En el paquete institucional para disminuir la corrupción, la impunidad y la mejora en la eficacia de las instituciones en cuestión, se encuentra la exigencia de pasar de las Procuradurías que dependían del responsable del Ejecutivo, a las Fiscalías dotadas de autonomía. Esto último es esencial, porque en el caso de la corrupción se debe observar de manera especial lo que haga el propio gobierno, y sin autonomía es imposible que la fiscalía lo haga. Y la independencia es en las reglas y procedimientos, pero también en la designación de las personas que lo dirigen. Si la fiscalía logra ser realmente autónoma se puede esperar que no haya compromisos con las personas que hacen uso de los recursos públicos o con los dirigentes del partido en el poder (en ese momento), que lleva a los fiscales a omitir la acción de la justicia. La misma autonomía puede llevar a los ministerios públicos a tener más eficacia en su trabajo, porque se habrán eliminado los mecanismos políticos para la contratación, y se tomarían en cuenta mecanismos directamente fundados en las capacidades de los aspirantes.
Sin embargo, recordemos que es un mecanismo sistémico el que puede llevar al éxito de la acción de las fiscalías. Esto es, la independencia únicamente se puede garantizar si hay alguien que esté vigilando y señalando las desviaciones de la misma. Este ‘alguien’ es tanto el Comité Ciudadano que se tiene previsto, como la acción de observadores varios que hagan que la fiscalía actúe con transparencia y rinda cuentas. Debe haber alguien que esté al pendiente, revise y evalúe la rendición de cuentas de la fiscalía, de otra manera las revisiones quedan en el aire.
En cuanto a quien esté a cargo de la fiscalía, reconocemos que es de primera importancia. No es un tema (solamente) de capacidades, sino de compromisos. No debe llevarse a cabo un procedimiento únicamente con el objetivo de poner a una persona capaz, sino además, de conseguir a personal que no tenga intersección de intereses con el Ejecutivo que ponga en duda la objetividad de su juicio. El año que entra estaremos metidos en ese asunto. No será fácil porque todos los procesos estarán excesivamente politizados y, recordemos, la fiscalía también vigilará los comicios. La puja para hacer de la fiscalía especializada en delitos electorales una instancia realmente objetiva será poco menos que titánico. La integración de las fiscalías especializadas será también materia de atención ciudadana.
Esperamos que una fiscalía sin estas ataduras provoque más confianza en la ciudadanía para aumentar las denuncias, la capacidad de investigación y con ello, disminuir sensiblemente la cifra negra de la impunidad, que sigue atorada en el inaceptable y vergonzoso 92 por ciento. Implementar todo el paquete de reforma institucional no será fácil. Si la aprobación de estas medidas fue difícil, la implementación lo será aun más. Es cosa de ver al nuevo sistema de justicia procedimental para saberlo. La vigilancia y la participación ciudadana son vitales para que las reformas de las instituciones funcionen. De lo contrario, tendremos un ciclo distinto y más vacunado, de corrupción e impunidad.
