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La regidora independiente al ayuntamiento de Zacatecas, Emilia Pesci Martínez, dijo que es ilegal el procedimiento que para la instalación de parquímetros en el Centro Histórico de Zacatecas realiza la presidenta municipal, Judit Guerrero López.
Expuso en conferencia de prensa que la empresa APARKO ya estaría contratando personal femenino para que funjan como supervisoras de manzana a fin de vigilar “la dinámica de los estacionamientos del primer cuatro de la ciudad”.
“Tenemos en nuestro poder un audio de una entrevista de trabajo que la empresa hace a una persona en la que le señala que se entrará en operación a finales del mes de febrero, y lo asegura como tal, dice que habrá un periodo de capacitación” que habría iniciado el pasado lunes.
No obstante lo anterior, apuntó que este proceso se realiza violando los artículos 151 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, pues no se ha aprobado el tema en la Legislatura del estado ni se ha tratado en comisiones al interior del ayuntamiento y mucho menos ha sido votado por las dos terceras partes del cabildo como se especifica debe ocurrir legalmente.
Precisó que “para los efectos de este tipo de concesiones y contratos, no aplican montos mínimos para licitación, invitación o adjudicación directa; en el caso de los servicios públicos municipales, todo tipo de concesiones debe licitarse públicamente”.
Pesci Martínez se refirió asimismo al proceso de privatización del territorio, bienes y espacios públicos del país en el que inscribió el tema de los parquímetros, pues dijo que la administración municipal pretende que los poco más de 2 mil cajones de estacionamiento ubicados en el primer cuadro de la ciudad que hasta este momento había usado la población de manera gratuita ahora le implicarían un costo de 8.54 pesos por hora, cuota que precisó se especifica en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2018.
También informó que los ingresos por este concepto, que ubicó en el orden de los 50 millones de pesos anuales, no beneficiarían de manera principal al ayuntamiento de Zacatecas sino en este caso a la empresa APARKO.
“La mejor negociación se nos comentaba, que se ha tenido hasta el día de hoy, habla de un 60 por ciento para la empresa y un 40 por ciento para el ayuntamiento”.
Apuntó también que hasta este momento se desconoce cuál será el mecanismo de recaudación derivado de la instalación física o el uso virtual de parquímetros, pues aunque pudiera proponerse como una infracción de tránsito, el ayuntamiento de Zacatecas dado el convenio existente con la Secretaría de Tránsito no tiene facultades para el cobro de multas, y recordó que en caso de que no se pague por el espacio “se habla de la instalación de inmovilizadores” en los vehículos, actividad de la que presuntamente se encargaría personal de la presidencia municipal.
En caso de que los autos se mantengan con este dispositivo habrá que “llamar” a la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad.
Sobre el tema que Judit Guerrero López ha abordado en “diversas reuniones en las que se han presentado proyectos de diversa naturaleza” pero que ha tenido como constante el que tanto la alcaldesa como el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Joshua Mendoza Jasso, insistan en que la instalación de los parquímetros sean físicos o virtuales “se haría con cargo al erario y que serían administrados por la presidencia municipal”, aún quedan “muchos cabos sueltos”, puntualizó.
Habló de falta de claridad en este asunto que no obstante ha implicado ya la intervención de Guerrero López a modo de presentación de Luis Aude, representante de APARKO ante las cámaras empresariales.
El pasado miércoles comentó, se llevó a cabo una reunión en la sede de la Canacozac a efecto de que el empleado de la empresa explicara el funcionamiento de la aplicación móvil que sirve para operar las cocheras, misma en que la persona dio por sentado que la instalación de sus sistemas en Zacatecas seria “inminente”.
Emilia Pesci denunció también que el actuar de Joshua Mendoza Jasso se inscribiría en la usurpación de funciones, pues el secretario de Desarrollo Económico y Turismo estaría haciéndose cargo de contrataciones “que no tienen prácticamente nada que ver con el área en la que él labora”.
