Vocación innovadora de la UAZ: entrega rector iniciativa para reforma institucional

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Qué hace prosperar a las sociedades? Pues nada menos que el conocimiento y su aplicación en todas las esferas de la vida. Desde esa óptica, sin dudarlo, también podemos afirmar que la universidad pública es un elemento clave en el desarrollo de los pueblos. De su excelencia depende que los países puedan construir una masa crítica de profesionales al servicio del bienestar nacional.

A partir de que la Revolución Mexicana plasmó sus logros en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos −promulgada el 5 de febrero de 1917−, hasta mediados de los años 70 prevalecieron en el país las políticas económicas propias del Estado de bienestar, gracias a las cuales se institucionalizaron los derechos sociales; es decir, se garantizaron estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación, educación a todo ciudadano, como derecho político y no como beneficencia. Fue en ese entonces cuando la universidad pública ejerció su función como ascensor social, ya que una gran parte de estudiantes mejoraron su nivel académico en relación con el de sus padres, lo que contribuyó a lograr una mayor estabilidad política y el mantenimiento de la paz social.

En la década de  1980, la clase gobernante en México adoptó el modelo económico neoliberal impulsado por los países desarrollados, cuyo esquema de acumulación de grandes capitales y empresas monopólicas de bienes, servicios y riquezas trabaja en coordinación con los organismos financieros internacionales (FMI,BID y BM) que dictan nuevas políticas a cambio de capital y apoyo técnico hacia países satélites; además, controlan la autonomía de los países subdesarrollados para facilitar la entrada de capitales extranjeros −valga mencionar lo que ocurre aquí con lo que fue en el ayer nuestro petróleo y nuestras minas−, lo cual genera consecuencias como el crecimiento del desempleo; cambios en las políticas de protección laboral y formas de contratación, por ejemplo los “outsourcing” (subcontratación o tercerización); bajos salarios; crecimiento del mercado informal y menor inversión en los beneficios sociales; aumento desmedido de la criminalidad y desprotección de las clases vulnerables; nulo apoyo al sector primario −actividades productivas para obtener materias primas como la agricultura y la minería−; así como dependencia productiva y alimentaria (actualmente en México el 75% de las importaciones agroalimentarias proviene de EU).

El neoliberalismo dejó de regular a la sociedad. “El Estado de bienestar de los ciudadanos pasó a ser un Estado de bienestar de las empresas. Nunca se otorgaron tantos incentivos a las empresas como hoy” (Boaventura, 2001:1).

Obviamente la globalización y el neoliberalismo afectan gravemente al sector educativo. Aludiendo específicamente a la educación superior pública, el lingüista, politólogo, filósofo y activista, Noam Chomsky, en marzo de 2014, durante una reunión con el Sindicato Universitario de Pittsburgh, en EU, señaló: “El neoliberalismo tomó por asalto a las universidades”. A consecuencia de ello tienen vigencia contratos inestables; profesores temporales (su estabilidad laboral pende de un hilo); flexibilización laboral –eliminación de las regulaciones para contratar y despedir empleados−; sobrecarga de trabajo; salarios injustos; aumento de puestos administrativos y burocráticos; autoritarismo y exclusión; jóvenes sometidos a la presión de los créditos y las deudas; precios cada vez más elevados; precarización de la enseñanza y el aprendizaje –convertir algo en precario, inseguro y de poca calidad.

Bien se ha dicho que todo esto sucede cuando las universidades se convierten en empresas, como ha ocurrido las últimas décadas, cuando el neoliberalismo ha ido tomando por asalto cada una de las dimensiones de la vida. Esta es una fase de transiciones múltiples. En el plano mundial asistimos a un reordenamiento general del sistema de poder.

Desde luego, los efectos del ejercicio neoliberal del gobierno actual ya los están padeciendo varias universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas cuya falta de financiamiento en buena medida  le impide realizar con excelencia sus funciones sustantivas, a lo que hay que agregar que es insuficiente el fondo para pago de prestaciones sociales, como las pensiones.

Tal crisis financiera no es coyuntural, sino que se viene arrastrando desde años atrás, a consecuencia, entre otras causas, del crecimiento acelerado de su matrícula. En 2017, por ejemplo, el 16% de los jóvenes y adultos, a nivel nacional, tiene estudios de licenciatura; se trata del porcentaje más bajo entre los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La semana pasada el rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández, entregó un documento al Honorable Consejo Universitario con propuestas integrales para hacerle frente a esta compleja situación. Continuaremos el tema en la próxima emisión de este espacio.

Así se observa el mundo desde El Mirador de Heródoto.

*Cronista de la UAZ

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