Las paradojas de la diversidad sexual en las elecciones legislativas mexicanas del 2018

Las paradojas de la diversidad sexual en las elecciones legislativas mexicanas del 2018

El 18 de febrero pasado el partido político mexicano Movimiento Regeneración Nacional, Morena, reveló su lista de candidatos plurinominales a las diputaciones federales. Un nombre resonó de manera especial entre los interesados en los temas de diversidad sexual: Reyna Celeste Ascencio Ortega, mujer indígena, lesbiana y activista. Su posicionamiento en la tercera diputación plurinominal de la quinta circunscripción hace que su nombramiento sea prácticamente inminente (Morena cuenta en la actualidad con cinco diputados plurinominales en esta circunscripción y el impulso de la elección presidencial augura mejores resultados en las elecciones del 2018). El estudio del caso de Morena es relevante porque es el único partido que pone a un candidato LGBT en las listas plurinominales en una posición tan alta. El otro partido con un candidato LGBT tan destacado para las elecciones legislativas federales de este año es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la candidatura al Senado de la República —por la vía plurinominal— de la activista Adriana Ortiz Ortega. No obstante, está colocada en la cuarta posición y al día de hoy dicho partido solo tiene tres senadores plurinominales.
La candidatura de Reyna Ascencio se puede leer de dos maneras: 1) como una muestra de que Morena se toma en serio su adopción de la bandera de la diversidad sexual, o 2) como un intento desesperado por acarrear los votos «diversos» en las próximas elecciones. Se debe buscar un balance entre ambas posiciones. No se trata de desacreditar la importancia de este hecho ante los activistas de la diversidad sexual, sino colocarlo en un contexto amplio en el que estas políticas se presentan como una variable fundamental para entender las dinámicas de la política mexicana contemporánea. Además, se inscribe en un momento crucial, pues ya se dictaron las primeras tendencias con las listas de legisladores plurinominales, pero falta poco menos de un mes para que se determinen las candidaturas por mayoría relativa, y hay un amplio número de precandidatos con identidades de género y sexualidades diversas.

