Ahora que han comenzado las campañas rumbo a la Presidencia de la República y demás cargos del orden federal, no caería mal a los candidatos, equipos de campaña y promotores de los mismos, que le dieran un vistazo al libro del Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Pedro Salazar Ugarte, El Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana, del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías, pues pareciera que a pesar de las reformas constitucionales y políticas que hemos realizado en los últimos cuarenta años no les han pasado por la mente a la hora de hacer propuestas a diestra y siniestra, sin explicar, por ningún lado (incluyendo los programas de gobierno), cómo deberán atender la constelación de entes públicos que hoy no dependen más del Presidente de la República, y que por el contrario, han surgido en el pleno ánimo de menoscabar su amplitud de funciones y facultades.
Ya lo escribía el propio Salazar Ugarte en un artículo reciente en El Financiero (¿Los tienen en WhatsApp?*) “Las tareas que realizan el Banco de México, el Inegi, la CNDH, el IFE, el Ifetel, la Cofece, el INEE, el INAI y, así sucesivamente, algún día fueron competencia del presidente de la República. Ello ha implicado una merma muy considerable a los poderes constitucionales del Poder Ejecutivo, que se perfeccionará cuando adquiera autonomía la Fiscalía General de la República (hoy PGR). De hecho, al menos en teoría, esos organismos nacieron para liberar del control político presidencial ciertas materias estratégicas para el desarrollo y la modernización del país. Se le conculcó al presidente la potestad de organizar las elecciones, de garantizar los derechos humanos, de generar la información estadística, de regular los medios de comunicación, etcétera. Ello para despolitizarlas y, en paralelo, para acotar y controlar las facultades de un poder que había nacido ‘supremo’ en la Constitución de 1917.”
Así pues no se entiende cómo el candidato del Frente (PAN-PRD-MC), propone llevar a la cárcel al actual Presidente, y no iniciar un proceso de investigación que posteriormente pudiera llevar al fincamiento de responsabilidades; se entiende que ha querido desprenderse del lenguaje (que no de las conductas) tradicionales, pero ha venido a caer en el absurdo de morderse la lengua, al distanciar en tan solo un par de minutos su amenaza (no es otra cosa, pues ni a propuesta llega), con su sí compromiso reiterado (y negado en los hechos y candidaturas conocidas y por conocer de quiénes lo postulan) de convocar a un “cambio de régimen”.
Del otro lado está la eterna propuesta de refundar (o regenerar, elija a gusto) un estado, a partir de un hombre y su visión, sus presumibles (pero críticamente dudosos) valores y su voluntad, su permanente incomprensión de las autonomías y de las tendencias que no se explican en los clásicos de los que nacieron las ideas de la división de poderes y el liberalismo democrático decimonónico.
Un pobre entendimiento del sistema presidencialista en general, pero también de su reciente reconfiguración en nuestra Constitución, podría no solo invocar nuevos problemas, sino generar y agravar las crisis institucionales ya existentes, al provocar constantes litigios y conflictos entre poderes, órganos constitucionales autónomos (OCAs) e incluso niveles de gobierno.
No hay ya un Presidente omnipotente salvo en la imaginación y ambición de algunos, que no se sostiene en el nuevo diseño constitucional al que hemos abordado, que se acerca cada vez más, con todo y sus inevitables descalabros, tropiezos y a veces hasta despropósitos, al modelo de democracia constitucional, también abordado de manera por demás interesante y oportuna por el Doctor Salazar Ugarte. ■
* http://elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/los-tienen-en-whatsapp
@CarlosETorres_
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