“Está buscando los mejores precios por ponerlo en estos términos”, de asuntos como las luminarias o los parquímetros, las primeras que deberían ser responsabilidad de Servicios Públicos Municipales mientras que los segundos corresponderían a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o la Tesorería municipal, expuso.
Por todo ello anunció que buscará que la Contraloría inicie una investigación, e interpondrá asimismo una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa “para que se finquen responsabilidades contra los responsables de estos hechos”.
Emilia Pesci dijo que personalmente considera incorrecta la privatización de los espacios públicos, tema del que trajo a colación el caso de las mil 320 licencias de alcohol de un total de mil 517 que posee la empresa Cervezas Modelo de Zacatecas, esto es, 9 de cada 10 de las que operan en la ciudad capital.
“Sin embargo sé bien que una vez aprobándose en el cabildo por mayoría –el tema de la concesión a alguna empresa por los parquímetros- vendría un proceso de licitación”.
Mencionó sobre las distintas formas en que se ha propuesto el abordaje del asunto de los parquímetros, que el pasado 8 de febrero vecinos y comerciantes del CHZ hicieron una solicitud por escrito al ayuntamiento para solicitar que el ordenamiento de los cajones de estacionamiento por este método les fuera concesionado a estos últimos o bien a personas de Zacatecas mediante un fideicomiso del que ya había hablado la presidenta municipal, “y no a una empresa privada”.
Dijo que también ha habido propuestas de investigadores integrados al Conacyt y desde las universidades para desarrollar una aplicación que pudiera operar el propio Ayuntamiento de Zacatecas.
“Las opciones existen”, expuso, pero el procedimiento que se ha seguido “en tanto no exista una aprobación del Cabildo como ya mencionaba y una licitación pública, el ayuntamiento está incurriendo en una ilegalidad al asignar una obra de esta naturaleza, un proyecto de esta naturaleza a una empresa privada”.
Y en caso de que ya se hubiera firmado un contrato entre las partes, también observó, “sería doblemente o muchísimo más grave de lo que estamos señalando en este momento”.
Expuso en conferencia de prensa que la empresa APARKO ya estaría contratando personal femenino para que funjan como supervisoras de manzana a fin de vigilar “la dinámica de los estacionamientos del primer cuatro de la ciudad”.
“Tenemos en nuestro poder un audio de una entrevista de trabajo que la empresa hace a una persona en la que le señala que se entrará en operación a finales del mes de febrero, y lo asegura como tal, dice que habrá un periodo de capacitación” que habría iniciado el pasado lunes.
No obstante lo anterior, apuntó que este proceso se realiza violando los artículos 151 y 187 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, pues no se ha aprobado el tema en la Legislatura del estado ni se ha tratado en comisiones al interior del ayuntamiento y mucho menos ha sido votado por las dos terceras partes del cabildo como se especifica debe ocurrir legalmente.
Precisó que “para los efectos de este tipo de concesiones y contratos, no aplican montos mínimos para licitación, invitación o adjudicación directa; en el caso de los servicios públicos municipales, todo tipo de concesiones debe licitarse públicamente”.
Pesci Martínez se refirió asimismo al proceso de privatización del territorio, bienes y espacios públicos del país en el que inscribió el tema de los parquímetros, pues dijo que la administración municipal pretende que los poco más de 2 mil cajones de estacionamiento ubicados en el primer cuadro de la ciudad que hasta este momento había usado la población de manera gratuita ahora le implicarían un costo de 8.54 pesos por hora, cuota que precisó se especifica en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2018.
También informó que los ingresos por este concepto, que ubicó en el orden de los 50 millones de pesos anuales, no beneficiarían de manera principal al ayuntamiento de Zacatecas sino en este caso a la empresa APARKO.
“La mejor negociación se nos comentaba, que se ha tenido hasta el día de hoy, habla de un 60 por ciento para la empresa y un 40 por ciento para el ayuntamiento”.
