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Ausencias

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La mayoría de los universitarios no participa con fervor en la vida de su sindicato (50% de abstención en el último proceso de emplazamiento a huelga) y la oposición prefiere organizarse de manera coyuntural, aunque las diversas minorías que la integran negocian con la primera minoría privilegios y descargos de responsabilidad. Por tanto, el sector organizado de docentes es diverso, atravesado por múltiples intereses que requieren conciliación o un medio institucional de dirimir los conflictos derivados de esa pluralidad. El método típico de las autoridades para mediar ha sido la negociación al margen de la legalidad con los supuestos líderes de grupos, lo que contribuye al descredito de las instituciones de la UAZ y a la mediocridad de las administraciones universitarias porque la oposición no asume su papel como censor de las actividades de la rectoría. Tal estilo de conducción se volvió necesario con las modificaciones a la Ley Orgánica derivadas del Congreso General de Reforma de 1999, porque en ellas se construyó un Consejo Universitario con representación casi paritaria delas autoridades (el rector y los directores) y los estudiantes, pero con muy pobre presencia de los docentes y los trabajadores, por lo que los espacios institucionales de discusión se redujeron para clausurarse cuando los directores descubrieron cómo manipular a su conveniencia los Consejos de Unidad. No hay en la universidad una esfera donde se discutan los problemas, en sus diferentes niveles, con los docentes de a pie, todo queda en el ámbito restringido de las autoridades centrales y de cada Unidad. Por eso resulta importante el primer lineamiento que establece el rector para la reforma de la universidad, que dice: “la autonomía responsable, plural y crítica”, que se traslapa con el punto 5 donde se menciona que otro tema por debatir es el “gobierno democrático y participativo”. Lo que ya se tiene, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica, es la obligación de organizar el gobierno en forma democrática porque la pluralidad de ideas y posiciones políticas es característica de la comunidad universitaria, así que las formas de gobierno verticales, monolíticas, sin fisuras, de “unidad”, quedan descartadas. Aunque es esa pluralidad la que los universitarios no pueden sobrellevar por vías institucionales debido a la composición de los consejos y al estilo de conciliación de conflictos fundado en la figura del rector, no en la de las votaciones o las instituciones. Si se ven las cosas así es claro que se necesita una mayor representación de los docentes en los órganos de decisión. Problema aparte es si, cuando estén ahí, logran construir una oposición exigente. En resumen: los docentes carecen de medios de participar en el gobierno de la universidad. Otro de los resultados de la reforma de 1999 fue la creación de medios para que los docentes y estudiantes se puedan defender de las autoridades que vulneren sus derechos. Un capítulo de causas de responsabilidad y otro de procedimientos para aplicarlas forma parte del paquete que otorga, por decirlo así, “derechos civiles” a los universitarios para defenderse contra sus gobernantes, mientras que la creación de la Defensoría Universitaria lo completa. Aquí se manifiesta un ideal liberal. Raro será encontrar un ideal socialista en la configuración jurídica de la universidad. Tampoco se nota preocupación por parte de la rectoría de discutir el asunto de los abusos de las autoridades, de la inseguridad en las aulas o de la violencia. Quizá desde la atalaya que ocupan los miembros de la administración central esos problemas no existen, y dado que los universitarios no tienen una participación significativa más allá de lo político es casi imposible que esos temas queden en la agenda de la posible reforma. El SPAUAZ también contempla mecanismos para sancionar a las autoridades en caso de abuso, pero ahí es sintomático que su aplicación sea selectiva, casi una determinación del secretario general. Sin discusión, cuando fungió de secretario general, Crescenciano Sánchez utilizó esa figura para dejar sin “derechos sindicales” a varios directores. Y en esa práctica ha continuado Pedro Martínez, actual secretario general, porque ignorando los estatutos deja sin esos derechos a la directora de la Unidad de Filosofía. He ahí los abusos que quizá se reproduzcan en la Defensoría, pero eso no lo sabemos de cierto. El tema más delicado, y ausente de los lineamientos de la reforma, es el que concierne a las condiciones laborales de los docentes. O para usar un término diferente: la calidad de vida de los docentes en sus centros de trabajo. Como hemos sostenido a lo largo de muchos artículos, las condiciones de vida, y las perspectivas de mejoramiento de los agremiados al SPAUAZ son casi nulas porque se han ido cancelando con el argumento de que “no hay recursos”. Conseguir recursos es un tema que domina las acciones de las autoridades y cuya prevalencia ha legitimado la conversión del SPAUAZ en testaferro de hacienda y el ISSSTE, cuando el tema medular debería haber sido el cómo conseguir que los docentes ejerzan sus prestaciones a cabalidad. A todas luces es necesario reformar, pero una reforma donde se consiga más dinero para la universidad dejando a los docentes a la deriva será incompleta.

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