El fondo de la disputa política.Un Estado mínimo o uno para la democracia

El fondo de la disputa política.Un Estado mínimo o uno para la democracia

El viernes pasado iniciaron formalmente las campañas para renovar los poderes federales, que terminarán el día primero de julio con la jornada electoral. La sociedad será bombardeada literalmente con millones de mensajes breves (SPOTS) de radio y televisión mediante los cuales partidos y candidatos intentarán desprestigiarse mutuamente y/o informarnos de sus promesas. Se dirigirán a un público desencantado de nuestra incipiente y débil democracia, e indignado por el fracaso gubernamental evidente ante los problemas que le quitan el sueño, y por su falta de interés y capacidad para convertir en realidad sus sueños colectivos. Ante la posibilidad de que la dispersión de los mensajes políticos produzca hartazgo y alejamiento del proceso en millones de ciudadanos, es importante que los medos escritos sometan a consideración del público los asuntos que configuran el fondo de la disputa política del momento. A ese propósito atiende esta colaboración.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los ciudadanos tenemos un derecho público e irrenunciable al Estado, pero no a cualquier Estado sino a uno consistente con la democracia, un Estado de y para la democracia. El Estado es el ancla indispensable de los diversos derechos de ciudadanía implicados y demandados por la democracia. Un “buen” Estado, es decir, un Estado consistente con la democracia, es un Estado que se inscribe en su propia legalidad, actúa y transforma por medio de sus burocracias y, junto con una sociedad civil presente y activa, se propone consolidar y expandir los derechos de ciudadanía implicados y demandados por la democracia. Un Estado que además de sancionar y respaldar los derechos de ciudadanía política implicados por un régimen democrático, por medio de su sistema legal e instituciones respalda una amplia gama de derechos emergentes de la ciudadanía civil, social y cultural de todos sus habitantes.

En consonancia con estas definiciones, asumamos que el gobierno es una parte fundamental del Estado, su cúpula institucional. Y que el régimen político consiste en un conjunto de instituciones, reglas y prácticas que regulan el acceso desde la sociedad a las más altas posiciones en el Estado. En un régimen democrático el principal canal institucional está integrado por partidos políticos que compiten libremente por ganar ese acceso. Bajo este régimen el resultado de esa competencia determina quiénes ocupan las posiciones gubernamentales facultados para tomar, o autorizar a otros funcionarios a tomar, decisiones que son normalmente emitidas como reglas legales vinculantes para la población y el territorio delimitadas por el Estado. En un Estado de y para la democracia funciona un régimen democrático y los gobiernos emanados del mismo, así como las burocracias y el sistema legal, están comprometidos con la vigencia y fortalecimiento constante de los derechos, lo que constituye la ciudadanía política, civil, social y cultural de todos sus habitantes.

Ese es el tipo de Estado dibujado en la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, complementado con reformas posteriores alentadas en los mismos principios, como las promulgadas por los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos para expropiar la industria petrolera y la industria eléctrica respectivamente. Por el contrario, desmantelar ese proyecto ha sido el propósito central del equipo de neoliberales que se apoderó de las riendas del poder durante la sucesión del presidente José López Portillo, en 1982, encabezados por Miguel de la Madrid Hurtado (al cual han pertenecido Salinas, Zedillo. Fox, Calderón y Peña). Para cualquier estudioso de la historia de México es claro que el régimen político construido por los triunfadores de la revolución no era democrático y la corrupción era el lubricante que permitía el funcionamiento del autoritarismo, sin embargo, el proyecto plasmado en la constitución preservaba los principios de justicia social y democracia que alentaron la lucha de los protagonistas de la Revolución Mexicana, además de instituir organismos responsables de garantizar los derechos humanos a todos los mexicanos. Eliminar esos principios de la Carta Magna e inhabilitar al Estado para garantizar la vigencia de derechos, ha sido el propósito detrás de la serie de reformas estructurales que los neoliberales han impulsado de 1982 hasta la fecha.

De lo dicho hasta aquí se deduce con toda claridad la disyuntiva que los mexicanos tenemos ante nosotros: admitimos el continuismo neoliberal permitiendo la consolidación del desmantelamiento de las instituciones garantes de los derechos, y la profundización de la descomposición generalizada propiciada por la corrupción política y la impunidad rampante que nos agobia o, por el contrario, mediante el voto, asumimos de nuevo la soberanía popular para desmantelar la red de redes de corrupción administrada desde la Presidencia de la República, y para depositar las riendas del poder del pueblo en manos de un nuevo equipo consciente del reto gigantesco que tenemos enfrente, y del significado histórico que tendrá la derrota de los neoliberales: el pueblo de México habrá reasumido cabalmente su soberanía y aprehendido la dura lección de que no debe abandonar nunca más sus responsabilidades ante los asuntos públicos. Los reportes de las casas encuestadoras indican la alta probabilidad de que el continuismo neoliberal será derrotado. ■

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