El neopresidencialismo autoritario

El neopresidencialismo autoritario

El presidente Enrique Peña Nieto abdicó de su responsabilidad de velar por la cons- titucionalidad de las leyes y la remitió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sabedor de que ésta no logrará reunir los ocho votos indispensables para declarar la inconstitucionalidad de una norma.

La promulgación de esta legislación –evidentemente con- traria a la Constitución y varios de los tratados internacionales firmados por México, como fue más que manifiesto y demos- trado en el cuestionamiento unánime de organizaciones de de- rechos humanos nacionales e internacionales y por las instan- cias especializadas de la ONU y la OEA– muestra en todo su esplendor la instauración del neopresidencialismo mexicano.

El presidencialismo autoritario mexicano está de regreso, con una conformación distinta a la vigente antes de la alter- nancia del año 2000, pero con la misma concentración de po- der en el titular del Ejecutivo y la igual capacidad de ejercicio abusivo del poder.

En la primera mitad de su sexenio, el presidente y sus per- soneros lograron el control del Poder Legislativo a través del llamado Pacto por México, que al menos obligaba a negociar con el PAN o el PRD –o con ambos– las reformas constitucio- nales y legales; pero a partir de diciembre de 2015, con la for- mación de la Cámara de Diputados que emergió de la elección intermedia y una vez que se habían concretado las principales reformas a la Carta Magna, ya no los necesitó y le bastó el voto de sus partidos satélites (PVEM y Nueva Alianza) para obtener la mayoría en esa cámara; y en la de Senadores consiguió el apoyo de los disidentes panistas (mejor identificados por su cercanía con Felipe Calderón), lo que también le permitió incluso nombrar presidente del Senado a un militante blan- quiazul (al menos formalmente) sin el apoyo de su bancada.

Estas dos mayorías le han permitido a Peña Nieto sacar adelante sus iniciativas sin necesidad de negociarlas con la oposición y esto implica no únicamente las propuestas legislativas, sino también la designación de los integrantes de las instancias de gobierno de los organismos autónomos (Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros) y, desde luego, de las distintas instancias del Poder Judicial (pleno de la SCJN, magistrados de las Salas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación y hasta los de los Tribunales Estatales Electorales).

La autonomía del pleno de la SCJN es fundamental para contener los abusos y atropellos particularmente del Ejecutivo y, precisamente, por eso Peña Nieto se dedicó a socavarla incluso desde antes de tomar posesión. Fue la autonomía, que se vivió particularmente de septiembre de 1997 a marzo de 2015, la que obligó al Ejecutivo a entregar la información del Fobaproa a los diputados; la que revocó los puntos más controvertidos de la llamada Ley Televisa; la que resolvió la liberación de Florence Cassez por violaciones al debido proceso; la que avaló la legislación sobre el aborto en la Ciudad de México y la que impidió que varias entidades de la República incluyeran en sus constituciones más restricciones de las establecidas en la Constitución federal, entre otras de las más significativas.

Hoy el presidente sabe que es prácticamente imposible que se decrete la inconstitucionalidad de una norma, si él no está de acuerdo, pues tiene la posibilidad de incidir en el sentido del voto de al menos cuatro ministros que antes estuvieron en el Poder Ejecutivo (justo como sucedía durante el priato) y, si alguno le fallara, sabe que hay otros tres más provenientes del mismo Poder Judicial que coincidirán con su lectura retró- grada de la Constitución y los tratados internacionales.

Aunque la construcción de una mayoría de ministros con una lectura más letrista y conservadora de la Constitución y los tratados internacionales se inició en 2011, todavía en el gobierno de Felipe Calderón, al proponer al sustituto del fallecido José de Jesús Gudiño, ésta se acelera en este sexenio. En estos momentos ya existen cuatro ministros propuestos por el actual presidente, aunque formalmente únicamente hayan sido tres, ya que el primero lo hizo todavía a través de Calderón, cuando ya era presidente electo, en noviembre de 2012.

De los cuatro ministros propuestos por Peña Nieto, tres vienen del Poder Ejecutivo: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, noviembre de 2012; Eduardo Medina Mora, marzo de 2015; y Javier Laynez Potisek. El cuarto, también procedente del Poder Ejecutivo, es José Fernando Franco, que llegó en di- ciembre de 2006. De éstos, dos estuvieron en puestos impor- tantes en el Ejecutivo ya en el gobierno de Peña Nieto (Medina Mora y Laynez); Franco fue subsecretario de Gobernación y del Trabajo, durante gobiernos priistas, y uno de sus opera- dores como magistrado del Tribunal Electoral, antes de que éste formase parte del Poder Judicial; y Gutiérrez Ortiz Mena, aunque ingresó a la Secretaría de Hacienda en los gobiernos panistas, es nieto del distinguido priista Antonio Ortiz Mena. Pero si alguno de esos votos fuese favorable a la incons- titucionalidad de algunos de los preceptos más importantes de la citada ley, Peña sabe que hay otros tres ministros, provenientes del Poder Judicial, que normalmente optan por las interpretaciones más conservadoras, como ilustra el aval a la constitucionalidad y convencionalidad de la figura del arraigo domiciliario para todos los delitos considerados gra- ves, establecido en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en abril de 2015: Jorge Mario Pardo, Alberto Pérez Dayán y Margarita Luna Ramos.

Basta que Peña y sus personeros obtengan cuatro de estos siete votos para que la Ley de Seguridad Interior entre en vigor en sus términos. Sin embargo, dada la composición que hoy tiene la Corte, es muy probable que las posiciones a favor (como también pasó con el arraigo domiciliario) sean mayoritarias, inclusive hasta con mayoría calificada, pues hoy ya no están Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, que en aquella ocasión votaron en contra.

La reinstauración del presidencialismo autoritario está consumada: ya tiene el control de los otros dos poderes y de los órganos electorales (Proceso 2147). Eso es lo que la ciu- dadanía tiene que revertir el próximo 1 de julio con su voto, si no quiere que la ventana democrática se clausure nuevamente después de menos de dos décadas de abrigar esperanzas de que finalmente se pudiera construir un régimen democrático en México. ■

 

 

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