En universidades de Granada y Tokio sí hay protocolos para intervenir en casos de acoso

En la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio y la Universidad de Granada sí existen instancias y protocolos de actuación para intervenir en casos de acoso u hostigamiento sexuales que afectan a los integrantes de la comunidad universitaria, desde hace más de una década.
Junko Kume, docente investigadora en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio comentó que en aquella institución desde hace 10 a 15 años se estableció un comité que atiende todas las variantes de acoso, incluida la sexual, a la que puedan acudir tanto alumnos, profesores y trabajadores.
La medida fue implementada en esa época con carácter obligatorio en todas las instituciones de educación superior de aquel país, así como una serie de normas interiores al respecto.
Desde esa instancia se efectúan investigaciones que se asientan en un informe “y si se considera necesario lo llevamos a juicio o tomamos una medida legal”.
Previamente los casos son atendidos por una psicóloga especializada en el tema, de cuya consulta puede derivarse la decisión de la víctima de acudir al comité, algo que implica que los asuntos se hagan públicos y desalienta ocasionalmente la denuncia.
La tendencia actual al interior de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio es el decremento de los casos de acoso sexual cometidos por profesiones hacia alumnas, pero está aumentando el que los que se cometen entre estudiantes así como el acoso académico, “que quiere decir que un profesor rechaza a un alumno o impide su desarrollo”.
Junko Kume dijo que en Japón “muchas veces las víctimas –de violencia sexual- no quieren luchar hasta el final por presión social y falta de apoyo”.
Aunque existe ese comité que sistematiza el tratamiento de los casos en la práctica “no funciona bien porque las personas tienen miedo de ser señaladas o discriminadas”.
“Aparte del acoso en sí mismo, sufren posteriormente el desinterés y frivolidad de la gente. No consiguen apoyo. Muchas veces ese es el problema”.
Dijo ahora respecto de los agresores, que sí es mal visto que un maestro cometa acoso u hostigamiento sexual y que la conducta sí implica su despido, pero que muchas veces los casos no se hacen públicos y quedan en términos del rumor, reiteró, porque opera la presión social en contra de las víctimas para realizar la denuncia.
Por su parte, Margarita Sánchez Romero, profesora en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, dijo que la institución cuenta con una Unidad de Igualdad desde la que se han elaborado desde hace entre 10 a 12 años, planes para este propósito dirigidos a la comunidad universitaria y en los que se integraba el tema del acoso sexual.
Sin embargo es apenas a inicios del 2017 que se implementó el primer protocolo sobre acoso sexual con el que se buscó fundamentalmente “proteger a la víctima desde el minuto uno” y acompañarla en el proceso hasta el final.
Esto es, aunque los casos deriven además de su tratamiento al interior de la universidad en la inhabilitación del agresor, en caso de que sea docente, se intenta que culminen en una denuncia penal.
Refirió como antecedente el caso de otra universidad española en que el agresor se mantuvo en su puesto de trabajo mientras que las víctimas, dos mujeres, tuvieron que salir una del país y la otra dejar la institución, “hasta que no se emitió una resolución judicial”.
“Esas señoras se encontraron absolutamente solas en la universidad (…) ni siquiera los propios compañeros las apoyaron. Si tú en tu departamento no tienes la gente que te apoya y este tío es magnífico y es maravilloso, y es un gran docente, pues te terminas yendo. Precisamente ese fue uno de los elementos importantes que hizo que Granada tuviera su propio protocolo contra el acoso”.
El sistema intenta dar la “suficiente seguridad y cobertura a la persona que denuncia para que no se sienta abandonada, ninguneada en ese proceso. Se le acompaña constantemente y se le anima a que continúe con esa denuncia”.
En la elaboración del protocolo intervinieron activamente los profesores, pero sobre todo las asociaciones de alumnos y especialmente las alumnas, e implica el anonimato del denunciante y del presunto acosador, en un primer momento.
“Se respeta mucho la opinión” de la víctima respecto de acompañarla “hasta donde quiera llegar (…) si la persona no quiere seguir por la vía judicial, obviamente no se les puede obligar”.
El procedimiento incluye todos los comportamientos que son considerados acosos u hostigamientos sexuales, incluido el caso de dar calificaciones académicas menores a las mujeres por el hecho de serlo, que es una forma en que los profesores ejercen su poder hacia ellas.
El director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada es un hombre, Miguel Lorente, antropólogo y médico que fue secretario de Estado en la cartera de Igualdad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “él está especialmente preocupado por el tema del acoso y de él salió la iniciativa”.
La Universidad de Granada además, es una de las pocas en España que tienen en su rectoría a una mujer, Pilar Aranda, quien “está siempre volcada a esto”.
La institución fue fundada en 1531 y cuenta actualmente con 60 mil alumnos y entre 3 mil a 4 mil docentes.
“Una universidad tan grande y tan antigua tiene todavía algunas cuestiones retrógradas pero son las menos (…) el protocolo se ha acogido muy bien en general, y sobre todo las alumnas están fortalecidas en ese sentido”.
Junko Kume y Rin Odawara, esta última quien también participó en esta entrevista con la traducción al español de sus opiniones por la primera, y Margarita Sánchez Romero, se encuentran en Zacatecas convocadas por el tercer Congreso de Internacional de Historia de las Mujeres y Estudios de Género que organiza la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de su Maestría y Doctorado en Historia.