La Constitución expresa un diseño de Estado. A 101 años del Congreso constituyente podemos decir que la actual carta magna es otra. El proyecto social que se expresaba como producto de la Revolución Mexicana y lo que actualmente tenemos es otra cosa. La diferencia se debe esencialmente al ascenso de los gobiernos neoliberales que orientaron los destinos del país por rumbos contrarios al espíritu de justicia social que animó al constituyente del 17. Pero, además, los cambios no han sido por la discusión sistémica del documento en su conjunto, sino que se ha modificado por partes que, además, ha generado el problema de la exhaustividad en las nuevas propuestas de redacción y fraseo que pervierten la función genérica de este documento primario.
Un problema central ha sido la construcción de un documento que produce desencanto, porque afirma derechos que en realidad no se cumplen. Esto es, que una vez puestos en la carta o en el articulado constitucional, no se continúa con el proceso instituyente que le dé realidad a lo que ahí se puso como norma. Si el contenido constitucional no se cumple, significa que en sentido estricto no son normas, sino simples proclamas. Una norma (en sentido estricto) tiene los medios previstos para su cumplimiento. Por ello, una reforma constitucional debe detonar un proceso instituyente de los medios que la hagan realidad. De lo contrario, son vacías proclamas que provocan desencanto en la población. Como consecuencia de esto, tenemos en México una profunda crisis de estatalidad: un Estado horadado y sin efectividad.
Ninguna fuerza política nacional ha reclamado la necesidad de un nuevo constituyente como parte de los ofrecimientos programáticos del proceso electoral. Pero tampoco se han abordado propuestas para ordenar la carta magna, ni de generar las estrategias para enfrentar la crisis de estatalidad que mencionamos. Algunos actores sí han insistido en la necesidad de caminar a formatos estatales semi-parlamentarios, para que la pluralidad democrática no se limite a las cámaras de representantes, sino que llegue a la conformación de los gobiernos. Así las cosas, el objetivo sería convertir los programas de gobierno en procesos democráticos y no meras acciones autárquicas propias de gobiernos unitarios. Es decir, hay muchas tareas sobre el ordenamiento constitucional que le espera al nuevo gobierno y a las nuevas mayorías políticas: coherencia interna del documento, discutir la incidencia neoliberal para modificarla, efectividad de la norma y la separación entre norma constitucional y leyes generales, federales y reglamentaciones.
En suma, hace falta plantearse en serio un proceso de Ordenamiento Constitucional frente a un proyecto de nación post-neoliberal, que prevea una profunda reforma institucional que haga realidad los derechos sociales y humanos expresados en la constitución. Esperamos que al iniciar las campañas formalmente aparezcan elementos y ejes programáticos que apunten en este sentido. Nos urge superar la gran noche neoliberal y poner orden en el país sobre la base de un proyecto de nación progresista e igualitaria.
