La ASF y el mecanismo de fuga de los recursos públicos

La Auditoría Superior de la Federación hace más de mil 500 auditorías al año. Se aprueban los presupuestos sobre una serie de objetivos, metas y programación de gastos, y después se presenta la cuenta pública que nos dice lo que realmente se gastó. Entre lo que se presupuestó y lo que realmente se gastó hay diferencias importantes. Y la Auditoría revisa en las llamadas “auditorías de desempeño” si se alcanzaron las metas que dijeron que iban a alcanzar con esos recursos, en la revisión “al gasto federalizado” revisan los fondos federales que los estados y municipios ejercen en diferentes ramos. No auditan todo, sino sólo ciertas cosas que funcionan como una muestra. También hacen una cosa que suena curioso pero es muy interesante, las llamadas “investigaciones forenses”, que se llevan a cabo para determinar el modus operandi de lo que se localizó como delito. Impresiona saber que la Auditoría da evidencia de malos manejos de los recursos públicos, y de todos modos puede no pasar nada, como el escandaloso caso de Veracruz, donde la Auditoría tenía reportados desfalcos desde el 2013, y nada ocurría en las instancias de procuración de justicia.
Dijimos arriba que el presupuesto y la cuenta pública no coinciden. Y los gastos más dudosos y donde se encuentran los mayores casos de “por recuperar y aclarar” es justo en aquellos que son adicionales a los presupuestados. Más del 50 porciento de los gastos adicionales están en duda. El mecanismo viene desde las leyes de ingresos: se proponen a la baja, y como se recauda más de lo proyectado, entonces entra la discrecionalidad de las decisiones de los funcionarios clave sobre el destino de dichos recursos, y resulta que en el siguiente tramo surgen las irregularidades. Por ello, es claro que para remediar el tema se debe atender el método de construcción del ciclo presupuestal. No sólo la manera de disuadir el ejercicio de la corrupción cuando los recursos están disponibles. En otras palabras, se debe evitar que haya el menor monto posible de recursos disponibles, lo cual significa cerrar la brecha entre presupuesto y cuenta pública. Es enorme el monto de los recursos ‘adicionales’ que simplemente no se sabe dónde está y en qué se aplicó. Lo que sale del presupuesto se hace humo.
Como podemos observar, el tema va más allá del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se dirige hacia el ciclo presupuestal. De manera esencial los cálculos de la ley de ingresos y la asignación de los recursos adicionales. Ahí parece estar el quid del asunto. El SEA es un mecanismo que opera ex-post al ejercicio del dinero; y requerimos mecanismos que sean ex-ante. Y esos están en las metodologías de construir la totalidad del presupuesto. Ahora nos enteramos que en Zacatecas para el 2016, la afectación fue de 1,653 millones de pesos, una verdadera fortuna.