Morena y la apuesta por la diversidad
Desde un análisis comparado, en la actualidad los partidos políticos mexicanos protagónicos (PRI, PRD y Morena) mantienen un discurso a favor (o al menos neutro) ante los derechos de las personas con identidades de género y sexualidades diversas. La única posible excepción es el Partido Acción Nacional (PAN) dada su alineación católica, se sabe que por esta razón la agenda salió del cuerpo programático del Frente. Este balance partidista es el resultado de múltiples factores internos y externos al sistema de partidos, nacionales e internacionales; y gubernamentales y civiles.
Quiero poner énfasis en el caso de Morena. En su estatuto fundacional, Morena incluyó una Secretaría de Diversidad Sexual en la estructura administrativa del partido. Convirtió la lucha LGBT en la lucha de Morena. La efectividad de esta acción se puede ejemplificar por las respuestas de los otros partidos políticos. La principal fue la creación de la Secretaría de Diversidad, Igualdad e Inclusión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en mayo del 2015, a menos de un año de la fundación de Morena.
Es importante aclarar que la acción de Morena no se puede explicar sin ubicarla dentro de una trayectoria vasta en favor de la diversidad sexual que inicia con el PRD en la Ciudad de México. Basta recordar que el PRD fue el partido que hasta el 2015 tenía el monopolio de los legisladores federales LGBT, los tres eran diputados federales (Patricia Jiménez, 1997; David Sánchez, 2003, y Enoé Uranga, 2009) y llegaron por la ruta plurinominal. La continuidad entre las políticas de ambos partidos se explica por el perfil de los militantes del PRD que se incorporaron a Morena desde su creación, en particular, por la figura de Andrés Manuel López Obrador. Los otros dos legisladores federales LGBT en la historia mexicana son el diputado del PRI, Benjamín Medrano —electo en 2015 por mayoría relativa— y el diputado de Morena, Sergio René Cancino —que asumió el puesto en el 2016 por licencia del titular de la diputación por mayoría relativa—.
La narrativa tradicional LGBT recalca la importancia de estos políticos en México por su excelente historial en el impulso de las causas propias de la agenda de la diversidad sexual. Dos ejemplos son: la aprobación de la propuesta de David Sánchez en la Cámara de Diputados en el 2006 para que el 17 de mayo de cada año se decretara como el «Día Nacional de Lucha contra la Homofobia» y la inclusión de mecanismos para el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas LGBTTTI en la Constitución de la Ciudad de México bajo el liderazgo de la integrante de la Asamblea Constituyente, Lol Kin Castañeda. No sería adecuado afirmar que estas acciones sean el resultado de la acción individual de los funcionarios LGBT, sino que el hecho de que exista una representación facilita que el tema de la diversidad sexual sea discutido, que ellos sean los portavoces de las leyes de diversidad sexual sin repercusiones políticas y que al existir una votación se genere un costo al oponerse a una resolución en esta materia. Además, como la mayoría de los políticos LGBT de Morena y del PRD vienen de una tradición de activismo, entonces los grupos de la sociedad civil organizada a favor de la diversidad sexual generan canales de comunicación directos con sus representantes.
Sin embargo, sería erróneo decir que estos representantes LGBT solo representan a los intereses de la población con identidades de género y sexualidad diversas. En realidad, los diputados LGBT del ámbito federal han logrado la aprobación de sus propuestas de reforma a leyes vigentes sobre la vida pública en México en aspectos como la cultura, el deporte, el medio ambiente, el sistema electoral, la violencia, entre otros.
A manera de ejemplo:
a) Sergio René Cancino propuso en abril del 2017 la reforma al artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para asegurar una cuota de uno por ciento de la matrícula en todos los niveles del sistema educativo nacional a las personas con discapacidades.
b) Enoé Uranga fue, en el 2012, la encargada junto con las diputadas Beatriz Paredes y la diputada Yolanda de la Torre de tipificar el delito de discriminación que modificó al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
c) Benjamín Medrano en el 2015 propuso la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que para otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que, por su actividad profesional, contribuyan a fortalecer la cultura física en pro de la disminución del sobrepeso y la obesidad.
También sería equivocado decir que solamente los legisladores LGBT introducen y promueven la agenda de la diversidad sexual. Uno de los casos más emblemáticos en este punto es la senadora federal del PRI, Carmen Dorantes Martínez. Ella propuso o artículo en el 2017 dos de las reformas más esperadas de la agenda de la diversidad sexual: propuso la reforma a la ley general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la del Seguro Social para que uno de los cónyuges en un matrimonio del mismo sexo pueda afiliar al otro; y defendió en el pleno la reforma constitucional para reconocer el derecho de identidad de género de la comunidad trans. Otro ejemplo es el diputado federal del PRD, Vidal Llerenas Morales. Todavía queda en la memoria colectiva su discurso en el Pleno después de la muerte de Juan Gabriel: “El mejor homenaje a ‘Juanga’ es aprobar el matrimonio gay”. En el ámbito local de la Ciudad de México destaca el impulso de David Razú al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por último, uno de los cambios fundamentales en la política mexicana a partir de este nuevo paradigma de la diversidad es que los partidos políticos condenan las acciones en contra de la diversidad sexual, como sucedió en Tabasco con la diputada local de Morena, Candelaria Pérez Jiménez, que declaró que preferiría que no existieran los gays; o las castigan, como ocurrió con la destitución de la diputada local campechana de Morena, Adriana Avilés por votar en contra de la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en la entidad. Las condenas se hacen tanto por los militantes del partido como por los directivos, mientras que los castigos los llevan a cabo instancias como la Comisión de Honor y Justicia del partido. Esta tendencia no es solo de Morena, basta recordar la solicitud de disculpa de la Secretaría de Diversidad, Igualdad e Inclusión del PRI al excandidato por la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, por sus declaraciones homofóbicas.

