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¡Militarismo!

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Militarismo. Es la abusiva injerencia de las fuerzas armadas, como institución, o de sus miembros individualmente, en la conducción política de un Estado…Con frecuencia, en medio de sociedades desorganizadas y dispersas, ellas son el único signo de orden y disciplina”. Rodrigo Borja. Diccionario de la Política.

¿Cómo debemos ver los mexicanos la aprobación de la llamada Ley de Seguridad Interior aprobada durante la semana pasada por la Cámara de Diputados?

¿Cómo abusiva injerencia o como el único signo de orden y disciplina?

Para dar respuesta tendríamos que dar una mirada retrospectiva a un estudio elaborado hace más de 40 años por el tratadista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, titulado, “El derecho penal de seguridad nacional”.

En dicho estudio el penalista refiere que la “ideología de la seguridad nacional” que da lugar al derecho penal en la materia, fue traída a Latinoamérica desde la guerra de Argelia y expuesta por autores franceses y militares norteamericanos.

Refiere una guerra entre el comunismo y el mundo no comunista, por lo cual hay que aniquilar al comunismo, poniendo todo al servicio de esa guerra. “Como consecuencia de esta supuesta guerra se produce una militarización de toda la sociedad, el hombre y sus derechos quedan postergados y, por consiguiente el derecho penal que de ellos surge tiene como máximo bien jurídico – prácticamente único – la “seguridad nacional”.

Lo grave es que esta ideología no considera a la seguridad nacional como un bien jurídico, “sino el único bien jurídico, al que se sacrifican los restantes. Así, surgen estatutos de emergencia, tribunales especiales, penas aplicadas por autoridades administrativas, leyes que violan la legalidad, la culpabilidad, la humanidad, etc. En general puede decirse que esta “ideología”, que no alcanza la coherencia de un totalitarismo sino la simple arbitrariedad de la tiranía, lleva a considerar como una suerte de traidor a la patria de segundo grado a cualquier criminalizado”.

Sigue diciendo Zaffaroni que de acuerdo con el derecho penal de seguridad nacional, traído de los franceses de Argelia por los militares norteamericanos, “el delito común hay que castigarlo severamente, porque es necesario reforzar al máximo el  frente interno (argumentos de Durkheim); el delincuente común es el enemigo interno del mismo modo que el soldado extranjero es el enemigo exterior en la guerra (argumento de Garófalo); en cualquier caso hay que retribuir el mal del delito, haya o no necesidad o peligrosidad, porque es necesario por sí mismo (argumento kantiano o absoluto)”.

El mismo Zaffaroni se duele de esta teoría a la que no reconoce coherencia ideológica y desea su desaparición. “es solo un andamiaje ideológico de un momento histórico de Latinoamérica que es de esperar no supere el ocaso en que parece haber entrado”, dijo.

¡Pero Zaffaroni se equivocó! Y la ideología de la seguridad nacional retornó: fue traída a México por el Comando norte de los Estados Unidos, bajo la táctica de disfuncionalidad de las instituciones y la ausencia del imperio de la ley.

“La violencia contra las instituciones mexicanas de los últimos años tiene una fuente común: el pacto suprainstitucional originado por los nexos criminales del poder político y económico con el narcotráfico”, nos dice Sergio González Rodríguez en su libro titulado “Campo de guerra”, de editorial Anagrama.

El método es simple, pero refleja la perversidad de las elites del gobierno de los Estados Unidos: las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia son rebasadas por un juego de intereses criminales, debidamente planeados y ejecutados en México. Hecho esto la seguridad pública y el orden se desquician a tal grado que los cuerpos policiacos se tornan incapaces para combatir el nuevo tipo de delincuencia organizada y en mejores condiciones de armamento.

El asunto de seguridad pública se convierte así en un tema de seguridad nacional. En consecuencia es el ejército quien debe intervenir por ser este último bien jurídico asunto de su competencia: la seguridad nacional.

Pero, ¿en qué momento inicia la disfuncionalidad de las instituciones de procuración y administración de justicia y el rompimiento del orden público y seguridad en nuestro país?

Cuando el poeta Javier Sicilia visito varios estados de la unión americana, fue pública su protesta frente a la llamada Escuela de las Américas. El poeta tenía razón: los fundadores de los zetas, desertores del ejército mexicano recibieron adiestramiento de elite precisamente en la Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Capacitado el grupo paramilitar inicio actividades en México hace poco más de 10 años iniciando así el proceso de descomposición social más grave que ha tenido nuestro país en toda su historia.

Felipe Calderón, tal vez el peor presidente que ha tenido México, caracterizado por su entreguismo, suscribe el Plan Mérida con los Estados Unidos, producto del Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) para, a través de una serie de “políticas, homologaciones y regulaciones… fortalecer y profesionalizar las fuerzas armadas de México para que cumplan los programas y planes de seguridad nacional de EEUU frente al futuro”. (Sergio González Rodríguez. Campo de guerra).

 

Continuaremos el lunes próximo.

 

 

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