Apostar a un nuevo fraude es jugar con fuego

Los mexicanos vivimos tiempos difíciles; la falta de credibilidad en la clase política, en los partidos y en las instituciones estatales es una expresión de la crisis de representación política acompañada por inseguridad y violencia, corrupción e impunidad crecientes, con atropellos frecuentes de los derechos humanos y cancelación de derechos civiles y ciudadanos. Las reformas estructurales neoliberales avanzan anulando conquistas históricas que considerábamos intocables: los derechos laborales; el derecho a la educación y la cultura; el control del Estado sobre los recursos naturales; el acceso a la salud y a las jubilaciones. La reforma energética enajena los recursos petroleros y al sector energético, que durante décadas habían sido un pilar del desarrollo nacional, y los ponen en manos del gran capital, principalmente extranjero; el campo vive los estragos del abandono por la falta de apoyos y por la cancelación de las instituciones financieras y de desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, que hoy son indispensables para impulsar la producción de alimentos y el desarrollo social y humano de la población y para garantizar el dominio nacional sobre el territorio y asegurar la soberanía nacional. El legado de más de tres décadas de neoliberalismo está a la vista del mundo: impunidad, corrupción e inequidad, creciente dependencia del exterior, así como agotamiento y erosión de su aparato institucional. Todo ello causa una desafección creciente de los ciudadanos ante el débil estado de derecho, lo que explica su renuencia a denunciar los delitos y a participar en la vida democrática.
Tal como lo señala la agrupación Por México Hoy, la aplicación del modelo neoliberal ha significado una agresión para la mayoría de los mexicanos. La violencia que azota al territorio nacional todos los días y en gran escala tiene raíces estructurales que son consecuencia del desmantelamiento y la corrupción del Estado. El narcotráfico y la ilegalidad han echado raíces: las mafias han ocupado los vacíos que dejaron las instituciones del Estado, y los inmensos recursos que genera la producción, tráfico y consumo de drogas acompaña en algunos espacios a la economía que se basaba en la generación de alimentos. Las ganancias de la economía ilegal han penetrado todos los niveles de gobierno y del sistema financiero, diluyendo las fronteras entre las instituciones públicas y el crimen organizado. Fortunas de origen ilícito circulan en la banca nacional e internacional, se reciclan en los diversos ramos de las industrias, deforman la vida política y corrompen el sistema de partidos, envenenando a los cuerpos de seguridad del Estado y sometiendo al sistema de justicia a sus intereses. El crimen organizado controla regiones, ciudades y municipios e incursiona en todos los mercados delincuenciales. Ofrece empleo a jóvenes de las ciudades y el campo que no tienen acceso a la educación ni al trabajo digno, mientras que los códigos de pertenencia, prestigio social y auto estima no son aportados por la cultura, el deporte o el trabajo, sino por la subcultura del crimen organizado, lo que ha conducido a miles de ellos a desafiar al orden establecido arriesgando su propia vida.
La debilidad del Estado de Derecho y la crisis de la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos no son casuales, sino que derivan del modelo concentrador del poder y la riqueza aplicado por los neoliberales del PRI y del PAN, a partir de 1982; desde entonces el pueblo de México ha venido resistiendo en distintas formas y desde distintas trincheras. Se escuchan múltiples voces de inconformidad, indignación y reclamo, y se agudizan conflictos sociales que requieren de procesos de diálogo y solución complejos. En respuesta, los gobiernos con su ineptitud y falta de visión, han optado en repetidas ocasiones por criminalizar las protestas sociales y abrir el paso a la represión. La reciente aprobación contra viento y marea de la Ley de Seguridad Interior sólo tiene una lectura: la élite del poder se prepara para llevar la represión a niveles insospechados.
En este contexto cobra mucho sentido la advertencia hecha por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la convención de los banqueros celebrada hace unos días en Acapulco: “Si hacen otro fraude, yo me voy a Palenque (a su rancho llamado La chingada); que quien suelte al tigre, que lo amarre”. Seguramente que el candidato puntero en las encuestas recordó el estado de ánimo prevaleciente entre sus seguidores después de las jornadas electorales de 2006 y 2012, y los insistentes reclamos de núcleos muy significativos de compañeros que argumentaban que la élite del poder en México no es democrática y que no está dispuesta a perder sus privilegios por la vía electoral. El mismo reclamo que escuchamos en 1988 dirigido a Cuauhtémoc Cárdenas quien, igual que AMLO en su oportunidad, evitó que el tigre se soltara conduciéndolo a renovar la esperanza de cambio por la vía pacífica. Es tiempo de que los integrantes de la élite del poder y los mexicanos en general reconozcamos el gran servicio a la patria prestado por esos dos mexicanos, sin perder de vista que hoy el horno está más caliente que nunca y que nos toca impedir el fraude a todas las personas que deseamos el cambio. ■