México cae al lugar 135 en el Índice de Percepción de la Corrupción

México cae al lugar 135 en el Índice de Percepción de la Corrupción

A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, México cayó a la posición 135 de un total de 180 países evaluados en materia anticorrupción. Asimismo, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29 en una escala donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Estos resultados ponen de manifiesto que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción y que persiste la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.
Durante la capacitación denominada “Retos y desafíos del Sistema Estatal Anticorrupción” en materia de responsabilidades administrativas e investigación, realizada este miércoles, Jehú Salas Dávila, coordinador jurídico de Gobierno del Estado, destacó que “en este momento ya no nos encontramos en el proceso de diseño, sino de implementación del Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción”.
“Es el momento en el que las voluntades realmente se manifiestan, en que el compromiso de todos se debe ver reflejado, pero sobre todo la convicción de transformar la realidad que se vive en México y Zacatecas. En nada abonan las voces que descalifican al sistema ni las voces de desprestigio a las instituciones”, expresó.
Recordó que el primer paso para combatir la corrupción en México fue aceptar y asumir la magnitud del problema, pues los daños y perjuicios causados por estas prácticas son muy altos.
“Entonces nuestras acciones dejaron de ser aisladas e iniciamos con una cruzada para erradicar esta práctica de nuestra vida social. El ejercicio fue de tal magnitud que las instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, empresariales, académicas y organismos internacionales trabajamos de la mano para tener un producto constitucional, legal y operativo que permitiera luchar en contra de la corrupción”, expresó Salas Dávila.
En ese sentido, dijo que en Zacatecas se implementaron las reformas necesarias para integrar el primer Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde participan la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado, a fin de expedir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Justicia Administrativa, la Leu de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.
Por su parte, Raquel Velasco Macías, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Zacatecas, manifestó la necesidad de diseñar políticas públicas mediante las cuales sea posible evidenciar las causas que general las faltas administrativas y los hechos de corrupción, identificar el conjunto de agentes que incurran en esas conductas, calcular en términos económicos el costo que implica la comisión de estas conductas e implementar medidas de ajuste al funcionamiento del sistema para su mejora constante.
“El estado se encuentra en una profunda reforma al andamiaje institucional responsable de hacer frente a la corrupción. La publicación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción implica el seguimiento de un nuevo paradigma en el que un conjunto de actores públicos y privados tienen la corresponsabilidad de prevenir, detectar, disuadir y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos bajo un esquema de permanente coordinación”, explicó.
Manifestó que ello implica que cada uno de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción debe contar con capacidades institucionales plenas y consolidadas que les permita realizar sus actividades cotidianas en forma eficiente, además de fomentar mecanismos de participación ciudadana y de gobierno abierto.

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