La coalición Por México al Frente (PMF) –formada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) –ofrece al electorado una tercera opción para salir del dilema Morena-PT o PRI-Verde, como hubieran preferido los representantes de estas dos coaliciones, porque el Frente les restará votos a ambas, además de tener posibilidades de triunfo. El presidente Peña Nieto y su partido fracasaron en su intento de evitar que el PRD se uniera al PAN, como sí lo consiguieron en los recientes comicios del Estado de México. El repudio de Morena obligó al PRD a ser parte de PMF. Se perdió la oportunidad de reunificar a la izquierda y de sumar los votos del sol azteca que pudieran ser decisivos en una elección reñida, como promete ser la de julio próximo.
Ricardo Anaya se impuso como candidato presidencial del Frente, usando el poder y los recursos derivados de su cargo como presidente del PAN para promocionarse en medios, construir alianzas dentro de la estructura de su partido y forzar la renuncia de Margarita Zavala. Con el apoyo de Dante Delgado, líder de MC, logró que el PRD aceptara el derecho del PAN a definir el candidato presidencial de la coalición PMF.
Resultado de esa estrategia –mezcla de audacia, ambición y abuso de poder–, el domingo 10 de diciembre Anaya mostró su capacidad de convocatoria al reunir a 11 de los 12 gobernadores panistas, así como a las cúpulas del PRD y MC, en un acto de autodestape en el que presentó las ideas fundamentales de su proyecto político. Ofreció transformar al país y lograr un cambio de régimen que permita acabar con “el pacto de impunidad”, lo cual no pudieron realizar ni Fox ni Calderón, quienes dejaron intacta la estructura corporativa y clientelar del PRI. Puso como ejemplos el Pemexgate y la alianza de Calderón con “la corrupta Elba Esther Gordillo”. Destacó que la coalición PAN-PRD-MC gobierna 16 estados y más de 800 municipios de la República.
Como ejemplo de las propuestas “audaces, profundas y con visión de futuro” del Frente, Anaya expuso el Ingreso Básico Universal (IBU), mediante el cual “todos los ciudadanos por el hecho de ser mexicanos recibirían una cantidad del Estado que les garantizaría vivir con un mínimo de dignidad”. Afirmó que es el mejor mecanismo para combatir la pobreza extrema porque elimina los gastos burocráticos y la política clientelar; promueve el espíritu emprendedor, la economía formal y fortalece el mercado interno. Enfatizó que el IBU “nos prepara para un futuro complejo, que está a la vuelta de la esquina: el futuro de la disrupción”. Para explicar esa idea, el abanderado del Frente se fusiló una conferencia de Tony Seba, presentada en la Cumbre sobre Energía celebrada en Oslo, Noruega, en marzo de 2016, titulada “Disrupción Limpia. Por qué la energía y el transporte convencionales serán obsoletos en 2030” (https://www.youtube.com/watch?v=Kxryv2XrnqM&list=).
Dos días después, el día de la Virgen de Guadalupe, Andrés Manuel López Obrador también se autodestapó oficialmente como “precandidato” presidencial de su alter ego partidario, Morena. Sereno, se comprometió a cumplir con su decálogo: Instaurar un “Estado Democrático de Derecho”; “eliminar la corrupción”; descentralizar, reubicando secretarías y organismos de Estado; rescatar al campo y sus pobladores del abandono y la pobreza, y lograr la autosuficiencia alimentaria; reestructurar el sector energético –procesar el petróleo crudo y dejar de importar gasolina–; promover el desarrollo económico y fortalecer el mercado interno –apoyo a afectados por los sismos, programa de vivienda e infraestructura, resolver el problema de saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México–; garantizar el derecho de los jóvenes al estudio y trabajo –“becarios si, sicarios no”–; duplicar la pensión a adultos mayores; garantizar educación gratuita a todos los niveles y hacer valer el derecho constitucional a la salud; crear la Secretaría de Seguridad Pública y la guardia nacional para combatir la violencia y la inseguridad. Sobre la amnistía a los capos del narco, el redentor tabasqueño ofreció “consultar al pueblo”.
López Obrador sigue en primer lugar en las encuestas. Meade y Anaya lucharán por el segundo lugar y, si despuntan, competirán contra el candidato a vencer. Los independientes no rebasarán 5% del sufragio, pero El Bronco podrá restarle votos al PRI y, quizás, algunos a Morena; en tanto que Zavala, si aparece en la boleta, se los quitaría al Frente.
Hasta ahora, las propuestas de los candidatos no pasan de ser buenas intenciones, promesas para atraer al electorado o comprar voluntades de sectores de votantes –sean jóvenes, ancianos o pobres– ofreciéndoles dádivas en efectivo. Es necesario que dichas proposiciones u ocurrencias se expliquen con claridad y, sobre todo, se sustenten con argumentos sólidos de cara a la ciudadanía. Meade se encuentra en la difícil situación de ofrecer una paradoja poco creíble y sólo atractiva para sus apoyadores: continuidad con cambio.
Lo que prevalecerá a partir del periodo de “precampaña” (del 14 de diciembre al 11 de febrero) y de campaña (del 30 de marzo al 27 de junio) será un obsceno bombardeo de ¡19 millones de spots! (El Financiero, 11/12/17). En ellos, los partidos y candidatos repetirán ad nauseam sus ofertas y lemas, además, claro, del griterío ensordecedor de la “guerra sucia”. Ello cancela el raciocinio, fomenta el cretinismo político y causa hartazgo en el electorado. El INE organizará tres debates: El primero será el 22 de abril en la Ciudad de México; el segundo, el 20 de mayo en Tijuana, y el tercero, el 12 de junio en Mérida. El formato debe permitir la discusión seria y de altura.
Crear electores bien informados, así como una cultura política democrática, es condición indispensable para la existencia de una auténtica democracia en la que imperen la ley y la ética de responsabilidad. Recordemos que la democracia no es sólo un método para elegir a los gobernantes, sino una forma de convivencia política civilizada. Estamos más lejos de esos anhelos que de la demagogia y el pensamiento mágico.
