■ Miscelánea
¡Pero Zaffaroni se equivocó! Y la ideología de la Seguridad Nacional retornó. Fue traída a México por el Comando Norte de los Estados Unidos, bajo la táctica de disfuncionalidad de las instituciones y la ausencia del imperio de la ley.
“La violencia contra las instituciones mexicanas de los últimos años tiene una fuente común: el pacto supra-institucional originado por los nexos criminales del poder político y económico con el narcotráfico,” nos dice Sergio González Rodríguez en su libro “Campo de Guerra”, de editorial Anagrama.
Así concluimos la parte primera publicada el lunes 4 de diciembre pasado.
¿Y en donde encontramos los antecedentes de ese “pacto suprainstitucional” originado por los “nexos criminales con el poder político y económico”?
Nada menos que en aquel personaje chistoso que “sacó” al PRI de los pinos: El “ingenuo” Vicente Fox, quien en 2002 incluyó a México como parte del North Com, (o Comando Norte) que es el mando único militar para América del Norte, “cuyo objetivo- dice John M. Ackerman- es defender y asegurar los intereses de los Estados Unidos”.
A estos acuerdos se sumó, sin mucha dificultad, el entreguista Felipe Calderón, a partir de cuyo gobierno el trasiego de armas de asalto a México se ha intensificado con la anuencia y complacencia del Gobierno Federal. La operación Rápido y furioso es el ejemplo más claro.
Este hecho criminal no ameritó siquiera una nota diplomática de parte de Felipe Calderón, quien ya había recibido miles de millones de dólares con motivo del llamado plan Mérida. Es claro en la lógica del imperio: Estados Unidos desestabiliza al país para lo que capacita a los zetas, En la medida que las policías no logran el control, el asunto se convierte, de seguridad pública en asunto de seguridad nacional y es el ejército quien debe intervenir.
Seguramente que las llamadas “Reformas Estructurales” fueron parte de los acuerdos con el Comando Norte que entregan minas y petróleo a extranjeros y mexicanos pudientes, en tanto que, con la reforma al artículo 27 de la Constitución los litorales pueden ser adquiridos en pleno dominio por extranjeros, sin faltar el llamado “Nuevo” Sistema de Justicia Penal para asimilarnos hasta en el enjuiciamiento negociado al estilo norteamericano.
Pero, seguramente que “la madre de todas las reformas” de los neoliberales en el poder, es la militarización como forma de control absoluto y sometimiento de la protesta social.
En términos de justicia: Fox, Calderón y Peña Nieto debieran ser enjuiciados por traición a la patria. Fox firma los acuerdos con el Comando Norte en 2002, Calderón prepara la militarización y Peña ejecuta.
Ley de Seguridad Interior:
La Cámara de Diputados, recién ha aprobado la llamada Ley de Seguridad Interior, misma que ha sido turnada a la Cámara de Senadores para concluir el proceso legislativo e iniciar en México la militarización acordada por Fox y Calderón y legalizada por Peña en toda su extensión. El complot contra México.
¿Y cuál es la base constitucional para la llamada Ley de Seguridad Interior? Porque la Seguridad Nacional cuelga del artículo 73 fracción XIV, en tanto que la Seguridad Pública se sujeta al artículo 115 de la Constitución General de la República.
Al carecer de base constitucional la llamada ley de seguridad interior por no ser reglamentaria de ninguna disposición, resulta del todo ilegal y fuera del marco jurídico mexicano. El recurso de inconstitucionalidad que fuese promovido ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguramente echaría abajo los sueños de los neoliberales vende patrias.
El diccionario jurídico mexicano del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM al referirse al Estado de seguridad nacional y la militarización, coincide con la postura de Zaffaroni y dice: “Advino un nuevo tipo de estado en los países latinoamericanos a cargo de los militares y bajo la influencia estadunidense, mismo que la doctrina denominó “Estado de Seguridad Nacional” y que se caracterizó porque correspondía a las fuerzas armadas la conducción de todo el proceso político, bajo un sistema autoritario y totalitario… lamentablemente son recurrentes los riesgos de que resurja algún régimen autoritario que, con base en una doctrina equivalente, restrinja los derechos humanos y en particular las libertades políticas”.
La aberración jurídica, recién aprobada por diputados irresponsables e ignorantes, es en su contenido obscuro, tendencioso e ilegal.
El artículo 4° en su fracción II pretende definir como amenazas a la seguridad interior “las que afecten los principios establecidos en el artículo 3°.” El artículo 3° habla de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad. Sólo que al no definirlas, se cae en la opacidad y la obscuridad de la ley lo que la hace inaplicable.
El artículo 5° refiere la aplicación de la ley por el ejecutivo federal, las fuerzas federales y las fuerzas armadas y en segundo orden, de la coordinación con otros órdenes de gobierno, o sea el ejército impone y los estados se coordinan.
El artículo 6° establece una declaratoria unilateral de protección de seguridad interior, declaratoria que aplican las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas. Disposición totalitaria que anula los poderes de las entidades.
El párrafo segundo del mismo artículo 6° excluye a las entidades en el establecimiento de los lineamientos de seguridad facultando para ello únicamente al consejo de seguridad nacional. Los lineamientos los determina el ejército.
El artículo 7°, de una ambigüedad absurda, dice que los actos de las autoridades militares se sujetarán a “los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes” ¿Cuáles protocolos y cuáles autoridades?
El artículo 9° nos lleva de retorno a la guerra sucia de los 70’s, pues todo tipo de información por la aplicación de la ley, será considerado ¡DE SEGURIDAD NACIONAL! Pregunto: ¿También para efectos de culpabilidad y de defensa en procedimiento penal?
El artículo 11 faculta al Presidente para emitir “por sí” la declaratoria de seguridad interior, sin considerar a los estados.
En fin habría mucho que decir de ésta aberración jurídica emitida por diputados irresponsables que debieran ser llamados a cuentas en sus estados. En estos momentos de grave riesgo para una nación, se impone la unidad, independientemente de filiación partidista. ■
