En la edición pasada de esta entrada se analizaron algunos puntos relacionados con la Ley de Seguridad Interior (LSI). Una de las conclusiones que podemos hacer, con base en las estimaciones de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), es que las corporaciones federales (Ejercito, Marina y Policía Federal) realizan detenciones sin orden de detención (incluso cuando el contexto lo demanda) con más frecuencia que las corporaciones locales.
La ENPOL también nos permite estimar la proporción de los arrestos durante los cuales diferentes corporaciones hicieron uso de la fuerza para someter a los detenidos. De acuerdo con este instrumento, este fue el caso en 56% de las detenciones realizadas por corporaciones locales (Policías Estatales, Municipales y Ministeriales), siendo las Policías Estatales quienes más recurrieron a este recurso (59%). Por su parte, la utilización de la fuerza tuvo lugar en 64% de las detenciones realizadas por corporaciones federales -Ejercito (66%), Marina (70%) y Policía Federal 62%-.
Quizás el caso más extremo de uso de la fuerza se da cuando las autoridades, por razones que no conocemos, decidieron disparar al detenido con un arma de fuego. Este fue el caso de 5.2% de las detenciones realizadas por autoridades locales y para 9% de las realizadas por instancias federales. De acuerdo con la encuesta, la Marina es la corporación que disparó un arma de fuego con mayor frecuencia durante el arresto (11%), seguida del Ejército con 10% y de la Policía Federal con 7.4%.
Es importante tener en cuenta que la naturaleza de los arrestos realizados por la Marina, el Ejército y la Policía Federal puede demandar el uso de la fuerza con mayor frecuencia que los arrestos realizados por las corporaciones locales. Por esta razón es importante revisar que sucedió después del arresto. Por ejemplo, con base a la encuesta, podemos estimar que las corporaciones federales amenazaron a los detenidos con achacarles cargos falsos con mayor frecuencia que las corporaciones locales.
Similarmente, la frecuencia con la que los detenidos recibieron puñetazos al ser trasladados al Ministerio Público (o a otro lugar) es mucho mayor cuando el arresto fue realizado por la Marina (79%), el Ejército (74%) o la Policía Federal (65%) que cuando es realizado por corporaciones locales. Lo mismo sucede con las estimaciones de las veces en las que los detenidos declararon haber recibido quemaduras, descargas eléctricas o algún otro tipo de castigo.
En resumen, las detenciones llevadas a cabo por corporaciones federales son más violentas que las llevadas a cabo por corporaciones locales. Similarmente, los detenidos sufren de maltrato físico con mayor frecuencia cuando la autoridad que los detiene es del orden federal. Si bien esto puede obedecer a diferentes circunstancias, está claro que el accionar de las fuerzas federales – en especial del Ejército y la Marina – en cuestiones relacionadas con la seguridad pública no es óptimo.
Es cierto, las corporaciones militares no son quienes deberían de estar desempeñando funciones de seguridad pública. Sin embargo, el país se encuentra en un momento donde retirarlas por completo de las calles provocaría un vacío muy grande. Durante años, las fuerzas federales han suplantado las acciones que las Policías Estatales y Municipales debieron de haber realizado. Lo anterior ha causado que un buen número de cuerpos policiacos estatales no tengan ninguna posibilidad de enfrentar al crimen organizado.
Es por ello que incluso cuando las detenciones realizadas por el Ejército y la Marina se realizan bajo las condiciones reflejadas por la encuesta, las ciudadanías de los estados donde más presencia tiene el crimen organizado prefieren que el Ejército y la Marina permanezcan como guardianes de su seguridad. Así lo muestra una encuesta realizada por el centro de estudios PropuestaMX aplicada en seis ciudades de México. En general, la encuesta estima que los ciudadanos de estas ciudades sienten que si el Ejército dejara de realizar funciones policiales la violencia aumentaría.
A este sentir se suma el hecho de que las corporaciones de seguridad en las que más se confía son precisamente el Ejército y la Marina (ENVIPE). De esta manera tenemos dos realidades distintas; la que perciben los expertos y la que adolece las sociedades donde el crimen organizado ha rebasado a las corporaciones locales.
La LSI tiene elementos sumamente peligrosos – la disposición de las fuerzas armadas a discreción del ejecutivo, por ejemplo-. Sin embargo, la evidencia señala que se necesita un mecanismo que permita lograr la transición paulatina de las funciones que ahora desempeña el Ejército y que deberían de realizar las corporaciones locales de manera clara, con certeza y sin dejar un vacío que podría resultar en un caos aún mayor. ■
