El 19 de febrero de 2018 comenzó el proceso de reforma de la UAZ en el teatro Calderón. En el acta del Consejo Universitario del 1 de febrero consta que se presentaron ante el pleno del Consejo los “Principios Generales de la Reforma Universitaria” y fueron aprobados por unanimidad. Estos principios, explicados por el rector como se consigna en el acta circunstanciada, no constituyen un método para organizar la reforma porque son afirmaciones muy generales que podrían ser temas de mesas de trabajo. Los críticos de la reforma han aducido que no existe una metodología, pero olvidaron las palabras del rector: “…se trata de generar un proceso que mantenga la universidad en movimiento, para ello hemos trabajado diez principios generales que le vayan dando forma a las actividades. No podemos perder tiempo armando una comisión general de la que emanen las comisiones de trabajo…”. La propuesta es clara, aunque aquí hemos cambiado la redacción para darle mayor contundencia, son los principios generales, coordinados al Plan de Desarrollo Institucional. Desde los que se generará la nueva propuesta de universidad. Aquellos que recuerden la reforma de 1999 apreciaran una crítica hacia el camino seguido en aquella ocasión, que consistió en establecer una comisión general operativa, una comisión de ediciones, una serie de comisiones de trabajo organizadas por las actividades sustantivas y adjetivas, así como un procedimiento de discusión colectiva en el que los disensos se resolvían en un plebiscito. Hoy esto está ausente porque se parte de principios generales, no se dice cómo se llevará a cabo la discusión ni cómo se resolverán los disensos. Al procedimiento de plebiscito se le puede criticar su populismo, pero también que nadie le hace caso porque, aunque la comunidad universitaria apoyó en su mayoría el voto no ponderado y el pase automático, estas demandas no se implementaron así que el dispositivo fracasó en su cometido. De cualquier manera, lo establecido en el acta y los diez principios son insuficientes para llevar a cabo una reforma. Por su parte los actores políticos tampoco parecen muy convencidos. En La Jornada del 21 de febrero Carlos Fernando Aréchiga, ex contendiente a la rectoría, indica queantes de pensar en una reforma se debe corregir la corrupción, lo que es una manera brusca de negarse al proceso. Francisco Luna Pacheco, Coordinador del Área de Ciencias de la Salud, declaró que espera un nuevo modelo educativo y de gobierno, lo que pasa por revisar la Ley Orgánica y el modelo UAZ Siglo XXI (La Jornada24/02/18). Quizá lo peor que se puede hacer en la presente circunstancia es no participar en un proceso de cambio porque desde cualquier escorzo la universidad lo necesita. La confusión reside en qué es lo que se debe reformar y cómo. El tema del modelo UAZ Siglo XXI deja ver la complejidad del asunto porque, a la fecha, son pocos los que lo conocen a cabalidad y muchos los que creen que ha fracasado sin saber de qué trataba. Sin embargo, el intento de implementarlo sí fracaso sin que haya acuerdo acerca del porqué. Otro tanto puede decirse de la Ley Orgánica porque la propuesta de un cambio en el procedimiento de elecciones debe fundamentarse y ofrecerse una alternativa. Muchos quieren una suerte de democracia, otros prefieren evitar el escándalo de las elecciones sugiriendo juntas de gobierno. Un tema aún más relevante es el de las relaciones entre la universidad y los sindicatos porque una reforma debe contemplar los contratos colectivos y los límites que desde ellos se imponen a cualquier reformismo. ¿Se respetarán esos límites o se contempla una alteración en la depauperada condición laboral de los agremiados al SPAUAZ y STUAZ? Al llegar a este punto podemos ver que una reforma implementada desde la administración central que no tome en cuenta las organizaciones gremiales se topará con problemas más allá de la simple anuencia de los secretarios generales, para los que existen mecanismos de control. Una reforma debería contemplar la mejora en las condiciones laborales de los docentes, no la centralización en temas abstractos para ir cambiando esas condiciones sin que lo noten los involucrados. Es decir: ¿cuánto conflicto se puede esperar de una reforma y cómo se puede controlar? Desde esta óptica la posposición de la ruta para lograr la transformación de la universidad es una estratagema para ir negociando en los distintos frentes y obtener consensos en varios temas previo a la apertura del proceso. Si no se consiguen esos consensos el proceso puede seguir, pero controlado por la rectoría sin abrirlo a la comunidad universitaria o haciéndolo de manera restringida. No está de más recordar que los procesos de reforma son inducidos desde el gobierno del Estado o el gobierno federal o ambos con objetivos precisos. Casi se puede decir que el Congreso de 1999 tenía la finalidad de obtener una nueva Ley Orgánica, lo que explicaría en parte porqué el resto de las directivas se ignoró, o se llevaron a cabo con tanto descuido. Las reformas son oportunidades de reflexión y acción, aunque también sirven para manipular a la población con fines poco claros. Esperemos que en la UAZ no sea un pretexto para ir dejando pasar el tiempo en lo que llega el 1 de julio. ■
