La inseguridad y la violencia son hijas de la corrupción y la impunidad

La organización empresarial que agrupa a la mayor parte de los constructores en la entidad ha publicado un comunicado reclamando seguridad a las autoridades, con lo que ahora unen sus voces a las del sector educativo, de los taxistas, y de miles de personas víctimas de la violencia creciente en nuestra entidad. El manifiesto público de los constructores es una respuesta provocada por diversas agresiones sufridas por varios de sus integrantes y, en nuestro concepto, debería ser el inicio de una reflexión colectiva acerca de la eficacia de la estrategia en la materia seguida por las autoridades federales y estatales desde que Felipe Calderón, en funciones de presidente, declaró la guerra del Estado mexicano contra los cárteles de la droga. Los resultados están a la vista: incremento notable de la corrupción y la impunidad; 200 mil mexicanos fallecidos y alrededor de 30 mil desaparecidos; multiplicación de las organizaciones criminales e incremento de la violencia utilizada en sus operativos; diversificación de las actividades delictivas de esas organizaciones; infiltración de dependencia y corporaciones gubernamentales; crecimiento del consumo nacional de estupefacientes, etc.
Tanto los constructores como el conjunto de la sociedad pueden y deben reflexionar sobre un hecho: las capacidades del Estado para enfrentar el desafío del crimen organizado están muy debilitadas debido al cáncer de la corrupción, que está en su fase de metástasis, y que no se detendrá y mucho menos desaparecerá si el conjunto de la sociedad no cambia su conducta ante los mayores vicios públicos: la corrupción y la impunidad. Ninguna reforma legal o incremento presupuestal propiciará mejores resultados si no se cambia la estrategia y, sobre todo, si antes no avanzamos en la erradicación de la corrupción actuando desde arriba hasta abajo en el mundo oficial y en el empresarial. Ello significa abandonar la idea muy arraigada y repetida por Enrique Peña Nieto hace pocos meses, de que los mexicanos somos corruptos por naturaleza como lo muestra nuestra proclividad a dar mordidas, lo que es fácil de desmentir al observar la conducta de millones de compatriotas que viven en Estados Unidos. El día que nuestras autoridades más altas dejen de exigir moches, y los grandes banqueros y empresarios dejen de participar en la relación corrupto-corruptor, entonces veremos un cambio drástico en la conducta mayoritaria y las instituciones públicas recuperarán sus capacidades para cumplir con su función esencial: procurar el bienestar de los mexicanos.
La protesta de los constructores zacatecanos ocurre en momentos en que se está integrando el sistema estatal anti corrupción, asunto de la mayor importancia, pues si no exigimos con energía que sus mandos superiores sean en verdad independientes de las autoridades lo que resultará es que tal sistema nacerá imposibilitado para cumplir sus funciones. También debemos reflexionar acerca de la importancia de que los electores utilicemos el voto que emitiremos el primero de julio próximo, para erradicar de los cargos de representación popular a quienes han sido evidenciados como integrantes y administradores de la gigantesca red de corrupción que envenena a nuestras instituciones. ¡Hay que actuar en defensa propia!