La política de seguridad es un nudo o madeja caótica donde se toman decisiones lejos de evaluaciones serias que lleven a legislar basados en evidencias. Pongamos tres pasos en el enredo de políticas de seguridad sin verdaderas hipótesis causales. Primero: se prohíbe la venta de drogas con la hipótesis de que la prohibición disminuiría el consumo, lo cual no ocurrió, sino que aumentó 37 por ciento el consumo global de cocaína y, además, se generó un problema que no existía y más letal que el consumo: el narcotráfico. Segundo: se hace uso del ejército para contener al crimen organizado (desde hace 10 años) con la idea de que es una institución eficaz y honesta que daría resultados inmediatos, y los resultados han sido desastrosos: no se ha resuelto el problema de la delincuencia organizada, y en cambio se ha creado un problema que no existía, como el caos normativo que no delimita claramente entre seguridad pública y seguridad nacional. Y además, se adoptó por vía de la convencionalidad los enfoques de seguridad humana y seguridad ciudadana, que hacen más confusa la madeja normativa. Ahora se plantea una Ley de Seguridad Interior, que bajo (otra) hipótesis peregrina se pretende que reglamentando la acción del ejército en funciones de seguridad pública, la cosa se resolverá. La misma dinámica de los procesos anteriores: no se resolverán los problemas de seguridad pública y se crearán nuevos problemas que antes no existían. Uno muy delicado: meter al ejército a controlar la seguridad pública con la posibilidad de darle funciones de control social y meterlo a la arena política. El tercer salto al abismo.
Ya el ejército tiene más de una década en las calles (desde el 2006) y se puede evaluar su presencia e intervención. Ni Camacho del PRI ni Zuarth del PAN exhibieron una evaluación de este tipo o un estudio serio que soporte su iniciativa. ¿Cómo pensar que los llamados “grupos interinstitucionales” no serán más que choques entre órdenes que destruirán más a las instituciones civiles por esa relación de subordinación a las fuerzas castrenses? Los 215 diputados que votaron la Ley que comentamos fue en franco ejercicio de consigna, sin más. El PRI y una fracción del PAN legislan otra nube negra sobre el país.
Una muestra del contenido y espíritu de la ley la podemos observar a través de su articulo 9: “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”. La opacidad sí, pero no sólo. Toda información que tengan las autoridades la pueden ocultar respaldándose en este artículo. Pero el artículo es importante no únicamente por lo que dice, sino por lo que muestra: la actitud autocrática de ejercer el poder a través del control centralizado del territorio federal. En este contexto llama la atención la prisa de legislar esta iniciativa mientras se congelan las fiscalías que mantienen descabezadas importantes instituciones del Estado. No puedo dejar de sospechar intenciones autoritarias ante el proceso electoral que recién inició.
Este paso es contrario al enfoque de seguridad humana y al enlace que se puede establecer entre seguridad pública y ciudadana. Y después de que se abandonó el Programa Nacional de Prevención del Delito que se puede confirmar en las acciones locales del mismo (corrupción, incoherencia y desidia) y en los presupuestos de los dos últimos años y se tiene en el aire el sistema nacional anticorrupción junto al nuevo sistema de justicia procedimental. Arroja un escenario donde seguimos bajando en los círculos de la espiral del infierno. Se prolonga un modelo que ha fracasado y provoca sangre muchas lágrimas.
Por eso entra la duda: ¿si hay bastante evidencia de que el modelo militar ha fracasado, por qué hacer una iniciativa que prolonga esa misma lógica? El fracaso lo han documentado los estudios integrados en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2013, los estudios del CIDE (como los que se expresan en la construcción del Índice de Letalidad) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por decir los más contundentes y sin duda de sesgo político. Ante esto la respuesta a la pregunta arriba planteada es: luego entones, con esa Ley no pretenden resolver el tema de la seguridad pública, sino otra cosa. Lo que sugiere el momento de su aprobación, es que los fines son de control político. En este momento entran a escena las especulaciones: ¿usarán al ejército para contener una imposición electoral? Al escuchar a los altos mandos del ejército opinando abiertamente en la arena política, se nota que ya ven la nueva función pública que empiezan a tener. Haber mantenido al ejército fuera de la arena política ha sido una de las lecciones positivas en la historia reciente de México, que en el resto de América Latina es lo contrario: dictaduras militares que se han hecho ejemplos tiránicos en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etcétera. Dudas razonables dado el contexto que señalamos: una ley de control político disfrazada por las ambiguas etiquetas de la seguridad interior. ■