El México ¿diverso?: una apuesta a medias
Una pregunta fundamental: ¿por qué en la actual legislatura (LXIII) no hubo un diputado «diverso» por Morena? En efecto, el único diputado federal LGBT de Morena, Sergio René Cancino, era suplente en el momento de las elecciones y tomó su cargo hasta después de que el diputado electo por mayoría relativa, Cuitláhuac García Jiménez, pidió una licencia. En contraste, el PRI lanzó en las elecciones pasadas a un candidato por una diputación de mayoría relativa: Benjamín Medrano.
El movimiento del PRI fue arriesgado, era la primera vez que un candidato LGBT iba a las urnas. Al mismo tiempo, Benjamín Medrano era el candidato perfecto, era el primer presidente municipal LGBT electo y era el prototipo del «homosexual modelo»: varón, blanco, educado y adinerado. Con el triunfo de Medrano, el PRI mostró que Morena y el PRD ya no tenían el monopolio de las políticas revolucionarias de la diversidad sexual.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados respondió con la propuesta del matrimonio igualitario en diciembre del 2015. No obstante, la propuesta fue rechazada. Otra vez, la incapacidad de Morena por lograr consensos fue capitalizada por el PRI. En mayo del 2016 el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, propuso una serie de reformas de ley que, entre otras materias, incluía al matrimonio igualitario. Pero la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta.
Hasta aquí son evidentes las contradicciones entre el discurso y la acción, al tiempo que se modela la forma como las políticas de la diversidad pueden generar disputas partidarias. Propongo cuatro puntos clave de reflexión. En primer lugar, poco significa una Comisión Nacional de Diversidad Sexual en Morena si no existen acciones concretas que promuevan la participación y la no discriminación de los sujetos con identidades de género y sexualidades diversas. La experiencia de la primera elección federal de Morena muestra que el camino plurinominal no era la ruta del partido, pese a ser la única hasta ese momento que permitía su participación legislativa. De hecho, suena oportunista que la candidatura de Reyna Ascencio llegó solo cuatro días después que un grupo de activistas, académicos y artistas acusaron en una carta a Morena de excluir a la población diversa. Esta afirmación se fortalece por la declaración de Reyna Ascencio en una entrevista con desastre.mx, en la que sostiene que la nominación fue repentina, una decisión directa de Andrés Manuel López Obrador, y que no estaba en sus planes.
En segundo lugar, proponer iniciativas de ley ya no es suficiente para que un partido político en México pueda decir que hace algo en favor de la diversidad sexual. Es necesario que logren el consenso y se aprueben. Al existir al menos tres partidos en juego con la diversidad, PRD, PRI y Morena, mientras las reformas no lleguen, la movilización de la bandera de diversidad sexual no es inmediata.
El tercer punto de reflexión es que ya no queda claro que Morena sea la alternativa prometida de la diversidad sexual. En este punto hay dos lecturas. La primera es que otros partidos políticos, como el PRI o el PRD, pueden capitalizar la lucha de la diversidad y, ante la presión, Morena debe innovar y actuar. La recompensa es grande en términos de legitimación y de popularidad. Una segunda lectura es que el panorama actual está en contra de la diversidad. Hasta el momento los políticos mexicanos han podido mantener posturas contradictorias en materia de diversidad sexual sin costos reales. Revertir esta tendencia solo será posible si la sociedad civil organizada y los electores consideran los debates en torno a la diversidad sexual.
Por último, en el caso particular de las elecciones del 2018, Morena se alineó con el partido conservador de corte cristiano Partido Encuentro Social (PES) en casi todas las candidaturas al Congreso de la Unión, con excepción de ocho distritos electorales y de una entidad federativa. El PES se declaró institucionalmente en múltiples ocasiones en contra de la diversidad sexual. Este movimiento obliga a cuestionar cualquier explicación racional detrás de las políticas de la diversidad sexual, ni Morena deja de apoyar la diversidad sexual por este movimiento, ni el PES cambiará su postura cristiana. En cambio, permite entender cómo esta agenda se traslapa con otros intereses partidarios (como el registro para PES, el número de spots y el acarreo de votos para Morena), al tiempo que muestra la porosidad de las interpretaciones por «ideales» partidarios (el conservadurismo en el caso del PES y la diversidad sexual en Morena).

Balances y perspectivas
Dos elementos saltan a la vista: que existe un discurso a favor de la diversidad sexual en el juego político de los partidos políticos en México, con ciertos costos por ser disidente, y que este discurso favorable en el caso de Morena parece estar motivado por razones estratégicas más que por una voluntad real. Los retos actuales del discurso de diversidad sexual radican en la creación de consensos, en mantener viva la agenda y en crear alternativas. La trayectoria histórica de la lucha por la diversidad en la Cámara de Diputados da algunas lecciones: 1) que existen estrategias para llegar a la Cámara de Diputados, tanto por la vía plurinominal como por las urnas, 2) que la acción legislativa de los diputados federales LGBT no se restringe a la temática LGBT, 3) que la sociedad civil organizada es un actor fundamental para la aprobación de las propuestas de ley en el Congreso de la Unión, 4) que los diputados y senadores federales LGBT son estratégicos para articular la relación entre sociedad civil y los partidos, y 5) que un discurso público de los partidos y sus candidatos favorable hacia la diversidad sexual no es suficiente para la aprobación de las reformas de diversidad sexual.
Sin embargo, el análisis de la sexualidad en el discurso partidario también permite rastrear algunas de las contradicciones que existen cuando un tema tan polarizado y tan transversal surge en la arena de la política contemporánea. Una conclusión es clara: la bandera de la diversidad sexual en México ya no es gratuita. ■

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