¿Es gratuito que el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, todos los centros de derechos humanos serios en México, incluyendo a la Propia CNDH, los investigadores nacionales que trabajan temas de seguridad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, la UAM, y la Ibero, los comentadores más reconocidos de los principales diarios nacionales y un sinfín de activistas sociales y artistas, se manifiesten en contra y se muestren preocupados por la aprobación de la llamada Ley de Seguridad Interior? Es sintomático que la discusión se lleva a cabo en un ambiente de oídos sordos y se lleve a su aprobación con la pura fuerza de la maquinaria del Gobierno Federal y sus partidos oficiales. La estructura política del PRI se comporta como una maquinaria de fuerza para aprobar a fuerza una ley de fuerza: es la cacofonía de la tiranía anunciada.
La Federación queda anulada. Ya llevamos algunos años edificando un Estado centralista en todos los órdenes, desde el ninguneo de los municipios, la reversa de los procesos del federalismo educativo y de la salud, ya no hablamos de la estructura hacendaria donde Gobierno Federal recoge 92 por ciento de los impuestos del país. Pues ahora, con la seguridad se asoma un centralismo vertical y autoritario. Con el argumento del miedo a la delincuencia, se impone un monstruo que funcionará con la misma mecánica que dice atacar: el miedo. Los márgenes de las soberanías federales quedan barridos.
¿La militarización que ya tiene años ha resuelto en algo el problema de la seguridad pública? En Zacatecas se destinaron 5 mil 300 millones de pesos en armar infraestructura a una estrategia militarizada, donde no sólo se dotó de nuevas edificaciones regionales, sino que se uniformó con el mismo rostro hasta a las policías municipales, ¿y cuál ha sido el resultado? Pasamos de 2 a 4 carteles que se pelean el control del estado. Para justificar el otorgar miles de millones de pesos a los gastos de militares, se dijo que era la manera de acabar con las bandas de criminales, y ya pasaron más de 10 años (que son suficientes para valorar esas decisiones) y los saldos son claros: la violencia aumentó. Tuvimos que aguantar que se sacrificara el presupuesto a la educación, la salud y la seguridad social, a fin de que la estrategia de seguridad tuviera recursos suficientes. Ahora nos dicen que harán más de eso que hemos visto que trae consecuencias contraproducentes. Con el agravante de que ahora no sólo sacrificaremos los presupuestos, sino la soberanía de los estados y adoptaremos el riesgo de dejar en manos de un poder semi-autónomo (el mando militar) la seguridad pública que, en pasos subsecuentes, puede muy bien evolucionar al control del territorio nacional. Es decir, ponemos en riesgo la libertad. Ahora, con el argumento de la Seguridad Nacional, podrán hacer lo que bien les convenga. Zacatecas es ejemplo de lo que no debe hacerse: se destinaron millones de pesos, esfuerzo y promesas en la estrategia militar y estamos bañados de sangre. Ahora pretenden la institucionalización de la letalidad.