Apuntó también que hasta este momento se desconoce cuál será el mecanismo de recaudación derivado de la instalación física o el uso virtual de parquímetros, pues aunque pudiera proponerse como una infracción de tránsito, el ayuntamiento de Zacatecas dado el convenio existente con la Secretaría de Tránsito no tiene facultades para el cobro de multas, y recordó que en caso de que no se pague por el espacio “se habla de la instalación de inmovilizadores” en los vehículos, actividad de la que presuntamente se encargaría personal de la presidencia municipal.
En caso de que los autos se mantengan con este dispositivo habrá que “llamar” a la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad.
Sobre el tema que Judit Guerrero López ha abordado en “diversas reuniones en las que se han presentado proyectos de diversa naturaleza” pero que ha tenido como constante el que tanto la alcaldesa como el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Joshua Mendoza Jasso, insistan en que la instalación de los parquímetros sean físicos o virtuales “se haría con cargo al erario y que serían administrados por la presidencia municipal”, aún quedan “muchos cabos sueltos”, puntualizó.
Habló de falta de claridad en este asunto que no obstante ha implicado ya la intervención de Guerrero López a modo de presentación de Luis Aude, representante de APARKO ante las cámaras empresariales.
El pasado miércoles comentó, se llevó a cabo una reunión en la sede de la Canacozac a efecto de que el empleado de la empresa explicara el funcionamiento de la aplicación móvil que sirve para operar las cocheras, misma en que la persona dio por sentado que la instalación de sus sistemas en Zacatecas seria “inminente”.
Emilia Pesci denunció también que el actuar de Joshua Mendoza Jasso se inscribiría en la usurpación de funciones, pues el secretario de Desarrollo Económico y Turismo estaría haciéndose cargo de contrataciones “que no tienen prácticamente nada que ver con el área en la que él labora”.
“Está buscando los mejores precios por ponerlo en estos términos”, de asuntos como las luminarias o los parquímetros, las primeras que deberían ser responsabilidad de Servicios Públicos Municipales mientras que los segundos corresponderían a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o la Tesorería municipal, expuso.
Por todo ello anunció que buscará que la Contraloría inicie una investigación, e interpondrá asimismo una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa “para que se finquen responsabilidades contra los responsables de estos hechos”.
Emilia Pesci dijo que personalmente considera incorrecta la privatización de los espacios públicos, tema del que trajo a colación el caso de las mil 320 licencias de alcohol de un total de mil 517 que posee la empresa Cervezas Modelo de Zacatecas, esto es, 9 de cada 10 de las que operan en la ciudad capital.
“Sin embargo sé bien que una vez aprobándose en el cabildo por mayoría –el tema de la concesión a alguna empresa por los parquímetros- vendría un proceso de licitación”.
Mencionó sobre las distintas formas en que se ha propuesto el abordaje del asunto de los parquímetros, que el pasado 8 de febrero vecinos y comerciantes del CHZ hicieron una solicitud por escrito al ayuntamiento para solicitar que el ordenamiento de los cajones de estacionamiento por este método les fuera concesionado a estos últimos o bien a personas de Zacatecas mediante un fideicomiso del que ya había hablado la presidenta municipal, “y no a una empresa privada”.
Dijo que también ha habido propuestas de investigadores integrados al Conacyt y desde las universidades para desarrollar una aplicación que pudiera operar el propio Ayuntamiento de Zacatecas.
“Las opciones existen”, expuso, pero el procedimiento que se ha seguido “en tanto no exista una aprobación del Cabildo como ya mencionaba y una licitación pública, el ayuntamiento está incurriendo en una ilegalidad al asignar una obra de esta naturaleza, un proyecto de esta naturaleza a una empresa privada”.
Y en caso de que ya se hubiera firmado un contrato entre las partes, también observó, “sería doblemente o muchísimo más grave de lo que estamos señalando en este momento”.
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