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Gobierno de Corral acepta que el narco impone políticos

Gobierno de Corral acepta que el narco impone políticos
"Por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, yo te nombro a ti, libertad", se lee en la tumba de Miroslava Breach. Foto La Jornada

Ciudad de México. Informes del gobierno de Javier Corral Jurado reconocen que el grupo delictivo Los Salazar es capaz de influir en la designación de representantes políticos y funcionarios de elección popular, y en el ámbito municipal especialmente en lo que se refiere a seguridad y contratación de obra pública en municipios serranos.

A ese respecto, el mandatario chihuahuense admitió recientemente que cuenta con poca capacidad para sustituir a los integrantes de corporaciones municipales infiltradas por los grupos delictivos.

La información que el gobierno de Chihuahua ha compartido y obtenido de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) señala que el grupo Los Salazar, que encabeza Crispín Salazar, está vinculado al cártel de Sinaloa, y tenía como líder de plaza en los municipios de Chínipas, Guadañares y Urique a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio de la corresponsal de La JornadaMiroslava Breach Velducea.

La descripción gubernamental que elaboró la administración de Javier Corral señala también que El Larry opera en las comunidades de Chínipas, Témoris y Bahuichivo, y extiende su control hasta el estado de Sonora, en los municipios de Álamos y Quiriego.

Moreno Ochoa fue detenido la madrugada del pasado 25 de diciembre por elementos de la Policía Federal en Etchojoa, Sonora, con base en una orden de aprehensión girada por un juez de control con sede en Chihuahua por el homicidio de Miroslava Breach.

Trasiego hacia Arizona

Los informes a los que La Jornada tuvo acceso señalan que las autoridades de Chihuahua tienen conocimiento de que Los Salazar controlan la siembra, el cultivo y la cosecha de mariguana y amapola, así como el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, específicamente al estado de Arizona.

Esta organización en varias ocasiones ha sido acusada de ejecuciones de personajes públicos como son periodistas, activistas y abogados; es el caso de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota el 2 de abril de 2005 en Sonora, así como de la ejecución del activista Nepomuceno Moreno Núñez el 28 de noviembre de 2011 en Hermosillo, Sonora, y del abogado Rubén Alejandro Cepeda Leos, el 20 de noviembre de 2011 en la ciudad de Chihuahua, indican los informes gubernamentales.

Los reportes agregan que en 2017 –primer año completo del mandato del panista Javier Corral– la organización de Los Salazar se ha fortalecido, y de nueva cuenta está operando en donde ha sido la región de su predilección, el sur de Sonora, Navojoa, Álamos, Quiriego, en colindancia con las localidades de Moris, Chínipas, Guadañares y Urique, en Chihuahua.

La información precisa que este grupo delictivo mantiene el control de las actividades comerciales, productivas y turísticas de la región, designando qué empresas o quiénes operan como prestadores de servicios, y que sus métodos de control incluyen infundir temor a la población mediante la amenaza, la agresión física, el despojo, incluso la muerte de opositores a sus actividades.

Estos documentos añaden que Wilberth Jaciel Vega Villa, otro de los señalados por las autoridades de Chihuahua como partícipe en el homicidio de Miroslava Breach, forma parte de los hombres que tienen actividades de coordinación, control y administración de Los Salazar.

Javier Corral declaró el pasado 23 de marzo, tras comentar el avance de las investigaciones del caso de Miroslava Breach, que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene pendiente la investigación por delincuencia organizada “porque se sabe perfectamente que estas gentes de Hugo… este Jaciel Vega Villa, que este Larry, forman parte de los sicarios de este cártel de Los Salazar y ahí la PGR pues no ha hecho nada. No hace nada”.

Ese mismo día, en una segunda entrevista al mandatario estatal los periodistas locales le preguntaron:

–Gobernador, hablando de Los Salazar, Miroslava decía que toda la policía de Chínipas tenía vínculos con este grupo, ¿por qué el estado no ha intervenido en esta corporación?

–Bueno, nosotros hemos intervenido en las corporaciones para hacer sustituciones de policías y estamos en plan de sustitución en varios municipios, no de la manera como quisiéramos, porque tenemos poca fuerza policial.

Ha venido siendo por etapas, esa es la verdad, y no responde solamente a intervenir un municipio; en realidad las intervenciones nuestras atienden a zonas, a un ámbito mucho más amplio, hoy todavía no hemos terminado la labor que iniciamos en otras zonas del estado, también por eso estamos tratando de reclutar más elementos, más policías, más agentes, más ministeriales, pues para reforzar las capacidades de la fiscalía, porque sí tenemos poca fuerza policial para hacer estas sustituciones.

Acerca de la policía de Chínipas, el vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Alfredo Piñera, uno de los testigos protegidos por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua en la investigación del homicidio de la corresponsal de La Jornada, declaró ante las autoridades ministeriales locales que el ex alcalde Hugo Amed Schultz le mencionó: individuos vinculados a la delincuencia organizada, a través de su director de Seguridad Pública, le habían advertido que si no demostraban que ellos no filtraron información a Miroslava Breach, los iban a chingar.

El 23 de marzo de 2017 en toda la entidad sólo fue asesinada una mujer, Miroslava Breach, según datos de la fiscalía estatal, y las investigaciones refieren que en ello participaron Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, y Wilberth Jaciel Vega Villa.

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