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jueves, 28 marzo, 2024
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Ley de Seguridad Interior, imposición de la clase política

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

■ Legisladores actúan como si el país fuera de su propiedad: Valerio

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■ La medida atenta contra los derechos humanos, advierte universitario

■ Muchos latrocinios del Ejército han sido ordenados por el Ejecutivo

■ Sólo se reglamentan las acciones de las Fuerzas armadas: Olvera

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior evidencia que los legisladores, diputados y senadores, actúan “como si el país fuera de su propiedad privada”, pues toman decisiones sin consultarlo a la sociedad, afirmó Francisco Valerio Quintero, profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La Ley de Seguridad Interior, dijo, evidentemente atenta contra los derechos humanos, y ello lo han fundamentado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex rectores de la UNAM y especialistas, quienes no expresan opiniones con la intención de saldar cuentas con las Fuerzas Armadas.

“Si comparamos el desempeño de las Fuerzas Armadas mexicanas, con las del resto de los países en América Latina, durante los últimos 70 años, no hay punto de comparación en cuanto a la institucionalidad con que se han comportado”, expresó.

Además, afirmó que muchos de los latrocinios que hayan cometido las Fuerzas Armadas en México, han sido por indicaciones directas del Poder Ejecutivo, como fue el caso del suceso del 2 de octubre de 1968.

Manifestó que esa situación requiere de un análisis profundo y objetivo de la historia reciente de México, pero el hecho evidente es que las Fuerzas Armadas en México han tenido un comportamiento institucional, y cuando hay atribuciones crecientes, probablemente haya condiciones “para que los políticos no le pidan a Dios que les dé, sino que los pongan donde hay”.

Valerio Quintero consideró que en la medida en que aumenten las facultades de las Fuerzas Armadas, estas se exponen más y por lo tanto se vuelve objeto de la opinión pública, señalamientos y reclamos. Es decir, “abrirá un frente innecesario de confrontación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil”.

Comentó que el problema reside en que nunca se realizó algún programa de preparación y capacitación de una policía que cumpla las funciones que la ley imponme en materia de seguridad interior, lo cual ha sido una responsabilidad del Ejecutivo en sus diferentes niveles.

“Esa desatención ahora la convierten en factura que debemos pagar los ciudadanos y en alguna manera también la pagarán las propias Fuerzas Armadas a pesar del creciente número de facultades que ahora se le han otorgado”, indicó.

El discurso que prevalece es que la situación es incontrolable y que la única manera de controlar el crimen organizado es con la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, pero es importante señalar que en la medida que esa presencia sea necesaria, indica la desatención gubernamental.

Valerio Quintero coincidió en que este es un momento de emergencia y no hay muchas personas que sostengan que la medida inmediata sea el retiro de las fuerzas armadas de las labores que han cumplido, porque la violencia se desbordaría más, pero reiteró que se ha llegado a esta situación por ineficiencia de las autoridades.

Cuestionó que los diputados y senadores no hayan escuchado las inconformidades de la ciudadanía, lo que refleja que estos actúan con independencia de la sociedad y ello no es compatible con un régimen democrático.

“No consultan a la sociedad sobre la opinión que tienen respecto a los problemas urgentes como la Ley de Seguridad Interior. En otras palabras, legislan como si el país fuera de su propiedad privada”.

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