Ya se debe elegir al Fiscal del estado, en sustitución del Procurador, y al Consejo Ciudadano para conformar las piezas del sistema estatal anticorrupción. La pregunta inicial es sobre los perfiles que deben tener las personas que conformen dichas funciones. Es claro que, con la misma espontaneidad, se responde que deben ser “independientes” al Ejecutivo. Esto último está fuera ya de la discusión, sólo algún temeroso por la investigación de los casos de corrupción podía oponerse a ello. Sin embargo, la pregunta interesante ahora es, ¿cómo conseguir ese perfil de independencia del Ejecutivo? ¿Independencia respecto a qué? Pues a los casos de investigación: que no intervenga el interés de gobierno al momento de fincar responsabilidades. Que esté fuera del cruce de intereses políticos o de grupo o de facción. En este caso, independencia sí es igual a mayor garantía de objetividad, de verdad y de castigo a culpables. Lo cual es el mejor inhibidor de los comportamientos indeseables.
Así las cosas, la siguiente pregunta es, ¿qué factor incide más en el rompimiento de la autonomía de las funciones de este tipo de órganos? Es cosa de ver la experiencia del Congreso legislativo para responder esa pregunta. Y el factor que hace que no haya autonomía del poder legislativo respecto al gobernador lo constituye la pertenencia al mismo partido político, que construye compromisos y lealtades que están sobre las funciones institucionales. Por tanto, el rasgo esencial de los personajes que funjan en las funciones aquí comentadas es que No deben pertenecer al mismo partido político que el gobernador o a los círculos políticos concéntricos al mismo. Pero eso es un rasgo del currículum no-formal de los aspirantes, y por tanto tiene varias dificultades para su uso como criterio de selección. Aunque no es imposible encontrar formulaciones o fraseos en las reglas de selección para cubrir esa preocupación. Como es rigurosamente posible demostrar que la cercanía de militancia entre los aspirantes y el gobernador, es un factor de rompimiento de la independencia de los órganos mencionados, se puede prohibir que aquellos que en su trayectoria tengan cercanía política con el mandatario, puedan aspirar a la fiscalía o al consejo ciudadano. La pertenencia a círculos políticos va más allá de los registros de militancia. Ahí la dificultad. Por carecer de un registro de militancia a Meade se le llama “ciudadano”, cosa curiosa y poco rigurosa: ¿eso hace que no tenga intereses compartidos con el presidente? Evidentemente no. Porque pertenece a sus grupos de poder aun cuando no haya llenado un registro ante el partido político. En suma, la pertenencia a los círculos concéntricos del interés político del gobernador juega como factor que elimina la posibilidad de autonomía de los órganos que deben ser independientes. Por ello, debe elegirse al fiscal con ese criterio sobre la mesa. Los requisitos más formales de estudios y comprobación de capacidades pasan a segundo término. La sabiduría práctica o prudencia ahora mismo debe ponerse en obra si queremos que las instituciones se fortalezcan y avancemos en la lucha contra la corrupción. Una esfinge tebana debe cuestionar a los aspirantes.
