Ciudad de Méxco. Organizaciones integrantes del colectivo Seguridad sin Guerra acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la Ley de Seguridad Interior (LSI) implica el riesgo de agravar las violaciones a las garantías básicas que han cometido las Fuerzas Armadas al realizar tareas de seguridad pública, además de supeditar a las autoridades civiles a las militares.
Durante una audiencia pública realizada en Bogotá, Colombia, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil subrayaron que el despliegue de miles de elementos castrenses, en el contexto de la llamada «guerra contra el narco», ha dejado un número cada vez mayor de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Una muestra de ello, enfatizaron, es que existen 2 mil 800 denuncias ante la Procuraduría General de la República por casos de tortura cometida por militares, además de que se han registrado al menos 118 desapariciones y 91 ejecuciones sumarias.
La LSI, indicaron, normaliza la actuación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública que no les corresponde, permite la subordinación de las autoridades civiles ante las militares y reserva automáticamente toda la información de operativos castrenses, con el sólo hecho de declararlos como actividades de «seguridad nacional».
El propio ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, envió un mensaje en video a la CIDH en el cual manifestó su preocupación por el riesgo de que la LSI vulnere los derechos básicos y altere el equilibrio entre el gobierno federal y los estatales y municipales.
En respuesta, la delegación del Estado mexicano subrayó que la principal fuente de violencia en el país son los grupos del crimen organizado y enfatizó que con la LSI, la intervención militar tendrá un carácter temporal, limitado y subsidiario, únicamente cuando las fuerzas policiales civiles no tengan suficiente capacidad para resolver amenazas por sí mismas.
De igual forma, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto no utilizará las facultades de la LSI mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no termine de analizar su constitucionalidad, y destacó que la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es una tendenciamundial, cómo lo comprueba la presencia del Ejército en aeropuertos de países europeos.
Ante ello, el colectivo Seguridad sin Guerra insistió en que la participación del Ejército no ayuda a resolver crisis de seguridad pública, sino a agravarlas, y le solicitó a la CIDH que le solicite a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el tema.
