, los magistrados proceden como si El Bronco fuera víctima de abuso de poder de parte de los consejeros del INE y que además contara con un derecho inalienable de aparecer en la boleta electoral, aun cuando hubiera hecho trampa. Los jueces olvidan que los verdaderos bienes jurídicos que deben tutelar son la democracia y el estado de derecho.
Queda perfectamente claro que la decisión fue única y exclusivamente política. Al parecer, alguno de los asistentes a la fiesta de los 70 años de Carlos Salinas de Gortari decidió que la inclusión de Rodríguez Calderón en la boleta ayudaría a restarle unos cuantos votos a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el norte del país, y los magistrados actuaron en consecuencia.
Pero, más allá del caso en particular, lo más llamativo de la situación es la exhibición pública de la existencia de un bloque mayoritario de cuatro jueces de consigna en el seno de la Sala Superior del TEPJF. Así como le regalaron suficientes apoyos a Rodríguez Calderón para que pudiera registrar su candidatura, y también se hicieron de la vista gorda respecto a las graves irregularidades cometidas por Zavala, desde ahora estos cuatro magistrados se preparan para alterar los resultados de la elección presidencial para evitar que López Obrador llegue a Palacio Nacional.
Recordemos que, de acuerdo con el Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde precisamente a la Sala Superior del TEPJF realizar el cómputo final de la votación para Presidente de la República, declarar la validez de la elección y finalmente entregar la constancia de mayoría al candidato ganador. El INE organiza los comicios y divulga los resultados preliminares, pero para la elección presidencial no cuenta con la facultad legal de pronunciar al ganador.
Es decir, en México la única forma para que un ciudadano pueda llegar a ser presidente de la República es si cuenta con la venia de por lo menos cuatro magistrados electorales. Ni una participación electoral masiva, ni un margen de victoria de millones de votos, ni enormes movilizaciones callejeras pueden obviar el requisito de también contar con una votación mayoritaria en el TEPJF.
“No importa quién vota, sino quién cuenta los votos”, decía Stalin. Así que lo único que tendrían que hacer Salinas de Gortari y los integrantes de la mafia del poder para garantizar que López Obrador no ocupe la Presidencia de la República es aplicar suficiente presión, por medio de una mezcla de incentivos monetarios y amenazas a la integridad física, para obligar a cuatro magistrados a votar contra el reconocimiento de la victoria lopezobradorista.
Pero lo más grave es que, en caso de nulidad de una elección, quien haya tenido su victoria anulada está impedido de participar en la elección extraordinaria inmediatamente posterior. El artículo 41 de la Carta Magna señala explícitamente que “en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.
Así que si la mayoría de magistrados de consigna decidiera anular el triunfo del tabasqueño, viviríamos de nuevo el escenario del desafuero de López Obrador, como en 2005. Aunque en esta ocasión sería mucho más difícil superar la prohibición para el candidato de Morena, ya que la inhabilitación de su postulación en la segunda vuelta habría sido dictada directamente por la Constitución.
Con razón los priistas todavía se ven tan optimistas, aun cuando la popularidad de su candidato está por los suelos. Saben bien que si no les salen las cuentas respecto a la compra masiva de votos, la corrupción de funcionarios de casilla y el terrorismo electoral, siempre podrán recurrir al plan B de simplemente tumbar la elección.
En ese caso “el tigre” evidentemente se despertaría y deambularía por los bosques, las ciudades, los litorales y las universidades del país. La voz de la indignación ciudadana se escucharía en el país entero. Pero ello les preocupa poco a los sectores más autoritarios y retrógradas del país, que simplemente se niegan a aceptar su derrota. Lo único que les importa a los mafiosos es el poder y el dinero, y están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para evitar perder sus privilegios.­ ■

www.johnackerman.blogspot.com

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