El Tribunal de Justicia Administrativa: las deudas de la anticorrupción

El Tribunal de Justicia Administrativa: las deudas de la anticorrupción

La lucha de la sociedad civil, la academia y la prensa libre promovieron la creación de todo un sistema anticorrupción, con la clara conciencia de que el problema de la corrupción es de carácter sistémico, no son acciones aisladas, sino concertadas. Por ello, la solución pasa necesariamente por crear una estrecha coordinación institucional para la prevención, investigación y (en su caso) sanción de los actos de irregularidades con los recursos públicos.

Desde la campaña electoral el actual gobierno se comprometió a generar todo un rediseño de las instituciones para asegurar la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los bienes públicos. En la transparencia se han visto algunos avances. Pero en los otros rubros aun no. El Sistema Estatal Anticorrupción se compone de la coordinación de cinco instituciones, unas ya existían desde hace años, y otras son de reciente creación: Comisión de Acceso a la Información, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior de la Federación y Tribunal de Justicia Administrativa. La primera ha avanzado sobre todo al amparo de la adaptación de la nueva legislación federal sobre el tema, a la función pública se le debía dotar de una oficina virtual anticorrupción y la posibilidad de hacer fácil y seguro que se denunciarán los actos de corrupción de los funcionarios públicos, pero falta casi todo sobre esta promesa. La Fiscalía Anticorrupción dentro de una procuraduría completamente autónoma del Ejecutivo sigue esperando pasar a la realidad. Igual que los nuevos tipos penales sobre delitos por corrupción.

La Auditoría Superior del Estado, aun cuando ya existe antes del planteamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, se planteaba que se le daría mayor publicidad a su actuación al hacer a sus informes completamente públicos, lo cual esperamos junto a su capacidad de auditar en tiempo real. El Tribunal de Justicia Administrativa es un nuevo tribunal que debe ser autónomo (otra vez: au-tó-no-mo) y deberá imponer sanciones a los servidores públicos (estatales y municipales) y a los particulares que violen la ley. El caso del comité de participación ciudadana ya está en curso, salió la convocatoria para su conformación. Ya desde el pasado 9 de noviembre quedó integrada la comisión de selección para la designación de los miembros de ese comité. Ahora tienen la misión de encontrar los ciudadanos reconocidos por su contribución a la transparencia y rendición de cuentas. Veremos qué ocurre.

La cosa ahora es contar con la garantía de integrar el tribunal de justicia administrativa de manera franca y confiable. La opacidad es una sombra que viaja encima de ese tema. Es muy importante que tanto la comisión de ciudadanos como el tribunal que aquí mencionamos tengan un procedimiento impecable, porque eso es la base para que exista confianza en todo el sistema estatal anticorrupción. Y la confianza en estos casos es el aliento mismo de la institución. Una institución que tiene como misión combatir la corrupción y no cuenta con confianza es como un cuerpo sin aliento: nace muerto. Y la confianza (en mucho) depende de un procedimiento enteramente transparente.

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