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Ciudadanía y (la poca) observación electoral

Ciudadanía y (la poca) observación electoral

Hace apenas unos años las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, así que no había posibilidad de mostrar o hacer evidente un fraude electoral. El secretario era designado por el Presidente y controlaba todo el aparato. Un partido era dueño del gobierno, y por lo mismo las elecciones eran controladas por un partido (el PRI). El principio fundamental de una competencia electoral: la simetría y equidad entre contendientes, era inexistente. La lucha por la democratización de las elecciones tenía una meta muy clara: ciudadanizar los órganos electorales, o en otras palabras, que las elecciones no las organizaran ni los gobiernos, ni los partidos, sino los ciudadanos. Era el supuesto básico para lograr la simetría y equidad en dichos procesos.
Un fraude implica que uno de los actores tiene la posibilidad de hacer trampa y, por lo mismo, vencer la objetividad que da la imparcialidad ciudadana. Así, podemos establecer la relación inversamente proporcional entre la posibilidad de fraude y la participación ciudadana. Por lo tanto, entre más participación menos posible el fraude. Los órganos electorales son asediados por los intereses partidarios, cada vez hacen más esfuerzo y maromas para controlar a los consejeros y la imparcialidad de los procesos. Hay una puja entre intereses partidarios y ciudadanía electoral.
Los mecanismos de fraude son muchos. No sólo se refiere a aquellos que hicieron leyenda de robo de urnas o cambio burdo de actas o la célebre operación tamal o el ratón loco. Sino cosas más sofisticadas. Algoritmos en los sistemas de conteo, o formas de viciar la voluntad popular como la compra de votos o la coacción de estos. El uso de los programas de gobierno como la promesa adelantada de futuros apoyos: se levantan las listas de beneficiarios de programas, y si gana el candidato oficial, se cumple con el beneficio de dicho programa. Hay ahora mecanismos que incluso son poco rastreables, o de plano, indemostrable su mal uso. Por ello, la vigilancia de los programas de gobierno, la observación de los acarreos y su consecuente documentación, la posibilidad de atrapar a los compra-votos (que generalmente lo hacen en efectivo) y así, poner un ojo-grande en las elecciones para inhibir lo más posible la mecánica de la trampa. Se requiere un ejército de ciudadanos para lograr elecciones limpias, donde los votos emitidos sean la expresión de la voluntad del votante, no la expresión del abuso de las necesidades básicas de la población empobrecida. La cantidad de ciudadanos que deberán estar inscritos como funcionarios de casilla es enorme. Pero falta aun que se apunten voluntarios como observadores electorales. Una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil se han incorporado a las campañas, por ello observamos pocos ciudadanos organizados haciendo el papel de ciudadanía imparcial. Esperamos que nuestros cálculos no sean correctos y veamos inscribirse muchos más observadores y vigilantes electorales. El ojo de la justicia está medio cerrado.

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