Jehú Eduí Salas Dávila, coordinador general Jurídico de la administración estatal, dijo que se ha prolongado el tiempo para que se llegue la resolución sobre el Impuesto Minero, que Gobierno del Estado propone para que todas las empresas que causan daños al ambiente puedan resarcirlos.
Mencionó que se espera que para el primer trimestre del próximo año se tenga una resolución final por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que esto dé certeza jurídica a los tribunales de distrito y a los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, que se brinde la facultad constitucional de los estados para legislar en esta materia.
Sobre los cerca de 19 amparos que han interpuesto algunas empresas mineras que operan en la entidad, explicó que algunos han prosperado y otros llevan en este momento una suspensión definitiva del acto.
Pero hasta el momento sólo se han resuelto tres amparos. En dos de ellos, en dos ocasiones, el juez segundo de distrito en Zacatecas consideró a un juez federal que ha estimado que el Impuesto Ecológico es constitucional.
Y que las entidades federativas tienen la facultad para legislar de manera local en remediación ambiental. El juez primero de distrito ha determinado que la relación directa que guarda este tipo de contribuciones, con la actividad minera podría invadir la esfera competencial que tiene la Federación. Hay resoluciones de órganos jurisdiccionales federales que se encuentran bajo criterios distintos. Sólo basta esperar la resolución de la corte.
Apuntó que el amparo sigue en trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lamentó que aún no hay una fecha definitiva para la resolución del caso. Aclaró que esto depende de la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional.
“Es un momento importante para este órgano jurisdiccional, esto a raíz de las recientes reformas e implementaciones por parte de la Federación, y en los últimos años se han venido dando controles de constitucionalidad por parte del gobierno de la República y de las entidades y que hay una carga considerable de trabajo y de asuntos en trámite”, expuso el coordinador.
Cabe señalar que Gobierno del Estado pretendía recaudar más de mil millones de pesos con la aplicación del Impuesto Ecológico.
