El sistema anticorrupción tiene algunos principios para ser efectivo. Uno de ellos es su dimensión sistémica, es decir, la mutua dependencia de unos órganos con otros y el trabajo complementario que ejercen entre sí. Otro principio es la participación de observadores ciudadanos que, sin intereses cercanos a los gobernantes, vigilen el uso de los recursos. Y otro más, fundamentalísimo, es la autonomía de ciertos órganos. Sin la real autonomía se abre la posibilidad de la influencia de la jerarquía de mando gubernamental, que al lograr imponerse nulifica las funciones preventivas o correctivas de dichos órganos. En ese contexto, es que el Tribunal de Justicia Administrativa se constituye en órgano dotado de autonomía. Sin embargo, ¿puede haber autonomía con magistrados que tienen relación consanguínea con el representante del Ejecutivo, al cual pretenden juzgar con objetividad? Es claro que la autonomía u objetividad se puede ‘superar’ con las relaciones de amistad, consanguíneas o jerárquicas en otros ámbitos distintos al gubernamental. Siempre hay una forma de encontrar la clave a los candados puestos por la ley. Una magistrada y un pariente que, además, ya fueron empleados del gobierno son de poca garantía para juzgar con objetividad la acción de los gobernantes.
“Nadie muerde la mano que le da de comer (…) La lealtad es una virtud de personas agradecidas. El futuro se asegura, siendo agradecidos…” son algunos de los criterios que dan forma a los conflictos de interés. Las leyes generan candados con el objetivo de impedir algunas conductas, como son justamente el acomodo de los intereses que hacen posible la corrupción. Empero, observamos que siempre es posible eliminar los nudos de la ley. Un mecanismo para hacer esto último, lo constituye la correa de obediencia entre políticos, que mantienen relaciones de lealtad político-partidaria aun cuando son sujetos de diferentes poderes. En otras palabras: la pertenencia al mismo partido de diputados y funcionarios del poder ejecutivo, en donde hay relaciones de subordinación entre ellos, provoca que los mecanismos que pretenden garantizar la autonomía de los órganos anticorrupción queden anulados. Eso explica que la Comisión Legislativa que dictamina en torno a la idoneidad de los magistrados obedece a los intereses u órdenes del gobernador. Lo cual elimina la efectividad de la estrategia contra la corrupción, no porque desde ya se comentan actos ilícitos, sino porque destruye el principio de autonomía y con ello se abre la posibilidad de impunidad o juicios no-objetivos sobre aquello que debe conocer; a saber, las controversias entre particulares y la administración pública. La comisión legislativa que debe elegir a los magistrados recibe las consignas y sólo acomodan los procesos para que lo consignado ocurra. Una vez hecho esto, esperan ser reconocidos en el ámbito de lo político. Estos casos son objeto de investigación para idear otros candados, que en su momento veremos otros mecanismos para violarlos. Por todo ello, en Zacatecas, los procesos para hacer efectivo el sistema anticorrupción ya presagian su fracaso. La corrupción seguirá paseándose en los corredores del gobierno. El sistema para prevenirlo o combatirlo ha nacido viciado: intoxicado.
