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A imponer la realidad democrática

A imponer la realidad democrática

Entre un sinfín de sucesos transcurren los inicios formales de unas elecciones de las que todo apunta pueden llegar a ser de gran relevancia para México y los mexicanos, todos; cuyo país, nuestro país y estado, hoy están siendo marcados por múltiples significaciones y apetitos que van desde la gestación de sucesos a los que se quiere sean de una gran relevancia política y hasta por cuestiones luego tan tradicionales hacen ver como desfasados a sus actores o como si fueran presa nerviosa de una gran complejidad a la cual no encuentra, cómo reducir o con la cual interactuar, a tiempo, dinámica y democráticamente, sin gran riesgo, porque lo único de lo que deberían cuidarse y de saber es que si no hacen eso de manera legal, legítima y democráticamente, con toda seguridad, irán directo a perder si se presentan alguna vez en las elecciones y en las urnas y eso no tendría por qué dar paso a esbozar elucubraciones de distinto tipo, porque si no reducen esa complejidad con criterios y significados auténticamente democráticos, serán barridos del escenario político e irán a parar “al basurero de la historia”.
En política, en tanto más democrática sea, ya no se podrá ir tan fácil, ni transitar, esperemos, de lo ilegal a lo violento, para intentar prevalecer, ni mucho menos medrar del statu quo, sin consecuencias, porque cada vez será más difícil que fracciones de ciudadanía se vieran motivadas a respaldaran eso, más bien pareciera sufrirían una derrota política y con ella se generaría la imposibilidad de rehacerse como personas respaldadas por fuerzas democráticas y no se podrían asentar con ese carácter en el corto tiempo que queda a este sexenio para que, como tal, se constituya en significación y base precisamente de las instituciones democráticas que realmente debemos tener y lo constituyan y promuevan como el imaginario de unas mayorías que hoy parecen más bien no reclamar sino cada vez más exigir lo básico a una coyuntura democrática como ésta y a la que se supone se abre e inicia por el respeto, no en general, sino en lo particular, como el respeto a las personas, quienes son las y los electores y de entre quienes tienen incluso que ser designados los candidatos por unos distintos partidos políticos de los cuales ya tienen tiempo de conocer, lo mismo sus virtudes que sus mañas, primero en las anteriores campañas y luego en la gestión de la que la normal ciudadanía como tal, no tiene control alguno ni dispositivos efectivos para castigar o congelar a los infractores a los vivales de la política, sean quienes sean, porque a partir de esta elección, la exigencia de rendición ciudadana y a la ciudadanía de las cuentas durante el transcurso de la gestión pública, ya no se va a esperar se haga en los informes de cada 3 o 6 años, sea municipio o estado., sino sea lo más continua posible.
Al contrario, si la dinámica política y ciudadana de hoy se asume como tal, tendrá que ser construida mediante incrementos políticos o de política, una, cuyas exigencias básicas y perentorias serán la rendición de cuentas y no una cualquiera, sino una que ocurra en períodos mucho más breves y diferentes por el trabajo continuado a mostrar, que la ya vetusta, relativa al informe anual.
Todo lo contrario, quienes lleguen a integrar la colegialidad institucional inmediata de los órganos de gobierno deberán de ser capaces y de estar dispuestos a hacer algo que tanta falta hace, política en tiempo real y con resultados efectivos, comprobables, es decir, si con esto se inaugurara el fin del rollo, esa será la mejor perspectiva política a construir con capacidad para generar de ese modo avances e incrementos políticos efectivos y generadores de una complejidad en movimiento con ningún otro signo que la de ser una política cívica y democrática, con ambos sentidos, de la base a la cúspide y al revés, con sanciones a quienes también incumplan la dinámica, aparte de las normales, por haber motivo.
¿A qué viene este alegato? Sencillo, el 2 de Abril de 2018, una nota del diario, La Jornada, publifica: “El PRI recibirá financiamiento público por $904.6 millones. A partidos, $3 mil 617 millones para convencer de que son la mejor opción.” ALONSO URRUTIA Y CORRESPONSALES. Pues, sí, con semejante cantidad a gastar se debe procurar observar, por parte de los partidos políticos, una disciplinada atingencia financiera, ética y política, para realizar unas consistentes campañas políticas para promover el voto. Y si así no lo hicieren, que el IFE y los ciudadanos se lo demanden, con algo radical: la pérdida del registro como partido político, en donde ocurran irregularidades.

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